Con una escasa participación, el 25 de julio se llevó a cabo en Túnez un referéndum de reforma constitucional impulsado por el presidente Kais Saied, quien llegó al poder en 2019 y el año pasado dio un golpe de Estado, destituyendo al primer ministro y cerrando el Parlamento.

La nueva carta magna refuerza las atribuciones presidenciales y establece un sistema legislativo bicameral, cuya composición se definirá en las elecciones parlamentarias de diciembre.

Los principales partidos de la oposición, nucleados en el Frente de Salvación Nacional (que incluye a los islamistas de Ennahda), boicotearon el referéndum y denuncian la consolidación de una dictadura.

Saied, un outsider, supo ganar cierta popularidad con su crítica al desacreditado y corrompido régimen político tunecino, que no dio ninguna respuesta a las demandas del levantamiento popular de 2010-2011 que acabó con la dictadura de Ben Ali.

Sin embargo, el desarrollo de la crisis ha ido minando su imagen. En el referéndum solo participó un 27,5 por ciento de los inscriptos -de los cuales casi un 95 por ciento apoyó la reforma.

La guerra en el este europeo ha agravado la situación económica de este país del norte africano, que antes del comienzo del conflicto importaba la mitad de los cereales que consume desde Ucrania y Rusia.

En la actualidad las masas de Túnez sufren la disparada inflacionaria y el racionamiento, que se suman a otros problemas, como un alto desempleo (20 por ciento, que trepa al 40 por ciento en la juventud).

El 16 de junio tuvo lugar un masivo paro general ante el deterioro de las condiciones de vida, convocado por la poderosa central sindical UGTT, que mantiene respecto al gobierno una postura ambigua -en el referéndum no dio una indicación clara de voto.

Túnez tiene una deuda equivalente al 90 por ciento del PBI y enfrenta grandes vencimientos de deuda en dólares el año próximo.

Una misión del FMI visitó el país la semana pasada, como parte de las negociaciones de un plan de facilidades extendidas. El organismo saluda en un comunicado la disposición del gobierno a ejecutar las reformas que pone como condicionante -recorte de subsidios en energía y alimentos, congelamiento salarial en el sector público, etc. Un ajuste clásico.

En la misma línea, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, planteó un “consenso amplio entre las fuerzas políticas, incluidos partidos políticos y sociedad civil, para todas las grandes reformas políticas y económicas que Túnez llevará a cabo”.

O sea que, más allá de las declaraciones de ocasión de la UE y Estados Unidos advirtiendo sobre el deterioro democrático, la verdadera preocupación del imperialismo está puesta en la formación de una unidad nacional para el ajuste, incluyendo al autoritario Saied.

Termina de derrumbarse, con el referéndum del 25, el mito de la transición exitosa de Túnez a la democracia.

Retomar el hilo del levantamiento de 2010 es el camino para conquistar todas las reivindicaciones políticas y sociales truncadas.