El gobierno presidido por Recep Tayyip Erdogan ha resuelto abandonar el convenio firmado en mayo de 2011 en Estambul por el Consejo de Europa con la finalidad de promover medidas contra la violencia machista y doméstica. Este convenio fue ratificado por el mismo Erdogan en 2012, aunque su efecto en términos de suprimir la violencia contra las mujeres en Turquía no tuvo un efecto significativo. No obstante, cabe señalar que el abandono del convenio por parte del gobierno derechista turco no es apenas una formalidad sino que forma parte de una ofensiva general contra las masas turcas, contra la minoría kurda y contra la oposición centroizquierdista en el parlamento (HDP, siglas en turco del Partido Democrático de los Pueblos).

Las mujeres, movilizadas

Los argumentos para la retirada del así llamado Convenio de Estambul son por demás ilustrativos: “inicialmente concebido para promover los derechos de la mujer, ha sido secuestrado por un grupo de gente que intenta normalizar la homosexualidad, incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía”, según reza un comunicado de la oficina de comunicación del presidente Erdogan. En 2012 el gobierno ratificó el tratado, que obliga a los países signatarios a promover medidas contra la violencia contra las mujeres. No obstante, cabe señalar que el convenio en Turquía era hasta cierto punto papel mojado. En efecto, aun después de la firma y ratificación del tratado mencionado, el Congreso de Mujeres Libres, la coordinadora feminista más numerosa de Turquía está ilegalizada, y según denuncias del HDP del año 2016 “la violencia contra las mujeres se ha incrementado en los últimos quince años (que incluyen los años de la firma del tratado y su ratificación) y cabe añadir que la cantidad de femicidios se ha triplicado desde diez años a esta parte. Según la ONG Bianet, en 2020 hubo 284 casos, en lo que va de 2021 se tienen registrados 87 y cabe añadir que un alto porcentaje de mujeres alcaldesas del HDP han sido destituidas y presas. Con todo, casi en forma simultanea con la retirada del convenio (el pasado 20 de marzo), en menos de 24 horas seis mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Resulta obvio que la responsabilidad central de estos asesinatos es del Estado turco, ya que este retiro y los mismos argumentos gubernamentales han alentado estas atrocidades, que bajo las actuales circunstancias no encuentran ni siquiera un límite legal.

Las organizaciones de mujeres se han movilizado contra el abandono del convenio en Ankara y en otras ciudades como Bursa, Eskisehir, Sakarya, Gaziantep y Estambul, enfrentándose con la policía antidisturbios. Desde el primer día, las mujeres llenan las plazas de casi todas las ciudades. Varias instituciones, desde los colegios de abogados destacados en la lucha por la libertad hasta la Asociación Médica de Turquía, hicieron declaraciones en defensa de la convención. Las mujeres que trabajan en varios municipios de Izmir organizaron acciones diciendo “No renunciamos a la Convención de Estambul por nuestros derechos y vidas”. Un hecho importante es la reacción de las obreras del sindicato metalúrgico (Unión Metal – Agua Pesada), quienes no solo se pronunciaron en contra de la anulación de esta resolución, sino que se movilizaron durante varios días.

La juventud, también

Los estudiantes también han ganado las calles. En enero de 2021, los alumnos y profesores de la Universidad del Bósforo, en la ciudad de Estambul, comenzaron una movilización que aún perdura, en rechazo a la designación como rector de Melih Bulu, del partido de Erdogan (AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo), y en defensa de la autonomía universitaria, que se extendió a otras 36 ciudades. Esta designación es parte de una ofensiva del gobierno contra la libertad de cátedra que se expresa en la continua purga de profesores universitarios. Según Human Rights Watch hubo detenidas 560 personas, como resultado de allanamientos a casas de estudiantes y de una cacería durante las movilizaciones. El gobierno no se limitó a las persecuciones sino que las condimentó con calificativos de terroristas y pervertidos, señalando además que los manifestantes eran LGBT, un sello claro de la naturaleza reaccionaria de Erdogan y del partido con el que forma su coalición, el derechista Acción Nacionalista (MHP).

Proscripción política y cárcel

El ataque contra las mujeres y la juventud se complementa con un ataque a sectores de la oposición. En fecha reciente, 18 de marzo de 2021, el fiscal general de Turquía presentó una solicitud ante el Tribunal Constitucional de ilegalizar al pro-kurdo HDP, que había obtenido seis millones de votos en 2018 y ocupaba una considerable cantidad de escaños en el parlamento turco. Además, reclamó prohibir la actividad política de 687 dirigentes de ese partido, con la intención de impedir la eventual formación de otro partido, en caso de que prospere la prohibición del HDP.

Como parte de esta verdadera cacería, el gobierno de Erdogan ha procedido a derrocar a 65 alcaldes de esa fuerza política para sustituirlos por administradores del gobierno central (interventores) en una suerte de remedo del “Navarrazo argentino”, mediante el cual Perón derrocó al gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano en 1974 mediante un golpe de Estado dirigido por el jefe cordobés de policía Antonio Navarro. No es novedoso que el Tribunal Constitucional actúe de esta manera.Ya antes de asumir Erdogan (algunas décadas atrás) proscribió desde1963 a decenas de formaciones políticas. Cabe decir que la propia ley electoral vigente es ultra proscriptiva, puesto que para alcanzar escaños en el parlamento es necesario tener el 10% de los votos. Curiosamente, el fiscal proscriptor alude como argumento que se apoya para solicitar la ilegalización de ese partido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nada menos que el que proscribió al partido vasco Herri Batasuna. Es evidente que asistimos a una ofensiva especial contra la oposición centroizquierdista, lo cual no debe impedirnos decir que este partido sufre desde 2016 el encarcelamiento de decenas de militantes y dirigentes. La mano visible de este ataque es el aliado político de Erdogan (el MHP o Partido de Acción Nacionalista), cuyo argumento es que el HDP es una prolongación de la guerrilla kurda (PKK, Partido de los Trabajadores Kurdos) a la que se sindica de terrorista. Bajo esta acusación, 700 militantes del HDP fueron encarcelados.

A Erdogan le sirve esta ofensiva, que ejecuta con entusiasmo, puesto que la proximidad de elecciones le quitarían un partido opositor con predicamento electoral en un cuadro de crisis que le hace temer un traspié en ese campo. Galip Dalay, investigador asociado a la Robert Bosh Academy de Berlin y del Centro de Reflexión Chatham House de Londres ha señalado que “el gobierno está acorralado y no sabe cómo invertir esta tendencia”.

Más ataques

En consonancia con toda esta escalada represiva, conforme a una denuncia efectuada por el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), hay 274 periodistas presos en Turquía, cifra que lo pone en el segundo lugar de persecución a periodistas a escala mundial. No solo eso, son también víctimas de prisión los abogados defensores de estos periodistas. Hay denuncias además sobre la existencia de torturas sistemáticas contra los mismos. Al mismo tiempo, la publicación de críticas a Erdogan en las redes sociales son objeto de procesos judiciales iniciados por el Estado. En 2019 36.000 personas fueron investigadas por esa razón y 3831 de ellas condenadas.

El incremento de la represión y las detenciones ha sido considerable a partir del intento de golpe de Estado en 2016. En enero de este año, Erdogan encarceló 238 militares.

En forma simultánea ha recrudecido la defensa de la confesión islámica, en términos de una doble función: incrementar el sometimiento de las mujeres en la línea de la ruptura con el convenio firmado en 2011 y de que forme parte de la escalada nacionalista que justifique la guerra también con argumentos religiosos. Tal es el caso de la rehabilitación de la iglesia de Santa Sofía como mezquita, festejada por los ultra-religiosos y su respuesta contraria en Grecia con manifestaciones de los seguidores de la iglesia ortodoxa griega.

El gobierno turco en una encerrona

Ya antes del estallido de la pandemia la economía turca sufre una profunda recesión. En 2020 el déficit de cuenta corriente alcanzó 24.000 millones de dólares. En gran medida, por las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio turcos y la dependencia energética de Rusia, país que le provee de gas. El endeudamiento del Estado en 2021 ha alcanzado el 45% del PBI. Pero lo realmente grave son las deudas corporativas, cada vez menos financiables. Los bancos prestamistas, entre ellos el Banco Garanti, del cual el BBVA posee el 49% de su paquete accionario, habiendo otros bancos en riesgo como resultado de esta situación (Unicredit, Paribas). El derrumbe de la economía se ha expresado en una sistemática devaluación de la lira turca con respecto al dólar. En 2018 hubo una depreciación del 20%, en 2019 la caída fue del 40%, mientras que la inflación creció un 20% durante ese año. La devaluación en mayo de este año (2021) fue del 15%.

En este cuadro, según la Confederación sindical Turk-is, mientras que el salario mínimo llega a 2020 liras, el umbral de la pobreza es de 6705 liras (1060 euros). Esto ha dado lugar a huelgas obreras por el aumento de salarios, en especial del gremio metalúrgico que mediante la acción de 130.000 huelguistas ha obtenido la satisfacción parcial de sus demandas. La tasa de desempleo es una de las más altas de Europa: a fines de 2019 llegaba al 13,7%, subiendo como fruto de la pandemia a 14,6% en 2020 de acuerdo al registro del Instituto de estadísticas de Turquía. Otra de las caras de este enorme drama es el incremento de suicidios de desocupados que viven en la miseria y no pueden pagar sus alquileres. Por otra parte el giro represivo en el marco de la pandemia ha dado lugar, según denuncias de la Confederación sindical Turk-is a la prohibición del derecho de huelga a los empleados estatales, y también a manifestaciones en las calles (con la excusa de la pandemia) como ha ocurrido con los trabajadores de Baldur Suspension del distrito Cayirova, quienes en su 120 día de huelga votaron abandonar la planta para movilizarse en las calles, siendo respondido con la prohibición de hacerlo por parte de las autoridades estatales. Los trabajadores realizaron un acto en puerta de fábrica al grito de “¡Viva nuestra lucha organizada! ¡ Viva la solidaridad de clase!”. Se hicieron presentes representantes sindicales, quienes se solidarizaron mediante un comunicado, que según la versión de www.lagradona.com fue respaldado por los partidos Laborista, SEP, EHP y DIP.

Conflictos regionales

Erdogan ha anunciado en agosto de 2020 el descubrimiento en el Mar Negro de un yacimiento de gas de 320.000 millones de metros cúbicos de gas que le permitiría superar la dependencia del gas ruso, lo cual no le ha impedido continuar con la búsqueda en el Mediterráneo oriental de gas y petróleo, pronunciando las tendencias a la guerra porque esas aguas están en disputa con Grecia y Chipre. Estos dos últimos países realizaron maniobras militares en el mar junto a Francia e Italia, como un mensaje hacia Ankara. Simultáneamente, Turquía encuentra un aliado en Rusia e intenta un frente para explotar hidrocarburos en el Mediterráneo oriental con Libia.

La eventualidad de una guerra, por los diversos frentes que Turquía enfrenta, ha empujado a Erdogan y a la misma burguesía turca a intentar disciplinar al pueblo, tal como ocurre con la represión a la juventud estudiantil, el movimiento de mujeres, la prensa, e incluso a la centroizquierda prokurda.

En gran medida, la eventualidad de una guerra que llevaría al pueblo turco a una acentuación de sus penurias en nombre de la “defensa de la nación” , es también el fruto de la necesidad de ahogar la lucha de los trabajadores, los jóvenes y los independentistas kurdos detrás de una perspectiva chovinista y belicista.

Crisis política

La exacerbación represiva y el giro derechista de la política del partido de Erdogan combinado con un tinte de creciente islamismo ha provocado en una franja de la población un creciente descontento. Esto se ha traducido también en rupturas al interior del partido gobernante y de la propia oposición.

Su expresión más visible es Muharram Ince, principal candidato opositor en las pasadas elecciones presidenciales representando al CHP (Partido Republicano del Pueblo, de centroizquierda), con el cual ha roto, acusándolo de complacencia con Erdogan y su política, de postrarse frente a Estados Unidos y George Soros y de apoyar la política expansionista de Erdogan en el Mediterráneo oriental. Y añadió a estas acusaciones la reivindicación de Kemal Ataturk, quien encabezara la guerra de la independencia entre 1917 y 1923, dando origen a una república secular.

Con estos planteos, ha anunciado la formación de un nuevo partido político al que ha arrastrado a viejos líderes del partido de Erdogan como Ali Babacan y Ahmet Davutoglu (ex ministros) y a tres diputados de esa fuerza; también hay datos oficiosos de un desprendimiento del IYI (Partido Bueno, nacionalista de derecha, un desprendimiento del ultranacionalista religioso MHP que cogobierna con Erdogan). Este rompimiento apenas plantea de un modo formal la defensa de la libertad; de hecho, ha realizado críticas al CHP por haber mantenido acuerdos tácticos con el HDP (prokurdo) y no hay en su plataforma ninguna mención a los ataques sufridos por la clase obrera.

Es decir, asistimos a atisbos de una crisis política y a realineamientos políticos de los partidos de la burguesía turca de carácter preventivo, en virtud de una tendencia todavía en vías de desarrollo, a un desprestigio del gobierno. En principio esta crisis apunta a desarrollar una alternativa electoral en 2023 de carácter reaccionario por quienes la componen y por sus posiciones políticas, que se oponen por el vértice a las libertades democráticas, a las reivindicaciones de las mujeres y disidencias y a las demandas y luchas de la clase obrera.

Un planteo

Las masas turcas, apoyadas en las recientes luchas de las mujeres, de la juventud y de la propia clase obrera deben poner en pie un frente único de lucha por el conjunto de sus reivindicaciones democráticas y económicas: defensa de la autonomía universitaria; educación laica, gratuita y científica bajo dirección de los trabajadores de la educación y los estudiantes; abajo los femicidios y el Estado que los alienta; igualdad salarial y de derechos para mujeres y hombres; salario igual al costo de la canasta familiar; prohibición de los despidos; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; libertad a los presos políticos; rechazo a la proscripción del HDP; fuera los interventores de los gobiernos municipales; desmantelamiento del aparato represivo; defensa del derecho de huelga y manifestación. Abajo la política belicista de Erdogan y de los países de la Otan; defensa del derecho a la autonomía nacional kurda; expropiación de la banca bajo control obrero; dinero para salarios; plan de obras publicas que resuelvan los enormes problemas sociales del pueblo turco y no para el negocio armamentista, el financiamiento de las guerras de Erdogan y el pago de la deuda externa. Tal frente único corresponde colocarlo en la perspectiva de la lucha por la independencia política de la clase obrera y de una salida obrera y socialista.

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