El primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, suscribieron esta semana el llamado “acuerdo de Windsor”, que reformula el protocolo sobre Irlanda del Norte pactado entre las partes en ocasión del Brexit.

Con el propósito de evitar el resurgimiento de una “frontera dura” entre las dos Irlandas, aquel protocolo había establecido los controles aduaneros en la frontera entre el Ulster y Gran Bretaña (Inglaterra, Gales, Escocia). Sin embargo, esto desató la furia del partido de los unionistas norirlandeses, el DUP (Partido Unionista Democrático), que se sintió traicionado y apartado de Londres.

El protocolo derivó en numerosas trabas al ingreso de productos desde Gran Bretaña al Ulster, como salchichas y medicamentos. En este último caso, porque el protocolo también dictaminó que la aprobación de los fármacos quedaba en manos de Bruselas. Del mismo modo, frente a litigios comerciales, se estableció la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

En señal de rechazo y como medida de presión frente a Londres, el DUP decidió poco después bloquear en el parlamento de Irlanda del Norte (el Stormont) la formación de un nuevo gobierno para la región con el Sinn Fein.

El ya renunciante primer ministro Boris Johnson exigió entonces a la UE una renegociación del protocolo, bajo la amenaza de instrumentar modificaciones unilaterales. Un nuevo capítulo de las interminables tensiones del Brexit.

“Qué hay de nuevo, viejo?”

El nuevo acuerdo reduce los controles aduaneros. Básicamente, como bien lo resume un artículo del madrileño El País, fija una “línea verde” -sin controles- para productos que vayan de Gran Bretaña al Ulster (o viceversa). En cambio, para aquellos productos cuyo destino final sea Irlanda o el resto de la Unión Europea, se traza una “línea roja” con los controles del caso. A cambio, Downing Street desiste de toda modificación unilateral.

Londres logró también que el parlamento norirlandés pueda rechazar la aplicación de nuevas normas comerciales de la UE que le desagraden. Pero, de todos modos, la última palabra seguirá estando en manos del Tribunal de Justicia Europeo.

Por esta razón, el DUP recibió la noticia del tratado con cautela, al igual que el ala más hostil a la UE del Partido Conservador,  al que pertenece el primer ministro Sunak. El exprimer ministro Boris Johnson apuntó, precisamente, a esa vigencia de las leyes europeas en el Ulster.

En estas condiciones, no está claro aún si el DUP levantará su bloqueo institucional, ni tampoco si la Cámara de los Comunes aprobará el tratado.

Tan enredado se ha vuelto el Brexit que el nuevo pacto, sin siquiera tapar un agujero, ya abrió otro. Para seducir a los norirlandeses con el memorando, Sunak dijo en una visita a una fábrica en ese territorio que es un texto “único”, que otorga a Belfast “acceso privilegiado no sólo al mercado del Reino Unido sino al mercado interior de la UE”. Esto llevó al alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, y al portavoz del Partido Nacional Escocés (SNP), Stephen Flynn, a reclamar esos mismos beneficios para sus jurisdicciones. El agrietamiento político en torno al Brexit sacude a las principales fuerzas políticas y territorios británicos.

La crisis sigue

Con independencia del desenlace del acuerdo de Windsor, la crisis del Reino Unido sigue su desarrollo. Se estima que este año la economía ingresará en recesión, lo que no ha impedido que la inflación se mantenga en alarmantes niveles próximos al 10% anual.

A esto se suma ahora la escasez de productos agrarios en los supermercados, como resultado de una combinación de factores que incluye los altos costos energéticos para los invernaderos.

Los trabajadores vienen protagonizando una ola de paros en reclamo de una recomposición salarial. Este mes hay medidas de fuerza de la docencia universitaria, trabajadores de la salud y del subte. El gobierno, en simultáneo, se ha lanzado a promover medidas para restringir el derecho a huelga, a la par que lleva a cabo un plan de ajuste del gasto público.

La crisis del Reino Unido, y la propia intervención de la clase obrera, ha dejado planteada la necesidad de una medida de fuerza conjunta para derrotar al gobierno tory: el paro general.

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