Este jueves 2 se cumple un año del crimen de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en la localidad de Yby Yaú, departamento de Concepción de la República del Paraguay, cuando fueron abatidas 2 niñas de 11 años. El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, posó uniformado en todos los medios, anunciando el “operativo exitoso” y se jactó de haber participado en el mismo.

Ante el aniversario, el próximo lunes se realizará una actividad frente a la Embajada paraguaya en Buenos Aires. En el caso de Posadas, la concentración es el mismo jueves 2 en la Plaza 9 de Julio de Posadas a partir de las 17 hs para realizar luego un breve acto frente al consulado.

El caso

Laura Villalba (37) había cruzado a Paraguay en diciembre con María Carmen Villalba (11), Lilian Mariana (11) y sus primas Tania Tamara, Carmen Elizabeth (“Lichita”, de 14) y Anahí. Las niñas anhelaban conocer a sus papás, integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Todas ellas residían en la localidad misionera de Puerto Rico, en Argentina, y llevaban una vida normal a la vista de los vecinos. Las niñas iban a la escuela 228; “Lichita” a la EPET 10; Laura estudiaba enfermería y hasta trabajaba precarizada en un reconocido hospital de la localidad. Ellas quedaron varadas en Concepción, Paraguay, debido a la pandemia y el cierre de fronteras.

El Estado paraguayo no sólo cometió un crimen al abrir fuego contra las niñas argentinas, sino que mintió por los medios nacionales, destruyó evidencia, no permitió que la familia forme parte de la autopsia ni de los procesos de investigación, y no ha avanzado un solo paso en la investigación de lo ocurrido, para determinar quiénes fueron los involucrados y en qué circunstancias fueron abatidas las niñas. Sí ha avanzado en criminalizar y denunciar a la familia Villalba, acusando a estas mujeres de “reclutar” niños para el EPP, o de sostener una “guardería de guerrilleros”, y las ha denunciado ante organismos internacionales.

Desde ese momento el Estado paraguayo garantiza su propia impunidad y la de todos los responsables e implicados en el caso. No accedió al pedido de Argentina de que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice una autopsia de los cuerpos para determinar de qué manera murieron las niñas. Además, ha puesto en duda más de una vez los datos de la filiación y del registro argentino. Esto, además de perseguir a todes les activistas que osaran denunciar semejante crimen en Paraguay, contando con los medios para criminalizar a quienes se manifestaron aquellos días en Asunción.

El 25 de diciembre conocíamos la noticia de que Laura Villalba era detenida en un retén de la Policía Nacional en Amambay, norte del Paraguay. Ella se encontraba buscando a “Lichita”, de quien no tenía noticias desde el 30 de noviembre y al día de hoy continúa desaparecida. Ambas fueron testigo de aquel 2 de septiembre, y permanecían escondidas huyendo de la FTC desde aquel día. Consiguieron volver dos de las niñas que hicieron el viaje, Tamara y Anahí, quienes pudieron salir con la ayuda de los pobladores. Esas niñas han dado su versión de los hechos de ese día: afirman que a las niñas se las habrían llevado vivas de un campamento que no era del EPP, y que luego fueron torturadas y ejecutadas.

A Laura la detuvieron sin una orden de captura, y por 8 meses la mantuvieron aislada y presa de manera totalmente irregular, en un cuartel militar. Recién hace unas semanas la trasladaron a un penal de Encarnación. Entre los cargos que se le imputan están la falta del deber de cuidado y ser “terrorista” integrante del EPP, a pesar que ella vivía en Misiones hasta el 2019. De esta manera, el Estado paraguayo convierte a las víctimas en victimarios, mientras encubre su responsabilidad en los hechos.

Y las desgracias no terminan acá: la familia Villalba que quedó en Misiones, tuvo que volver a exiliarse, a un lugar donde ya no pueden sostener su modo de vida rural. Son víctimas de la persecución de todo un Estado, y víctimas de la omisión de ayuda del gobierno provincial de la Renovación.

La represión de la FTC

Los pobladores del norte paraguayo conocen bien de la violencia de la FTC, que fue establecida en el 2013 por el presidente Horacio Cartes, con el pretexto de combatir al grupo armado EPP, por un decreto que también suspende ciertas libertades individuales en el norte de Paraguay. Está integrada por mandos militares, policiales y antidrogas. En estos años, además de los millones de dólares asignados de manera oficial y que en su mayoría no precisan rendirse, también acumularon denuncias de abuso institucional que van desde amenazas de ejecución hasta la violencia física, según el informe “Nos trajeron miedo”, del Serpaj.

Sabemos que esta investigación no avanzará un paso si no es por la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, que una vez más son testigos de uno de los crímenes más cruentos y perversos, el infanticidio. Este jueves 2 de septiembre se realizarán actividades frente a la Embajada paraguaya en Buenos Aires, y frente a los consulados del Paraguay en distintas ciudades de Argentina.

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