La movilización del pasado martes 3 representó una nueva etapa en el enfrentamiento del movimiento obrero y la población contra el gobierno y dejó pendientes cuestiones fundamentales. Muchos sectores, además de los maestros, continúan con la huelga y 30 ciudades francesas están paralizadas por el paro de los obreros del transporte público. Una nueva jornada de manifestaciones está anunciada para el martes 10, cuando se inicia la discusión parlamentaria del proyecto del gobierno sobre las jubilaciones.

Las maniobras del gobierno, las tácticas de conciliación de las direcciones sindicales y la agudización del conflicto están en curso simultáneamente, planteando una brecha que se expresa en la calle, a través de huelgas, agitación y movilización, con decenas de miles de manifestantes y activistas. Constituye el hecho político fundamental de este proceso.

Un movimiento que se profundiza

El gobierno y la prensa burguesa insisten en que la jornada del pasado martes fue menos importante que la del 13 de mayo y que, en consecuencia, la movilización se está agotando. Tienen razón en indicar que las decisiones de las confederaciones sindicales conducen simplemente al ahogo del movimiento huelguístico, pero se equivocan si piensan que han ganado la partida.

Después del 13 de mayo, la dirección de la Cgt hizo todo lo necesario para quebrar la tendencia a la huelga general, prometiendo una movilización sin precedentes para el domingo 25, que iba a arrancar la victoria. Por supuesto que este milagro no se produjo, y el 25 la misma dirección repitió sus promesas para el martes. Ahora vuelve al mismo juego, con los anuncios para la semana próxima.

La continuidad de la huelga entre los profesores y maestros, el funcionamiento de las coordinaciones regionales y nacional, la constitución de comités de huelga, las acciones callejeras y la combatividad y extensión nacional de las manifestaciones, quebraron la maniobra burocrática. Todo indica que lo mismo va a suceder en los próximos días, más aún por la huelga ferroviaria y del transporte urbano – débil en París y fuerte en las ciudades de provincia – . El martes 10 está planteada una nueva huelga nacional en la educación.

Fuerzas y debilidades

La fuerza del movimiento nace de la experiencia de los últimos 15 años de movilización callejera. Muchos de los profesores y maestros activistas estuvieron presentes en las grandes huelgas estudiantiles de 1986 y el episodio de 1995 tuvo como protagonista vertebral a los ferroviarios. Hay una continuidad social y política.

El movimiento obrero francés y la población defienden con uñas y dientes las reivindicaciones que determinan sus condiciones generales de vida. Por supuesto es el caso de las jubilaciones y también de la educación pública, por la descentralización y otros objetivos del gobierno para destruirla; para no hablar del programa que el gobierno está preparando sobre la seguridad social. El ministro de Educación tuvo que retirar en estos días su proyecto para desmantelar las universidades porque comenzaban a generalizarse las huelgas estudiantiles.

Esta resistencia y esta progresión se van cristalizando con dificultad, y éste es el punto débil del movimiento actual. La consigna de la huelga general, que es el eje de la Lcr, es absolutamente insuficiente si no se indica que sólo puede ser el resultado de los comités de huelga, de las consignas de lucha, de un salto político y organizativo. Aunque tiene que ser lanzada sin ultimátums ni condiciones ideológicas y al mismo tiempo requiere la clarificación del rol de las direcciones sindicales y de izquierda. Lutte Ouvrière, por su parte, se limita a una propaganda general sobre la “amplitud de las manifestaciones” y la necesidad de “oponerse a la ofensiva general contra los trabajadores. Hace falta que las acciones continúen y se amplíen. Hay que agarrarse de todas las ocasiones que ofrecen los sindicatos para ampliar el movimiento” (editorial de Lutte Ouvrière, 30 de mayo).

Estas son las formas de tributación de la extrema izquierda a las direcciones sindicales, que obstaculizan toda perspectiva de autonomía programática y de intervención por parte de los huelguistas, los activistas y sus estructuras de actividad.

¿Y las jubilaciones?

Por esta misma razón, las organizaciones sindicales y de izquierda no levantan un programa opuesto al del gobierno sobre el tema de las jubilaciones.

Los ataques capitalistas contra las jubilaciones fueron y son una de las formas mayores de expoliación que ha utilizado y utiliza el capitalismo y las diversas variantes políticas de dominación para reducir a los trabajadores y sus familias a la miseria, para destruir física y moralmente a la población.

En recientes artículos de Prensa Obrera se ha vuelto a insistir sobre la situación de quiebra de la jubilación privada en Estados Unidos y Europa y sobre las movilizaciones de la Europa obrera contra las reformas previsionales. Se trata de una ofensiva general del capital y de sus regímenes políticos, en algunos casos con la colaboración de las direcciones socialdemocrátas, stalinistas y oportunistas; en otros, con métodos más duros.

Están en juego un conjunto de elementos. Para el movimiento obrero, la jubilación – que fue una conquista arrancada al capital y a su Estado – forma parte de lo que llamamos el “costo de la fuerza de trabajo”. En el sistema de reparto, la jubilación corresponde a una parte del valor creado por los trabajadores en actividad, sus cotizaciones sociales que les son deducidas del salario percibido monetariamente. En el caso del Estado como empleador, es el presupuesto el que paga las jubilaciones, de la misma manera que paga los salarios.

Hace ya mucho que la burguesía erosiona, ataca, disloca y trata de sustituir este sistema por la jubilación privada por capitalización.

La cuestión de las jubilaciones está muy relacionada con los sistemas de financiamiento y pago de los gastos de salud. Estos gastos son una proporción creciente del costo de vida de la población que envejece, y una forma18 directa de pauperizarla – e incluso de matarla – es limitar y anular el financiamiento colectivo, mutual, estatal, de la salud y generalizar el financiamiento privado.

En Francia, es notable observar cómo las centrales sindicales – para no hablar del Partido Socialista – han aceptado el alargamiento del período de cotizaciones y de trabajo. En términos estrictos, el financiamiento de las jubilaciones no presenta problemas diferentes a los del pago del salario, salvo que corresponden más directamente a la clase capitalista en su conjunto y al Estado y no a los capitalistas individuales. Para la clase obrera, es la defensa de sus condiciones de vida, del valor de su fuerza de trabajo, aunque no sea percibido como un salario. Es también un elemento colectivo, que comprende a una fracción masiva de la población explotada.

Las reformas previsionales se proponen diversos objetivos al mismo tiempo: disminuir el costo de la fuerza de trabajo para el capitalista individual y el Estado, reduciendo las cotizaciones y el nivel de las jubilaciones y excluyendo a diversos sectores del acceso a la jubilación; incorporar estas masas financieras al circuito del gran capital, creando títulos y operaciones con los aportes jubilatorios y los “derechos” que crearían. El capital crea una nueva fuente de financiamiento para sus operaciones, descargando todo el “riesgo” sobre los trabajadores. El resultado no puede ser otro que la pauperización de un sector muy amplio de la población y el estrechamiento de las condiciones de vida generales de ésta.

En Francia, la burguesía y sus gobiernos están procediendo con el método del salame, cortando cada vez más tajadas y llevándoselas a la boca para la digestión. Están obligados a actuar de esta manera porque tienen miedo de que el salame completo les resulte indigesto pero, por lo mismo, cada tajada es muy importante en el conjunto de la operación. En 1993, las reformas de Balladur provocaron una caída muy fuerte en el nivel de retiros de los obreros del sector privado. En los últimos 20 años, más en general, la desocupación, los contratos basura, los salarios de miseria y otros mecanismos, crearon condiciones tales que una jubilación “normal” (es decir, que corresponda al salario medio, de 1,5 veces el salario mínimo) es inalcanzable ya para una gran parte de los obreros.

La reforma actual extiende el período de actividad a 40 y luego a 42 años, disminuye de diversas maneras el nivel de jubilación, la actualiza según los precios y no según los salarios. Hay un conjunto de disposiciones en este sentido, cuyo efecto general es reducir drásticamente el nivel de ingreso de los futuros jubilados y extender la edad de la jubilación. Por otro lado, la creación de mecanismos de privatización de la jubilación permitirá una degradación permanente del sistema gracias a sus dificultades evidentes de financiamiento. El objetivo es completar hacia el 2008 el proceso iniciado en 1993. En septiembre está planteada la necesidad de “reformar” el régimen de seguridad social, reforma que será tanto o más feroz que la de las jubilaciones.

El movimiento obrero no tiene que aceptar de ninguna manera el cuadro que le impone la burguesía. Hablar, en el caso de las jubilaciones, de la necesidad de “repartir mejor las riquezas”, de las “alternativas de sociedad”, de “fuentes alternativas de financiamiento”, como lo hace la izquierda, la LCR, los altermundistas, las direcciones sindicales, constituye en el mejor de los casos una concesión teórica y, en la realidad política, el tobogán hacia todas las concesiones posibles.

El movimiento obrero tiene que oponer su programa inmediato de reivindicaciones:

• • jubilación mínima no inferior al salario mínimo;
• • jubilación determinada por el salario;
• • jubilación a los 60 años en condiciones equivalentes para el sector público y privado;
• • jubilación previa para los trabajos particularmente difíciles, duros y peligrosos;
• • gestión pública y obrera de las cajas de jubilación.