Es, en principio, una manifestación de torpeza la pretensión de que México vaya a pagar el muro que ha anunciado Trump mediante un arancel del 20% a las importaciones de Estados Unidos desde ese país. Cualquiera se da cuenta de que ese impuesto lo va a pagar el consumidor norteamericano como consecuencia del aumento de los precios internos que provocará en Estados Unidos. Elaborando con mayor finura, se puede decir que afectaría los beneficios de las compañías norteamericanas si ese aumento determina un incremento de los salarios, como forma de compensar la pérdida de valor de la fuerza de trabajo. Una sustitución de producción extranjera por producción nacional, de un mercado con salarios bajos a otro de salarios mayores, también produciría un aumento de precios y un aumento de recaudación sobre esos precios, de modo que, de nuevo, serían las compañías instaladas en EEUU y no en México las que pagarían la cuenta de la construcción del muro ¿Trump escupe para arriba?

 

Un reequilibrio del balance comercial en perjuicio de México debería disminuir la salida de dólares de EEUU, y como consecuencia fortalecer el dólar. Un dólar más caro equivaldría a una devaluación del peso mexicano, lo cual neutralizaría el perjuicio comercial que el arancel a las importaciones podría ocasionar a las compañías que exportan desde México. De otro lado, sin embargo, penalizaría las exportaciones norteamericanas al mercado mundial en general. La factura del muro volvería a recaer en el bolsillo de los compinches capitalistas de Trump.

 

Como ocurre con una mayoría de países, México aplica el impuesto al valor agregado a su producción, que devuelve a las empresas que exportan. En Estados Unidos no rige el IVA y tampoco por lo tanto una devolución de este impuesto para los exportadores, que luego deberán pagarlo, sin embargo, en el mercado de destino. Un impuesto a la importación podría perjudicar a la exportación desde México, pero no cambiaría en nada el hecho de que el muro lo seguirían pagando los contribuyentes norteamericanos. La provocación de Trump -“México va a pagar”- no tendría, en apariencia, ningún sentido.

 

El planteo en cuestión, sin embargo, habría recibido el apoyo del establishment norteamericano, por un lado (y de la burocracia de los sindicatos norteamericanos, por el otro, a pesar de una larga historia de complicidad con la burocracia sindical de México). La posición de la cúpula republicana deja ver que el impuesto en cuestión es una extorsión política anticipada a la renegociación del tratado comercial de América del Norte (Nafta), cuando Trump pretende extraer de México concesiones sin precedentes, incluso mediante un tratado bilateral que convierta a México en un apéndice político de Estados Unidos. Esas concesiones serán, en primer lugar, convertir a México en colonia petrolera de su vecino imperialista.

 

El muro no es, con todo, un asunto económico, ni está dirigido principalmente contra México. El capitalismo yanqui no puede prescindir de los trabajadores inmigrantes, muy mal pagos. El secretario de Comercio de Trump es dueño de una cadena de comidas rápidas, atestada de trabajadores inmigrantes que cobran 7 dólares la hora. La campaña anti-inmigratoria es el eje de una campaña reaccionaria contra los derechos políticos en Estados Unidos -por eso viene acompañada con el ataque al derecho al aborto, la sindicalización, la escuela pública. El muro convierte a Estados Unidos en un gueto, no a México, aunque represente una línea de ataque contra toda América latina.

Trump anuncia el arancel por medio de un decreto, al igual que otro numeroso conjunto de medidas. Se perfila el gobierno de poder personal-bonapartista, que habrá de colisionar con el régimen político vigente en su totalidad.

Por el lugar que ocupa EEUU en la economía y política mundiales, la polarización que emerge con el ascenso de Trump deberá tener un alcance internacional.

 

 

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