Reproducimos la declaración del Grupo Vilcapaza de Perú ante los últimos acontecimientos en el país andino.

Como con el huayno, la marinera o el reguetón, pareciera que la crisis política está destinada a no dejarnos. Y es que la disolución del Congreso de la República por parte del presidente Martín Vizcarra, si bien es verdad, “conecta con el sentir de la población”, pues no resuelve el problema de fondo. Es comprensible la algarabía del anti aprofujimorismo [NdeR: apristas y fujimoristas, principales bancadas del parlamento] ya que este movimiento ultraconservador y mafioso, que ha gobernado o co-gobernado durante casi 30 años, se ha ganado a pulso el odio popular. No obstante, no hay que perder de vista que la corrupción es del sistema político capitalista en su conjunto, que no solo involucra al Parlamento, sino también al Ejecutivo (que con el affaire Lava Jato tiene a los últimos cuatro presidentes “embarrados”).

La oposición fujiaprista armó minuciosamente su plan conspirativo para vacar al mandatario populista y liberal. Este comprendía la apelación a la comunidad internacional con la Comisión de Venecia y la OEA, para curarse en salud, y re articular su correlación de fuerzas con la captura del poder legislativo con Pedro Olaechea como presidente, así como mantener el apoyo de la Confiep [NdeR: principal cámara empresaria] , de un sector del mundo académico y del movimiento conservador “con mis hijos no te metas”, a la vez que planteaba una finta de “negociación política” con el Ejecutivo sobre la reforma de adelanto de elecciones, con el fin de ganar tiempo y aplicar el factor sorpresa.

Pero la sorpresa se la llevó el fujiaprismo cuando Salvador Del Solar [NdeR: hasta el 30  de septiembre, presidente del Consejo de Ministros del Perú de Vizcarra] irrumpió en el Pleno del Parlamento demandando su derecho constitucional a plantear la cuestión de confianza, logrando finalmente que le den la palabra por diez minutos.

Y aunque la oposición política argumenta que la disolución del primer poder del Estado es ilegal, pues, Vizcarra, en su mensaje a la nación del 30 de septiembre, declaró que, “hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para avanzar de manera concertada con el Parlamento. Sin embargo, es claro que la obstrucción y el blindaje no cesa ni cesará a la hora de defender la corrupción, por lo que no habrá acuerdo posible en ese punto (…) Hoy hemos presentado la tercera cuestión de confianza (…) Nuestro proyecto de ley busca generar un mecanismo más transparente y participativo en la elección de los miembros del TC para evitar las repartijas y la utilización de las instituciones para que unos pocos no se sirvan de él (…) Ante la denegación fáctica de la confianza, y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución”.

Lo que interesadamente no señala Vizcarra es que él mismo tiene “anticuchos” por corrupción con los casos Chincheros, Conirsa (Odebrecht), etc. y fue él quien antidemocráticamente aprobó los DS 345/237 [NdeR: decretos del Plan Nacional de Competitividad y Productividad] que dan pie a una mayor precarización del trabajo, la privatización del agua y los hospitales públicos, y por los cuales ha recibido el rechazo de las centrales sindicales.

Es importante subrayar que el desarrollo de la crisis política en las alturas no se da en un cielo sereno sino en una situación de convulsión social, con conflictos sociales por doquier y con la victoria parcial del pueblo tambeño contra Tía María y la victoria mediática de la Huelga nacional minera que “sacudió” el pensamiento conservador de varios jóvenes y trabajadores plebeyos.

Justamente, es necesario enfatizar que de la resolución de la crisis por arriba no le depara nada positivo a lxs trabajadorxs. Al contrario, con la victoria del vizcarrismo sobre el Congreso, asistimos al desarrollo de un nuevo Bonaparte que asumirá el control de todo el poder del Estado burgués (expresado en el apoyo de las FF.AA. y FF.PP., el capital financiero y le embajada yanqui), y que seguirá gobernando para la patronal y el imperialismo (a pesar que la Confiep todavía apoya al Congreso), ahora con el “entusiasmo de un sector de la población”, que lo ve como un líder que “lucha contra la corrupción”.

En este contexto, la Asamblea abierta de la FNTMMSP [NdeR: encuentro convocado por la Federación Minera, a realizarse el 1° de octubre], juega un rol fundamental, si es que logra acordar dar una salida a la crisis con su propio programa esbozado en la Plataforma de Lucha, que para agarrar cuerpo urge del desarrollo de Asambleas abiertas en todas las regiones del país, que desemboque en un Encuentro Nacional en Lima lo más pronto posible. La dirección de trabajadorxs minerxs tiene toda la autoridad política y moral para hacerlo.

¡Viva la huelga nacional minera!

¡Sin luchas no hay victorias!