Como en oportunidad de la catástrofe de Lampedusa, en abril, cuando setecientas personas se ahogaron en el Mediterráneo tras el hundimiento de la barca precaria en la que intentaban llegar a Italia, la muerte del niño Aylan Kurdi ha reabierto el debate en la Unión Europea acerca de los cupos migratorios. La aceleración de las llegadas, que incluyen el arribo de 150.000 personas a Grecia y 90.000 a Hungría sólo en los últimos dos meses, agrava la crisis. En total, los 300.000 arribos de 2015 ya superan sensiblemente los de todo el año 2014.

La propuesta de la Comisión Europea, Alemania, Francia e Italia, sin embargo, sólo plantea aumentar la recepción hasta 160.000 personas, distribuidas entre los diferentes países de la Unión Europea (UE). La prensa lo ha presentado como un avance, pero en verdad la propuesta no se aparta de la tónica represiva con la que los jefes europeos han abordado la cuestión. Lo que no se dice es que el proyecto incluye “acelerar las expulsiones de aquellos que no tienen derecho al asilo (…) y la creación de una lista de países seguros. Esa lista permitirá devolver con rapidez a los demandantes originarios de esos territorios” (El País, 4/9), entre los que figuran sobre todo países europeos que no integran la UE. Bajo el pretexto de que no se encuentran en guerra, los que huyen de numerosos países por la desesperante situación económica serían repatriados. En una línea similar, el británico James Cameron ha prometido alojar más inmigrantes, pero de campos de refugiados jordanos o libaneses. Persistiría el rechazo, por ejemplo, hacia aquellos que permanecen varados en Calais.

La propuesta 'redistribucionista' y de ampliación de la cantidad de refugiados ha sido desestimada por un bloque de países integrado por Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa. “Es un problema alemán”, dijo Victor Orban, primer ministro húngaro. El ministro de finanzas de la República Checa propuso el fin de los acuerdos de Schengen, que establecen el libre tránsito entre los países de la UE. En varias fronteras se observa un endurecimiento de los controles. Merkel, la premier alemana, ha señalado que el problema de los refugiados es más acuciante que “el tema de Grecia o la estabilidad del euro”. La crisis de refugiados, como la bancarrota griega, revela la artificialidad del planteo de igualdad de los países europeos y han confirmado las tendencias a la disgregación del bloque.

Por lo pronto, la agudización de la crisis se ha llevado puestos los acuerdos de Dublín, que establecían que el primer país que pisaban los refugiados era el responsable de acogerlos. La amenaza de una implosión de Grecia, Hungría o Italia, completamente desbordados por la afluencia de miles de personas por semana, ha empujado a su revisión. Hasta ahora, la UE actúa arrastrada por las circunstancias. Más que un plan, opera un reflejo represivo que incluye respuestas como el muro de alambre que separará a Hungría de Serbia (y el despliegue del ejército), los cinco años de cárcel que el Parlamento húngaro ha votado por el cruce ilegal de su frontera, o la autorización para hundir barcos en las costas de Libia con el argumento de combatir el tráfico de personas -y que sienta precedentes para nuevas operaciones militares contra el país africano.