El domingo 4 de julio tuvo lugar la sesión de instalación de la convención constituyente. Asumieron lxs 155 convencionales electxs y fue elegida como presidenta Elisa Loncon, una dirigente mapuche y académica lingüista que llega a la convención por los escaños reservados para los pueblos originarios. Como vicepresidente fue nombrado Jaime Bassa, un abogado que fue candidato por Convergencia social, partido del Frente Amplio.

El inicio de las sesiones de la Convención estuvo marcado por las movilizaciones que tuvieron lugar en Santiago principalmente y congregaron a miles de personas. Las convocatorias eran múltiples y, por lo tanto, de distinto carácter pero en todas estuvo presente -y con una centralidad indiscutida- la consigna de “Libertad a lxs presxs políticxs”.

Se desplegó un fuerte operativo represivo para evitar la llegada de las columnas al lugar donde se llevaba a cabo la sesión inaugural. La represión no tardó en desatarse y un grupo de convencionales solicitó la suspensión de la sesión y el retiro de las fuerzas especiales. Lo cierto es que la acción represiva duró horas y una vez dispersado el grueso de lxs manifestantes comenzó la cacería por las inmediaciones con el resultado de numerosos detenidos. Carros hidrantes, gases lacrimógenos y detenciones fue la respuesta del gobierno a quienes se movilizaron.

El inicio formal de las sesiones estuvo precedido por un álgido debate sobre el carácter de la convención y, en virtud de ello, sus atribuciones. La conformación del espacio “la vocería de los pueblos”, que se declaró prescindente de los límites impuestos al proceso de reforma constitucional por el “acuerdo por la paz social y la nueva constitución” y llamó a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, generó el rechazo entre los partidos del orden que lo diseñaron con el objetivo de salvar al régimen político que representan.

Así, el propio presidente Sebastián Piñera, en ocasión de firmar el decreto de convocatoria a la primera sesión de la convención, no se limitó a ello sino que introdujo en su articulado en forma expresa que la aceptación del cargo de constituyente implica un sometimiento a los límites impuestos por la cocina del gobierno y la oposición al proceso, declarando en esa oportunidad que “no podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación” y remarcó que “su misión no es gobernar ni legislar”.

La convención no puede sesionar con presxs políticxs

Las movilizaciones que marcaron el inicio de las sesiones de la convención y la respuesta represiva que suscitaron dan cuenta del enorme problema político en que se ha convertido para los partidos patronales, sobre todo los de centroizquierda, la cuestión de la prisión política, que en Chile ha sido una herramienta utilizada por décadas para acallar y perseguir luchadorxs, pero que a partir del 18 de octubre del 2019 se usó de manera generalizada, como dan cuenta los cientos de presxs por salir a manifestarse contra el régimen político.

Los términos y condiciones planteadas por los 34 convencionales que conformaron originalmente la “vocería de los pueblos”, en particular la exigencia de libertad a las y los presxs políticxs (que aparece como la primera de las 6 condiciones que “han de marcar un quiebre con la continuidad de las violencias de Estado que hemos enfrentado”, según expresa la primera declaración de este espacio) causaron el rechazo, con matices, de todo el arco político.

Sin embargo, la contundencia de la primera declaración de la “vocería de los pueblos” en esta dirección se fue diluyendo en las sucesivas reuniones ampliadas que tuvieron lugar por iniciativa de este bloque. En la última participaron 88 convencionales, provenientes de Apruebo Dignidad (PC-FA), PS, Independientes e Independientes No Neutrales.

La suma de convencionales de los partidos de los 30 años se tradujo en un retroceso en los planteamientos políticos con que la “vocería de los pueblos” se plantara en la escena política semanas atrás. Concretamente, en relación a la libertad de las y los presos políticos, en la última reunión se acordó una “salida política” que consistiría en impulsar la aprobación de la ley de indulto general y que el gobierno retire las querellas por la Ley de Seguridad del Estado y la desmilitarización del territorio mapuche.

Es decir, en lugar de tomar en sus manos el tema delegan su resolución al Poder Ejecutivo y Legislativo que está compuesto mayoritariamente por las fuerzas políticas tradicionales, representativas del orden de estos 30 años que han sido responsables y cómplices de la criminalización de la protesta social y del encarcelamiento de los luchadores.

Alrededor de la libertad de los presos políticos está en juego una pulseada fundamental: lo que está en discusión es cuáles son las atribuciones y el alcance de la constituyente: si va a defender tener un funcionamiento soberano o va a quedar subordinada al actual marco institucional y a los poderes políticos vigentes.

Plantear que sean las instituciones de la Constitución pinochetista las que tiene que resolver el problema de la prisión política implica que la convención se declara incompetente para resolver esta demanda popular, lo que significa una adaptación al pacto del 15 de noviembre.

Por su parte, las y los constituyentes electos del PC, en una declaración pública emitida el 24/6, plantean que si las instituciones no reparan “la injusticia” de la prisión política “nos impondrá a las y los constituyentes, el deber ético de propiciar la libertad de todas las y los presos políticos mediante una disposición transitoria en la nueva constitución”. Otra vez, se insta a los poderes responsables de la violación sistemática de los derechos humanos a que resuelvan la libertad, para después plantear una salida que deberá superar los dos tercios de los votos para materializarse. Pero el nivel de demagogia se hace patente al considerar que legisladores del PC votaron, el mismo día de emitida la declaración de sus convencionales, a favor de la prórroga del estado de excepción solicitada por el gobierno, otorgándole la herramienta represiva por excelencia al criminal de Piñera.

La inmediata libertad de las y los presxs políticxs no va a venir de la mano de acuerdos y compromisos con los actuales poderes del Estado y sus representantes políticos. No se nos puede escapar que ese obstáculo está presente en la propia Constituyente. Si bien la derecha no reúne el tercio necesario para bloquear lo que se decida, es necesario tener presente la existencia de los convencionales de la vieja concertación, de modo tal que, sumados ambos bloques, pueden obstaculizar sus resoluciones. Está claro que la remoción de ese escollo es un requisito para imponer cualquier reclamo popular. Ni qué hablar si lo que está en juego es poner fin al actual orden social y político vigente y abrir paso a las transformaciones sociales que el pueblo anhela y necesita. Se trata de una batalla política que debe ser acompañada y sostenida por una irrupción popular. No se trata de una acción confinada al ámbito parlamentario sino que reclama la movilización popular y la iniciativa callejera, multitudinaria, capaz de desafiar y derrotar a los poderes del Estado y la clase capitalista.

Necesitamos romper con los límites impuestos por la cocina de los partidos del orden y que se abra paso una constituyente soberana, con poder para dar respuestas a las reivindicaciones urgentes del pueblo trabajador.

Fuera Piñera. Abajo el Estado represor. Por una verdadera Constituyente, soberana y con poder.

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