Al menos 59 migrantes murieron este fin de semana tras el naufragio de una embarcación en las costas de la región de Calabria, en Italia. Se trata de una catástrofe recurrente: desde 2014, cerca de 26 mil personas perdieron la vida en su travesía por el Mar Mediterráneo, buscando acceder al viejo continente desde países devastados por la guerra y la pobreza.

Este navío, en particular, atravesaba lo que se conoce como la “ruta turca”: bordeando el Mar Egeo, primero, y luego a través del Mediterráneo, son miles los que intentan arribar a Europa. Las otras vías son la del Mediterráneo central y occidental (desde el norte africano) y la de los Balcanes, que está en ascenso. De acuerdo a Frontex, el organismo de fronteras de la Unión Europea, la mitad de los casi 330.000 arribos al bloque desde 2022 corresponden a países de esa región (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia).

El nuevo desastre en las costas italianas volvió a sacar a la palestra dos hechos conocidos: las lágrimas de cocodrilo de los funcionarios, y las disputas entre los gobiernos europeos por el fenómeno migratorio.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su “profundo dolor” por el desastre de Calabria, pero ratificó al mismo tiempo las medidas antimigratorias de su gobierno.

Hace pocas semanas, a través de un voto de confianza, el Parlamento de la península aprobó por amplia mayoría un decreto oficial que limita las tareas de rescate de las ONG en el mar, impone multas y penalidades que llegan a la confiscación de los barcos socorristas, y asigna puertos lejanos de desembarco como mecanismo de dilación.

El gobierno derechista italiano ha hecho de las políticas antimigratorias una de sus principales banderas.

En tanto, volvieron los reproches cruzados entre los miembros de la Unión.

Las tensiones por la gestión de los flujos de refugiados han recrudecido. El pacto migratorio, en discusión desde 2020, se encuentra empantanado.

Los países más urgidos por este tema son los receptores primarios, como Grecia e Italia, puerta de acceso al bloque comunitario. Roma y Atenas achacan al resto de los Estados una falta de solidaridad en la materia.

Bajo la gestión de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea (2014-2019), se instituyeron “cupos” de refugiados entre las distintas naciones, como un modo de descomprimir la presión sufrida por los receptores iniciales -una política que no dio mayores resultados. Ahora se discute algún mecanismo menos estricto de reparto entre los Estados.

A la vez, según el diario madrileño El País (20/2), otra fuente de querellas se refiere a la financiación de la construcción de murallas. Estas han proliferado desde la crisis de refugiados de 2015 y amenazan con un nuevo salto frente a la guerra en Ucrania. Finlandia, por ejemplo, estudia una barrera fronteriza con Rusia.

Algunos Estados vienen reclamando que el bloque destine fondos a la erección de nuevos muros. Bruselas objeta que son caros e ineficientes, y plantea, como alternativa, forjar acuerdos de deportación con los países emisores de refugiados.

En la práctica, se avanza por ambos caminos. Tanto como los muros, ya rige un pacto entre la UE y Turquía para que ésta cumpla un rol de Estado “tapón” de los refugiados sirios. Italia busca lo mismo con países del norte africano.

La catástrofe migratoria muestra la crudeza de la guerra imperialista y de la crisis capitalista. Frente a la xenofobia y persecución de los Estados, está planteada la defensa del derecho de asilo y la unión de trabajadores nativos y migrantes en una lucha común contra el capital.

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