No deja de ser irónico el “argumento” con que el gobierno de Sánchez de Lozada intentó hacer pasar el impuestazo: si no se reduce el déficit fiscal –amenazaba– llegaremos a la situación de la Argentina. En realidad, con el impuestazo, el propio gobierno abrió las puertas para un Argentinazo en el Altiplano.

El martes, en medio de protestas y movilizaciones parciales, la policía de La Paz se amotinó y se autoacuarteló en dependencias cercanas a la Casa de Gobierno en repudio al impuestazo y en reclamo de aumento salarial. La rebelión policial se extendió rápidamente a Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. En el interior, también comenzaban las movilizaciones, los bloqueos y los cortes de ruta.

Ante el crecimiento de la movilización, el miércoles el gobierno desplegó al ejército en el centro de La Paz. “El ejército llegó a la Plaza Murillo a matar”, denunció un policía rebelado (Los Tiempos, La Paz, 14/2).

La fractura de las instituciones armadas del Estado, el levantamiento de los policías en el cuadro de un levantamiento popular, y su enfrentamiento con el ejército, son síntomas inconfundibles de la aguda descomposición del aparato del Estado y del inicio de una revolución.

Cuando el ejército retrocedió, en la tarde del miércoles, La Paz fue copada por los trabajadores y los estudiantes enfurecidos por la matanza; la movilización se extiende todavía al jueves. “El centro del poder político se convirtió en un campo de batalla” (La Prensa, 14/2). Mientras los trabajadores y los estudiantes avanzan y pelean, en medio de una nube de gases, “los vendedores de ediciones extra de los periódicos gritan: ‘El ejército mata al pueblo para defender al gringo’. Las ediciones se acaban pronto” (La Prensa, 14/2).

Los francotiradores siguen operando y asesinan a un estudiante que junto con otros cientos de compañeros intentaba llegar a la Plaza Murillo. Bajo una lluvia de gases y la represión militar que causa seis nuevos muertos en esta jornada, la movilización popular ataca las sedes del poder político (la Vicepresidencia, los ministerios de Trabajo y de Hacienda), las sedes de los partidos de la coalición gubernamental y los símbolos de la opresión imperialista (Burger King, Aguas de Illimani, bancos y financieras).

No hay saqueos. Las movilizaciones entran a los ministerios y a la Vicepresidencia, de donde sacan computadoras y documentos que son apilados para ser quemados. “La gente no deja que nadie se lleve nada. Algunos lo intentan pero son perseguidos al grito de ‘son chorros’ (…) Los propios manifestantes frenan a los ladrones obligándolos a lanzar a las improvisadas fogatas los objetos robados bajo el lema ‘el pueblo no roba’ (…) Una dulcería de la calle Yanacocha es asaltada. Más tarde se devolverían los dulces y demás artículos” (La Prensa, 14/2). La descripción que hace la propia prensa paceña de los sucesos, es un claro reflejo del carácter políticamente conciente de la masa movilizada.

Mientras la Vicepresidencia y los ministerios de Trabajo y Hacienda ardían en La Paz, en el interior se repetían las movilizaciones, las marchas sobre los centros del poder político local, los ataques a las sedes de los partidos gobernantes y los bloqueos de caminos.

El viernes, en La Paz hubo una enorme movilización, convocada por la COB y el Mas, en repudio a los asesinatos y en reclamo de la renuncia del gobierno. Para el lunes y el martes, la COB ha convocado una huelga general. Como reconoció el propio representante de Bolivia ante la OEA, la movilización popular recién comienza porque “los otros sectores sociales que van a exigir un aumento de salarios, no han salido todavía a las calles” (La Prensa, 15/2).

 

Un gobierno quebrado

A seis meses de su asunción, la rebelión popular hirió de muerte al gobierno de Sánchez de Lozada. Según la prensa boliviana, sólo la “intensa presión” del Mnr y del Mir (los partidos de la coalición gobernante) sobre el mandatario lograron impedir que Sánchez de Lozada renunciara en la noche del jueves.

“La coalición salvó al gobierno”, dice la prensa boliviana. ¿Pero la coalición podrá salvarse a sí misma? Con la caída del impuestazo sobre los salarios, se han abierto gruesas disputas entre los partidos de la coalición. El gobierno le ha asegurado al FMI, el mismo viernes, que “continúa comprometido” con la política de “ajuste y austeridad”, lo que significa que piensa reemplazar el impuestazo sobre los salarios con un impuestazo sobre el combustible. La continuidad del gobierno asegura nuevas rebeliones populares.

En estas condiciones, ¿cómo pretende el gobierno sostenerse y aplicar los planes del FMI? El gobierno boliviano, como lo denunció Evo Morales, marcha al estado de sitio, a poner el ejército en la calle y, como último recurso, a un autogolpe de Estado. Las denuncias oficiales realizadas en las últimas horas acerca de “intentos de golpe de Estado” y de que “se intentó asesinar al Presidente” apuntan a justificar este curso represivo.

 

Crisis de poder y Constituyente

El hundimiento del gobierno plantea una crisis de poder. El respaldo de la OEA, Duhalde, Bush, el FMI y Lula al “gobierno constitucional” tiene por objetivo evitar una victoria popular.

El Mas, el principal partido de la oposición, reclama que la vicepresidenta del Senado se haga cargo del gobierno y convoque a una Asamblea Constituyente “para refundar Bolivia”. La COB ha respaldado esta posición. Con esta consigna evita plantear que el poder pase a manos de él mismo y de las organizaciones populares. Ya en las elecciones, Morales levantó el planteo de la Constituyente, que apuntaba a una reforma puramente política del Estado, a la manera de la Constituyente de Chávez en Venezuela.

La crisis de poder en Bolivia ha puesto al Mas de Evo Morales en una situación excepcional pero extremadamente peligrosa. El desarrollo de los acontecimientos pondrá en tensión y en crisis sus tendencias contradictorias.