La convocatoria a una nueva movilización a la Embajada israelí por parte de diversos sectores, al cumplirse pocas semanas del brutal ataque sionista contra Gaza y en la frontera con Egipto e Israel, se convirtió en una verdadera pueblada. Luego de una movilización previa por los bombardeos a Gaza, que finalizó con el ingreso de un manifestante a la sede diplomática, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSAF) levantó un muro de cien metros de largo y 2,5 de alto alrededor del edificio, para evitar una repetición.

En la nueva movilización, los manifestantes portaban martillos, cadenas y otros elementos para derribar el muro. La protesta exigía la ruptura de relaciones y el fin de la impunidad del aparato represivo en Egipto. Los manifestantes derribaron una parte del muro y un grupo de ellos ingresó al edificio, desde donde lanzaron cientos de documentos confidenciales que iban encontrando. El intento de disolver la movilización produjo una verdadera batalla campal, con el saldo de tres muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Durante los últimos meses, cada intento de las fuerzas de seguridad por disolver una movilización popular derivó, casi inevitablemente, en enfrentamientos callejeros prolongados.

Crisis y renuncia

La pueblada contra la sede diplomática sionista produjo la renuncia del jefe de Gobierno, Essam al Sharaf, que fue rechazada por los militares. Su defunción en los hechos agrava la crisis política en el país, en momentos en que el CSAF dilata la convocatoria a elecciones -según argumenta, para evitar un triunfo de la Hermandad Musulmana. Esta última, por su parte, se mantiene al margen de la inmensa mayoría de las movilizaciones, incluida la última. El colapso del gobierno de al Sharaf marca el fracaso de la “transición ordenada”.

El gobierno israelí mostró una gran preocupación frente a la escalada de la movilización popular. Una ruptura forzada de las relaciones bilaterales con El Cairo, seguiría a la expulsión del embajador israelí de Turquía por el ataque a la flotilla del año pasado. En este cuadro, se inserta el rechazo del imperialismo a una declaración unilateral de un Estado palestino.

Los militares egipcios decidieron restablecer el estado de excepción, lo que habilita el regreso “legal” de las detenciones arbitrarias, los juicios militares a civiles, etc. De cualquier manera, este sistema represivo nunca se había detenido; así lo demuestran los 12 mil juicios militares a activistas populares. La novedad es que, pese a haber desplegado todo el arsenal de medidas represivas, “El caos en El Cairo levantó dudas sobre si el gobierno de transición encabezado por los militares es capaz de mantener la ley y el orden, y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones internacionales” (New York Times, 11/9).