Cuando este número de “Prensa Obrera” esté en la calle, los trabajadores de la construcción del Uruguay —agremiados en el Sunca— estarán cumpliendo una huelga de 36 horas y celebrando una Asamblea General que deberá declarar la huelga general indefinida. Los compañeros reclaman un aumento salarial inmediato del 50% y un salario al nivel de la canasta familiar (2.800 pesos).

La semana pasada  un millar de obreros de la construcción —junto con los trabajadores metalúrgicos— protagonizó una repulsa contra el presidente Lacalle durante los festejos de la fecha nacional del 18 de mayo.

Los del Sunca no son los únicos trabajadores en conflicto. Los metalúrgicos vienen sosteniendo una serie de luchas por fábrica y movilizaciones por aumentos salariales. En el gremio de la salud, luego de una gran huelga en el sector público, se están desarrollando conflictos en el sector privado, el más importante de los cuales es la ocupación del sanatorio Etchepare, que ya lleva casi un mes. Los trabajadores de la educación —docentes y no docentes de todos los niveles— cumplieron una prolongada y masiva huelga de dos semanas desde el inicio de las clases; en el interior del país, a pesar de que la sindicalización es menor y el peso de los aparatos políticos patronales entre los empleados públicos y docentes es mayor, el paro superó el 90%. Los trabajadores de la electricidad (AUTE), por su parte, estuvieron a un tris de la huelga general por aumentos salariales y contra los intentos patronales de imponer aumentos por productividad.

La seguidilla de huelgas que recorre el Uruguay ha puesto varias cosas en claro.

En primer lugar, el gobierno de Lacalle ha sido incapaz de derrotar ninguna de las huelgas que se desarrollaron en el ámbito estatal. Ese papel lo cumplen —sibilinamente— los diputados de la “oposición”, en primer lugar los del Frente Amplio. Esto quedó claro en el conflicto docente: cuando las asambleas docentes y no docentes de Montevideo y de gran parte del interior rechazaron la “propuesta” presentada por el gobierno, el oficialismo se quedó sin política para enfrentar la movilización. Fue entonces que entró en escena la Comisión de Educación de diputados, dirigida por el frenteamplista y stalinista “renovado” Rafael Sanseviero, que luchó a brazo partido, junto con la burocracia, para imponer a los docentes un “arreglo” que era apenas un “refrito” de la fórmula rechazada.

También quedó en claro el odio popular al gobierno de Lacalle: durante la huelga docente, los padres y alumnos se movilizaron conjuntamente con los maestros y profesores, que además contaron con el respaldo de la inmensa mayoría de la población, lo que convirtió a la huelga docente en una huelga política.

Las tendencias antiburocráticas están jugando un creciente papel en el desarrollo de los conflictos e, incluso, en su preparación. Esto es muy notable en la lucha del Sunca, donde la agrupación “Lucha Obrera”,impuso su programa en varios plenarios de delegados y en una asamblea general. También la “Agrupación 1º de Mayo” de AUTE (electricidad) ha jugado un papel importante contra la “productividad” que pretenden imponer la burocracia stalinista y el gobierno. Incluso allí donde la oposición no se encuentra organizada, como en el gremio docente, la desconfianza de los trabajadores en la burocracia es evidente: la propuesta de “arreglo” levantado por la burocracia y la “oposición” para terminar con la huelga, logró imponerse en la asamblea definitoria apenas por un puñado de votos (900 a 700).

La burocracia del PIT-CNT y la dirección frenteamplista plantean un “frente nacional” con la patronal y las cámaras empresarias que reclaman abiertamente la devaluación del peso. Por eso el PIT-CNT y el FA reclaman “un cambio de la política económica que ataca a los sectores productivos”, es decir, a la burguesía. Semejante política, aunque se tiña de discursos “opositores” y hasta “radicales” , es violentamente antiobrera: la devaluación que reclama la burguesía uruguaya —con el apoyo del FA— terminará de reventar los ya reventados salarios obreros.