En medio de un paro general y una movilización de repudio, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el martes 25 una reforma previsional que eleva la edad de retiro de 60 a 65 años, rebaja los haberes (debido a un nuevo método de cálculo) y obliga a todos los trabajadores a afiliarse a las Afap (administradoras privadas), entre otros puntos perjudiciales.

El proyecto se aprobó con el voto favorable de la coalición oficialista. El Frente Amplio votó en contra de la iniciativa en general, pero apoyó en el debate en particular algunos artículos de la norma que consideró progresivos. A la vez, en el debate en la comisión especial de ese cuerpo, se hicieron algunos cambios a la norma original: que las Afap no puedan invertir los aportes en el exterior, y tomar para el cálculo de haberes los mejores 20 años de labor, en lugar de los mejores 25 (actualmente se considera los últimos 10 años o los 20 mejores, según elección del trabajador), a pedido del Partido Colorado y Cabildo Abierto, socios del presidente Luis Lacalle Pou.

El proyecto aprobado vuelve ahora al Senado, donde será ratificado por la mayoría oficialista. Luego de ello, Lacalle Pou puede promulgar la ley.

La elevación a los 65 años se irá aplicando en forma paulatina. Los nacidos en 1975 ya se retirarán a esa edad, en tanto cuenten con 30 años de aportes. Se mantiene la jubilación a los 60 (con 30 años de aporte) para algunas actividades con “alto grado de esfuerzo físico” (como rurales y construcción).

El sistema previsional uruguayo es mixto. Los trabajadores aportan al estatal Banco de Previsión Social (BPS) y pueden o deben (si ganan más de 71 mil pesos uruguayos) aportar también a una administradora privada. El aporte obrero es del 15% del sueldo (el doble que el aporte patronal, ya que se duplicó durante el gobierno del Frente Amplio). Con los cambios establecidos ahora, todos los trabajadores, sin importar su salario, deben afiliarse a una Afap. Un nuevo negocio para la jubilación privada.

La reforma jubilatoria despertó de entrada un amplio rechazo de la población trabajadora uruguaya, pero el gobierno de Lacalle Pou logró abrirse paso debido a la política conciliadora del Frente Amplio (FA) y la dirección del PIT-CNT, la central sindical charrúa.

El asunto estaba en agenda desde fines de 2021, cuando una comisión de “expertos” formuló el texto de reforma, a pedido del presidente. En mayo de 2022, la presentó a representantes de su coalición. A fines de julio, la dirección del FA recibió en su sede al mandatario, que entregó la propuesta por escrito. El dirigente de la coalición opositora, Fernando Andrade, prometió entonces “tratar el tema con responsabilidad” (Página 12, 2/8/22) y convocó su propia comisión de expertos.

Mientras el gobierno avanzaba a paso firme, el FA planteó que era necesaria “otra reforma”, un llamado infructuoso a la negociación. Ya en ocasión del debate de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la conducción del FA había reprochado al Ejecutivo la falta de normas consensuadas. “Nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad”, sostuvo entonces Andrade (El País, 23/3/22).

Recién en noviembre de 2022, cuando el asunto se discutía ya en el Senado, la dirección del PIT-CNT convocó la primera medida de fuerza. Entre esa fecha y el último paro, fueron tres los ceses de tareas con movilización, dos de ellos de carácter parcial. En el parlamento, en tanto, los dirigentes sindicales hicieron un llamado al “diálogo social”.

Con la norma ya aprobada en las dos cámaras, dirigentes del PIT-CNT afirmaron que examinan la viabilidad legal de un plebiscito o referéndum de derogación (para cuya convocatoria se requeriría la recolección de firmas de una parte del padrón electoral), pese a que aún está fresco el recuerdo de la derrota en el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC), una norma ómnibus de Lacalle Pou que cercenó el derecho de huelga, reforzó las atribuciones de la policía y avanza en el ajuste fiscal.

Para derrotar las políticas de ajuste y ataque a las libertades democráticas de Lacalle Pou, empezando por la reforma previsional, la cuestión primordial pasa por organizar un plan de lucha progresivo, abandonando la línea de contemporización con el gobierno.