El pueblo uruguayo ha sido conmovido por dos hechos relacionados con la lucha contra la impunidad. Uno es el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. La jueza Mota había condenado a prisión al ex presidente Juan María Bordaberry, también tenía a su cargo más de 50 causas por delitos de lesa humanidad. La jueza había cuestionado en una entrevista con Página/12 la política de derechos humanos del gobierno de Mujica y participó en la marcha del 20 de mayo que realizan todos los años los familiares e hijos de desaparecidos, junto a cientos de organizaciones sociales y de izquierda. El presidente Mujica reclamó en forma pública que la Corte Suprema tomara medidas contra Mota. Por su parte, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, obstaculizó por todos los medios las investigaciones ordenadas por la jueza. El ministro prohibió la toma de fotografías en el Batallón 13, en un proceso de investigación que encabezaba la propia Mota allí presente. "Jaume, uno de los denunciantes en una causa colectiva en Boiso Lanza (sede de la Fuerza Aérea), dijo que la magistrada no pudo avanzar en el expediente en el que él es denunciante, porque el Ministerio de Defensa no le aportó las direcciones de los militares indagados para poder citarlos a declarar" (El País, 15/2).

También en los departamentos del interior (Tacuarembó y Paysandú) se realizaron traslados de jueces que tenían causas de la dictadura, para obstaculizar así las investigaciones. En una de ellas, debían declarar el propio Presidente y el ministro de Defensa.

El otro hecho es la declaración de inconstitucionalidad de la limitada ley interpretativa aprobada por el Frente Amplio en 2011 (que tipifica los delitos como de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben) por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Estos hechos han dejado al descubierto un entramado político -que involucra a todos los poderes del Estado- que intenta perpetuar la impunidad. Pero, por sobre todo, han quedado de manifiesto las intenciones del gobierno de poner un punto final.

Es que, desde el vamos, Mujica había declarado públicamente que no estaba de acuerdo con la situación de unos ‘viejitos presos', en referencia a los asesinos y torturadores. Siguiendo esta orientación, quedará en libertad el secuestrador de Julio Castro -militante del magisterio desaparecido, cuyos restos fueron hallados, el año pasado, en uno de los batallones del ejército.

Reacción popular

Estos hechos han generado una indignación generalizada contra el gobierno frenteamplista. Un sector de la base del FA ocupó durante algunas horas la Suprema Corte de Justicia y fue desalojado mediante la fuerza represiva. Posteriormente, el PIT-CNT, la FEUU y el Frente Amplio convocaron a una concentración en "silencio", con la intención de contener la reacción popular y colocar como únicos responsables de estos episodios a los miembros de la SCJ. Nadie ha tomado en serio esta versión de lo que ocurre: la responsabilidad del gobierno es inocultable. Es parte de una estrategia que está en el origen del proceso ‘democrático’: los sucesivos pactos que firmó el Frente Amplio desde 1985 (los pactos del Club Naval) para asegurar la continuidad de los intereses que instalaron a la dictadura militar.

El resultado político de todas estas capitulaciones es una desilusión de las expectativas democráticas de las masas en el gobierno de Mujica, el cual era presentado -especialmente por el PCU- como una victoria de la izquierda en la llamada "disputa" dentro del gobierno.

Tabaré Vázquez, el ex presidente que se perfila como el próximo candidato del FA, dijo abiertamente que hay que aceptar el fallo de la Corte. No se trata, por lo tanto, de un ‘accidente’ político, sino de una estrategia desarrollada en forma tenaz durante un cuarto de siglo. La aceptación de la caducidad de los delitos de lesa humanidad representa la caducidad del Frente Amplio. Es necesario darle una salida por izquierda al proceso político de Uruguay, por un gobierno de trabajadores.

Juicio y castigo a todos los torturadores y asesinos de la dictadura.

Por la inmediata anulación de la ley de impunidad.