Internacionales
27/6/2002|760
Uruguay: la quiebra del sistema bancario
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La “flotación” del peso uruguayo -y su consiguiente devaluación- que el FMI y el Tesoro norteamericano impusieron al gobierno de Batlle, es la confesión del completo fracaso de la política oficial de salvataje de la banca en quiebra.
En febrero comenzó la corrida bancaria después de que se destapara la e xistencia de un “agujero negro” de varios cientos de millones en el Banco Comercial, cuyos accionistas eran los hermanos Rohm (del Banco General de Negocios de Argentina) y un conjunto de bancos extranjeros (Credit Suisse y First Boston, entre otros). En mayo, después del humdimiento de la filial uruguaya del Galicia, la “corrida” se transformó en “pánico”.
En poco menos de cinco meses, los bancos perdieron depósitos por 5.000 millones de dólares. En su esfuerzo por defenderlos, el Banco Central (BCU) perdió la mitad de sus reservas. Además, el gobierno inyectó más de cien millones de dólares en el Comercial para evitar su colapso y tomó un préstamo del Banco de la República (oficial) de 170 millones para auxiliar a otras entidades. Como resultado de esta operación, y de la pérdida de depósitos por más de 600 millones, el principal banco estatal uruguayo quedó en una situación extremadamente delicada.
Nada de esto, sin embargo, logró frenar el derrumbe bancario. El salvataje fracasó porque, como en Argentina, los extranjeros se negaron tajantemente a poner un solo dólar en sus subsidiarias uruguayas. El caso del Comercial es ilustrativo: el Estado uruguayo se vio obligado a capitalizar los fondos que había puesto en el banco, lo que lo convirtió en su principal accionista; el único accionista del Comercial que accedió a poner fondos, el Credit Suisse, no los puso en el banco sino que le otorgó un préstamo (¡a tasa usuraria!) al Estado uruguayo para financiar su “compra” del Comercial.
El “desinterés” de los otros socios del Comercial y de otros bancos por “integrar capital en los bancos en problemas” planteaba la perspectiva de la “cesión formal de los bancos al Estado” (La República, 21/6). El fracaso del salvataje bancario amenazaba con “comerse” las reservas del BCU y obligar a la declaración formal de la quiebra del Estado uruguayo.
El significado de la quiebra bancaria
El sistema bancario es el corazón y el centro nervioso de la economía capitalista; su quiebra, por lo tanto, es la manifestación de la explosión del conjunto de las contradicciones que la crisis capitalista ha ido acumulando pacientemente en la banca. En Uruguay, el derrumbe bancario condensa cuatro años de recesión aguda, con su secuela de quiebras y créditos impagos; el imparable retroceso comercial internacional; el endeudamiento generalizado, público y privado, que sólo pudo sostenerse con más deuda; el derrumbe de la recaudación fiscal y del ingreso de capitales que cuestiona el pago de la deuda externa.
La crisis de la deuda externa -que en Uruguay, como en toda América Latina, viene creciendo sistemáticamente en relación al PBI, a las exportaciones y a la recaudación fiscal- golpea especialmente a los bancos que concentran en sus manos los títulos de la deuda y los negociados que se hacen con ellos. Ante la evidencia de que los activos de los bancos (los títulos de la deuda y los préstamos) se desvalorizan porque son crecientemente impagables, los acreedores de los bancos corren en masa a retirar sus depósitos.
La quiebra de la banca es, por lo tanto, la manifestación concreta y palpable del hundimiento de todo el régimen social capitalista. Esto no se supera, por cierto, con una devaluación.
La crisis no se cerró
La “flotación” fue impuesta por el FMI como condición para el “blindaje” de 1.500 millones de dólares que recibió recientemente Uruguay para “recomponer sus reservas”. Con ella, el FMI impide al gobierno uruguayo “usar” las reservas del Banco Central para evitar la devaluación del peso. De ahora en más, cualquier corrida de los depositantes hacia el dólar provocará una mayor devaluación, que licuará sus depósitos. Así esperan frenar la corrida bancaria.
La “flotación” -es decir, dejar el valor de la moneda uruguaya librada a los movimientos especulativos de los grandes bancos- lejos de resolver la crisis bancaria, la hace potencialmente más explosiva.
En primer lugar, porque agrava el peso de la deuda externa (en dólares) en relación a la recaudación fiscal (en pesos). Por eso, la “flotación” va acompañada de un fenomenal “ajustazo” fiscal que confisca los salarios; la doble confiscación salarial -por la vía del ajuste fiscal y de la inflación provocada por la devaluación- agravará todavía más la recesión y, a término, reducirá la recaudación fiscal.
En segundo lugar, porque para impedir la “fuga” de los depósitos bancarios hacia el dólar, que desataría la hiperinflación (o, simplemente el retiro de los dólares depositados en los bancos), el gobierno uruguayo está obligado a seguir una política monetaria altamente restrictiva y de altísimas tasas de interés. En una economía fuertemente dolarizada (el 80% de los préstamos de los bancos son en dólares), recesiva y con un elevadísimo endeudamiento, esta política monetaria agravará aún más la recesión y provocará una cadena de quiebras de deudores dolarizados: la expropiación del pequeño depositante en el “corralito” argentino es reemplazada, en la “flotación” uruguaya, por la expropiación del pequeño deudor.
Pero la recesión y la quiebra de los deudores lleva, invariablemente, al crecimiento de la morosidad bancaria y a la incobrabilidad de los préstamos: nuevamente reaparecerá entonces el fantasma de la quiebra bancaria que la “flotación” pretendía conjurar.
¿Tiempo de descuento?
Ni la “flotación” ni el “blindaje” del FMI salvarán a los bancos uruguayos, como lo revela el hecho de que pocas horas después del anuncio del préstamo del FMI, el BCU se vio obligado a intervenir otro banco (el Montevideo, de los dueños del Velox y Supermercados Disco en Argentina).
Tampoco salvarán al gobierno de Batlle. El lloroso presidente uruguayo no debería olvidar que, poco antes del derrumbe, también De la Rúa obtuvo su “blindaje” del FMI.
El inevitable fracaso de la “flotación” volverá a plantear, más temprano que tarde, la quiebra del sistema bancario uruguayo y, con él, la del propio gobierno de Batlle.