En 2008, Uruguay aprobó una ley de salud sexual y reproductiva que incorporaba la legalización del aborto. Esa ley fue vetada por el frenteamplista presidente Tabaré Vázquez, quien se alineó directamente con la posición clerical. En la Argentina, este veto fue defendido y acompañado tanto por Cristina Kirchner como por Hermes Binner, quien en la campaña de 2009 se identificó con Tabaré en la posición sobre el aborto.

Hace unos días, el parlamento uruguayo aprobó una nueva ley que mantiene en la ilegalidad la práctica del aborto, estableciendo un mecanismo para despenalizarlo en algunos casos. El principio legal que rige en Uruguay, a partir de la aprobación de esta ley, sigue siendo aquél que determina que la mujer no puede decidir sobre su cuerpo.

En diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores había aprobado la reincorporación a la ley de salud sexual y reproductiva de los artículos vetados por el ex presidente Tabaré. Sin embargo, el gobierno de Mujica congeló la iniciativa -que no avanzó en Diputados- e introdujo el proyecto que hoy es ley, que no legaliza el aborto, que obliga a la mujer a atravesar la intervención de un equipo interdisciplinario para que la convenza de no abortar, y que no establece penalización para médicos y para instituciones que no cumplan con la práctica.

El equipo interdisciplinario -según el texto de la ley frenteamplista- debe informarle a la mujer sobre las "bondades de la maternidad" y sobre "los riesgos que conlleva la práctica del aborto"; una posición sesgada y falsa, desde el punto de vista científico: el aborto no es riesgoso si se practica legalmente. La ley establece las excepciones a la penalización hasta las doce semanas de gestación y, en caso de violación, malformación y riesgo de vida de la madre, hasta las 14 semanas. En este punto, la ley uruguaya ha dejado al país vecino por detrás de los derechos a los que se puede acceder en la Argentina, ya que la ley no establece un límite para esos casos. La ley también reconoce que hay instituciones que "por su ideario pueden no prestar la práctica".

El límite de 14 semanas para casos de violación o riesgo de vida de la madre se asemeja al planteado en la Argentina en reglamentaciones dictadas por gobiernos provinciales kirchneristas y por el de Macri, contrarios al Código Penal y a las reglamentaciones existentes hasta el día de hoy.

La oposición derechista en Uruguay está dividida, debido a que, en definitiva, la ley frenteamplista sacó, por ahora, a ese país de la peor de las opciones para ellos: la legalización del aborto. Los blancos impulsan iniciativas para derogar la ley, los colorados los llaman a no oponerse, a sabiendas de que han salido ganando en medio de un escenario en el que después del 27 de diciembre pasado, con media sanción aprobada para la legalización del aborto en el Senado, el gobierno de Mujica retirara la iniciativa de la Cámara de Diputados y se inclinara por esta restrictiva y tramposa opción.

Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sin que el Estado la tutele ni le diga qué debe hacer, es un principio que los gobiernos latinoamericanos no resisten.