Hace más de veinte años que no se producían tantas huelgas al inicio de un gobierno. No se trata únicamente de cuatro paros generales parciales de cuatro horas, y uno de 24 horas, sino también del proceso huelguístico en la educación, en la salud pública y en otros sindicatos.

 

El quinto paro del 17 de setiembre, aunque estuvo destinado a reclamar aumentos de salarios y del gasto público en educación y salud, fue utilizado por la dirección del PIT-CNT para atacar a los sectores combativos. En especial a las asambleas docentes que habían exigido la renuncia al presidente y vice de la central sindical, por haber jugado a favor del gobierno durante la huelga de la educación.

 

Fernando Gambera, del Secretariado del PIT-CNT y uno de los oradores en la movilización, ya había definido que era “un paro en defensa de la unidad y el fortalecimiento del Bloque Popular de los Cambios” -es decir, de subordinación al gobierno. La burocracia sindical intentaba recuperar la iniciativa luego que la huelga de la enseñanza la dejara mal parada. Los gremios docentes rechazaron el convenio firmado por los dirigentes y desoyeron al PIT-CNT cuando solicitó levantar los paros.

 

La dirección sindical apela al gobierno, llamando a mantener unido el “bloque popular de los cambios”. Con ese planteo, le solicitó dejar sin efecto el decreto antihuelgas (“esencialidad”) así como dejar de participar en el tratado de liberalización del comercio (Tisa). En ambos aspectos, el gobierno tuvo que echar lastre, ya que necesita a los partidos del FA que controlan la bancada parlamentaria y al PIT-CNT.

 

El Tisa generaba una ríspida discusión en la interna del Frente Amplio. Dos de los principales ministros, de los más cercanos al presidente, quedaron malheridos en esta batalla. Astori (Economía) y Nin Novoa (canciller) se jugaron a fondo para mantenerse dentro de las negociaciones, mientras los opositores desde el PIT-CNT y la interna frenteamplista señalaban que el tratado favorecería a los capitales extranjeros y en particular facilitaría la privatización de las telecomunicaciones y la enseñanza. Finalmente, el astorismo fue aplastado en un plenario del FA, en el cual se impuso la posición del MPP (de Mujica), la Lista 711 (del vicepresidente Sendic) y el PCU. 

 

Tabaré Vázquez ha reculado en varias ocasiones frente a la presión desde el propio Frente Amplio, lo cual ha generado la acusación desde las cámaras patronales, y desde la oposición blanqui-colorada, de que gobierna con los sindicatos. Un evidente contrasentido si se tiene en cuenta que impulsa la desindexación salarial (rebaja) y la violación del derecho de huelga. Los empresarios pusieron el grito en el cielo por el abandono del Tisa, una negociación que por ahora no se sabe si tendrá algún resultado real. Lo que en el fondo preocupa al gran capital es si Vázquez tendrá capacidad para aplicar el ajuste que exige el FMI (en particular, la reducción del déficit fiscal del 3,5% del PBI) y para reducir los salarios. 

 

El gobierno presenta por primera vez un presupuesto bianual, y no quinquenal, en previsión de una agudización de la crisis capitalista. Brasil marca el futuro para Uruguay. La caída de las exportaciones y de la producción industrial, la devaluación de la moneda y el aumento de las tasas de interés sobre la deuda externa, colocan una perspectiva de mayor desempleo, recesión y aumento del déficit. Frente a este escenario, el gobierno debería ir a fondo en el ajuste, para lo cual tiene que vencer la falta de cohesión de su base parlamentaria. Mujica se ha comprometido a poner en juego su peso para disciplinar al Frente Amplio, con el argumento que peor que un “mal gobierno” sería “la ausencia de un gobierno”.

 

El paro general fue realizado en un momento en que la burocracia oficialista se siente más reconciliada con el gobierno y busca recuperar la iniciativa frente a los sectores de oposición a su izquierda, intentando polarizar con las cámaras patronales que siguen presionando a una baja de los salarios. La marcha fue muy numerosa, pero menor a la que había recorrido el centro montevideano durante la huelga de la educación.

 

Para el PT de Uruguay, “los docentes marcan el camino”. La consigna unificadora es la lucha por un salario mínimo de 30 mil pesos (apenas el costo de media canasta familiar). La dirección del PIT-CNT se niega a tomar en sus manos esa bandera: aunque habla de un salario mínimo de 15.000; en realidad, se orienta a negociaciones fragmentadas y atomizadas por rama de actividad, y no a una lucha de conjunto.