Este domingo 27 de marzo se desarrollará en Uruguay un referéndum sobre la derogación o no de 135 normas que son parte de un megapaquete de leyes conocido como Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobado por el parlamento a mediados de 2020, a instancias de la coalición de derecha que gobierna el país y es liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.

Como ya hemos señalado en Prensa Obrera, esta convocatoria surge a partir de una campaña de recolección de firmas impulsada por organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, que logró conseguir en poco tiempo 800 mil adhesiones, superando el 25% del padrón necesario para habilitar el llamado a una votación. El Frente Amplio se terminó plegando a la campaña, debido a la presión de las bases, después de un silencio inicial.

En los últimos días se produjeron los cierres de campaña tanto de los partidarios del “Sí” a la derogación como de los partidarios del “No”. Es una pulseada clave para el futuro político del país vecino. Para imponerse, el “Sí” necesita alcanzar por lo menos el 50% de los votos. Las encuestas muestran un escenario muy parejo.

Desmenuzando la LUC

La LUC es un engendro reaccionario. Aquí reseñamos sus aspectos más relevantes:

Refuerza las atribuciones policiales, ya que los ciudadanos están obligados a mostrar el documento “cuando la policía lo requiera”, aunque no medie un procedimiento. La policía queda habilitada también para revisar personas, vehículos, vestimenta y bolsos sin orden previa de un fiscal y sin necesidad de dar aviso “inmediato” al mismo. Y está facultada para disolver toda manifestación “que perturbe gravemente el orden público”, una redacción genérica que le permitirá actuar a discreción. En el mismo sentido, se crea la figura de “resistencia al arresto”, con penas de hasta tres años de prisión, y de “agravio a la autoridad policial”, con penas de hasta un año y medio de cárcel para quien “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial”. Se busca, así, dar más poder a las fuerzas de seguridad para el disciplinamiento de los sectores populares y la represión contra la protesta social.

En este mismo espíritu de blindaje del aparato estatal, se modifica la legislación de inteligencia, introduciéndose la categoría de “información secreta”, a la que ni siquiera se podrá acceder a través de una orden judicial.

En lo referente al movimiento obrero, se cercena el derecho a huelga, estableciéndose “el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente” durante las medidas de fuerza, lo mismo en el caso de los trabajadores no adheridos. Una legalización del carnereaje, que se completa con un protocolo para el desalojo de empresas ocupadas. Los piquetes y la toma de fábrica son medidas históricas del movimiento obrero para garantizar el éxito de una medida de fuerza, dado que las patronales acostumbran a intimidar a los trabajadores para que no paren e incluso recurren a la contratación de personal ad-hoc para suplantar a los huelguistas. Por eso, la norma en cuestión es profundamente antiobrera.

La LUC prohíbe más en general cualquier piquete que afecte totalmente la circulación, con lo cual vulnera el derecho de los explotados a luchar por sus derechos.

También se aceleran los plazos de desalojo de viviendas.

Esta gran cantidad de modificaciones de tinte represivo se entienden mejor a la luz de los cambios legislativos en materia económica. Se instituye una “regla fiscal” que condiciona el gasto público, entre otras variables, al nivel de endeudamiento neto -es decir al pago de la deuda externa. Es la línea del ajuste que reclama el FMI y el capital financiero en todo el mundo.

Adicionalmente, queda planteada la privatización y cierre de algunas áreas de la petrolera estatal, Ancap. Y a la vez, se establece que el precio del petróleo se rija por los precios de importación más los “sobrecostos” de la estatal, lo que en un cuadro de disparada internacional de los precios de los combustibles, puede conducir a grandes tarifazos sobre la población.

Por un camino de lucha independiente

Para el 8 de marzo, día internacional de lucha de la mujer, un plenario de la central obrera (PIT-CNT) realizado a fines del 2021 había convocado a un paro general. Importante paso de compromiso de una central obrera con la lucha de las mujeres trabajadoras. Acercándose la fecha, se definió que en el programa se incorporara también la impugnación a la LUC y un llamado a votar por el “Sí”, por su derogación. Correcto: porque la lucha por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras no debe aislarse del contexto general de la lucha de clases. Pero esto creó una minicrisis en la dirección del PIT-CNT. Encabezados por el sindicato policial (una aberración antisindical), pero con adhesión de otros (dirigentes del sindicato de trabajadores municipales Adeom, etc.), se planteó retirar la definición contra la LUC. Y en algunos casos levantar directamente el paro. El paro se mantuvo pero con algunos carnereajes y algunas adhesiones puramente formales.

La lucha contra la LUC quedó planteada en el centro de la situación política uruguaya. El resultado del referéndum es incierto. Un triunfo del “Sí” crearía una crisis del gobierno derechista. Sin embargo, la dirección del Frente Amplio apunta a sostener una política de contención e incluso de cooperación con el gobierno a partir del día después del referéndum. En declaraciones radiales, comentadas por el diario El País de Montevideo (23/3), el presidente del FA, Fernando Pereira, se mostró a favor de la propuesta de un dirigente sindical para que se conforme una “mesa amplia” entre gobierno y oposición, y sostuvo que “independientemente del resultado nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad (…) [esto] implica tener tolerancia, buscar lo mejor para el país para temas que son delicados de resolver”. El diario uruguayo recoge también versiones de una comunicación telefónica entre Pereira y Lacalle Pou para bajar el tono de confrontación de la campaña.

Hay que enfrentar esta orientación capituladora, no solo de conciliación de clases, sino de conciliación con el gobierno derechista. Cualquiera sea el resultado del referéndum la clase obrera uruguaya debería avanzar en un plan de lucha para imponer sus reivindicaciones contra el ajuste en marcha.

Lamentablemente, la mayoría de la dirección del PIT-CNT se encuentra subordinada a la orientación conciliadora del FA. Pero lo que está planteado es la necesidad de una política clasista, de independencia obrera: el desarrollo de un plan de lucha para derrotar las políticas ajustadoras del gobierno.