A mediados de junio, cansados del atraso en el pago de los salarios, de las actas incumplidas y de las amenazas de despidos, los municipales del Departamento de Rocha (en la frontera atlántica con Brasil) ocuparon la intendencia. Un año antes, una huelga parcial de 30 días, con ocupación de vialidad y los galpones de la recolección de basura, había dado como resultado un acta de pago de la deuda atrasada que nunca fue cumplida por el intendente Riet Correa.

El 28 de junio, a diez días de comenzada la ocupación, el intendente ordenó el desalojo policial del Palacio municipal. Los trabajadores instalaron entonces una “Carpa del pueblo” frente a la Intendencia, que inmediatamente se convirtió en un centro de agitación y movilización. A partir de la “carpa” se realizaron asambleas, actos y marchas multitudinarias, con la presencia de sindicatos y de cientos de vecinos trabajadores de Rocha, Adeom de Montevideo y el Pit-Cnt. El 14 de julio, los trabajadores reocuparon la Intendencia, de donde volvió a desalojarlos la policía que, además, les impidió volver a la “carpa”. Entonces ocuparon la plaza frente a la iglesia y la huelga se mantuvo firme. El 29 de julio, la huelga fue levantada después de que Riet Correa reincorporara a los 475 despedidos durante el conflicto y firmara, bajo la mediación de la Iglesia, un acta comprometiéndose al pago inmediato de los salarios atrasados.

La huelga, de un mes y medio de duración, deja algunas conclusiones fundamentales.

Descomposición nacional

La primera es que el régimen fondomonetarista encabezado por Batlle está hundiendo al Uruguay: “En un país donde impera un régimen político unitario y fuertemente centralizado, la descomposición social y económica de un departamento equivale a un síntoma de la enfermedad que recorre a todo el organismo (…) un Ejecutivo que no puede gobernar, una Junta (parlamento) impotente; una paralización económica general, sin acceso al crédito; con la población y la clase obrera en las calles y en huelga” (Tribuna de los Trabajadores, 18/7).

Un anticipo del gobierno del Frente Amplio

La segunda conclusión: marcó a fuego el carácter patronal y antiobrero del Frente Amplio. Riet Correa, el intendente de Rocha, un aliado tradicional de Tabaré Vázquez (en las últimas elecciones anunció que votaría por él en la segunda vuelta), acaba de ingresar formalmente al Frente Amplio-Encuentro Progresista.

Riet Correa siguió la misma política que Arana, el intendente frenteamplista de Montevideo: incumplió los acuerdos con los trabajadores, y luego recurrió a la policía para desalojar la Intendencia. Poco antes de que los trabajadores la ocuparan, ante las denuncias de atraso en los pagos de sueldos y otras “irregularidades”, se discutió en el Senado el juicio político a Riet. El Frente Amplio evitó su destitución: los senadores frenteamplistas Mujica y Abelenda abandonaron la sala al momento de votar; los senadores Couriel y Nin Novoa (compañero de fórmula de Tabaré Vázquez) votaron a favor de Riet, que con esos votos zafó del juicio político.

La huelga de Rocha, como antes la de los municipales de Montevideo, alerta a la clase obrera uruguaya sobre lo que le espera si el FA accede al gobierno.

Rebelión popular

Hay una tercera conclusión. Los municipales, según reconoce Rubén Lazo, de la directiva de Adeom local, iniciaron el conflicto confiando en Riet. Pero con la experiencia del desalojo policial, “le retiramos la confianza al intendente y empezamos a pedirle la renuncia” (ídem).

Adeom Rocha levantó entonces una consigna de alcance estratégico: “¡Por el pago de los salarios, fuera Riet!” La lucha de los municipales de Adeom alumbró, en la práctica y por su propia experiencia, la consigna central para orientar la movilización de todo el movimiento obrero y popular uruguayo.

En ese preciso momento, para evitar la caída de Riet a manos de la movilización obrera y popular, la Iglesia lanza una “comisión mediadora”, encabezada por el cura local e integrada por empresarios de Rocha, que contó con el apoyo de todos los partidos políticos. La Iglesia forzó a Riet a reincorporar a los despedidos y firmar un nuevo compromiso de pago de los salarios atrasados; al mismo tiempo, forzó a Adeom a levantar la huelga y, por sobre todo, a levantar la consigna “¡Fuera Riet!”.

La “mediación”, sin embargo, puede tener muy corto vuelo. El gobierno nacional, que según la Iglesia “adelantaría” los fondos para el pago de los salarios atrasados, declaró públicamente que “no hay un peso” (La República, 26/7). El acuerdo armado por la Iglesia pende de un hilo.

La huelga de Rocha ha puesto en evidencia el temor de todo el régimen político, y en primer lugar del Frente Amplio, a la rebelión que se incuba en el pueblo uruguayo.