Al cierre de esta edición de Prensa Obrera era detenido Camilo Márquez, militante del PT y autor de la presente nota, en medio de una caza de brujas que incluía otras muchas detenciones contra militantes sindicales y estudiantiles. 

El clima político uruguayo se vió sacudido por la represión desatada contra los estudiantes secundarios que ocupaban la sede del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la administración de educación pública.

La ocupación fue decidida por un grupo que, cansado de ser derivado de una oficina a otra, resolvió plantar bandera en dicha sede central. A los tres días de iniciada la misma reciben una oferta de parte de legisladores del Frente Amplio de conformar una mesa de diálogo. Los jóvenes exigían una instancia donde se encontrara presente el Ministerio de Economía, y escuchara directamente sus reclamos, que coloca como eje central la exigencia del 6% del PBI para la educación, reclamo histórico de los estudiantes y sindicatos docentes nunca satisfecho.

La “mesa de diálogo” planteada por el gobierno se reveló como una maniobra demasiado grosera, ya que esta no definia nada, no garantizaba siquiera elevar los pedidos al ejecutivo ni tampoco que hubiera posibilidades de algún incremento en el presupuesto destinado a la educación pública de aquí a 2017. 

La truchada de la mesa de diálogo fue rechazada por la asamblea estudiantil y se resolvió continuar con la medida. El gobierno, temeroso de provocar una respuesta masiva de sindicatos y gremios estudiantiles, intercalaba el diálogo con las amenazas. Es así que el día martes 28 llega por la tarde una orden del Ministerio de Trabajo de que el edificio debía ser desalojado y de no ser en forma voluntaria se haría por medios coercitivos. Los estudiantes, que controlaban las principales entradas, lanzan un llamado denunciando el ultimátum y convocando a todos los sindicatos, padres y población en general a solidarizarse de forma activa. Muchos de los presentes comenzaban a retirarse a pesar del despligue generado por el Ministerio del Interior con la Guardia Republicana (Gendarmería), es en ese momento que una veintena de estos últimos ingresa por el subsuelo del edificio, por una puerta que los estudiantes desconocían que existiera, mientras afuera se desataba una salvaje represión. 

Responsabilidad política

Los medios, alcahuetes del gobierno, enseguida se alinearon para estigmatizar a los estudiantes. En una declaración de tres puntos, el ejecutivo del PIT-CNT (controlado por el oficialismo) afirma que toma distancia “de algunas metodologías de decidir desde pequeños grupos que, desde fuera de las organizaciones populares de masas, actúan bajo la premisa del cuanto peor mejor”. Quién mandó a la Guardia Republicana, un cuerpo de elite de la policía, a reprimir menores, los tiene sin cuidado. Son los mismo dirigentes que tragaron el polvo de la derrota hace sólo unas semanas, cuando los docentes en huelga desconocieron su “sugerencia” de levantar la huelga a cambio de que el gobierno levantara el decreto de esencialidad. La corriente estudiantil afín al Partido Comunista está sufriendo una auténtica sangría de militantes, no sólo por su defensa del gobierno sino por la versión que difunden sobre el conflicto: que los estudiantes fueron utilizados como carne de cañón por grupos de desestabilizadores. 

El saldo de la represión fue de 12 detenidos y una decena de lesionados. Desde el Partido de los Trabajadores y la Juventud Revolucionaria, hemos defendido el accionar de los estudiantes, nos solidarizamos con los detenidos y denunciamos al gobierno como responsable de la violencia desatada, negándose sistemáticamente a recibir a los gremios y escuchar sus reclamos. La oposición patronal aparece absolutamente desdibujada, huerfana de un programa político diferente al del gobierno; se limita a declaraciones en la prensa y acciones parlamentarias intrascendentes.