El 5 de agosto fue difundido por los medios un video donde una treintena de funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) reducían a algunos jóvenes que habían salido de sus celdas y habían roto una tapa de cemento. En el video aparecía presenciando el hecho Joselo López, presidente del sindicato y reciente vicepresidente del PIT-CNT. La viralización del video, su utilización masiva por parte de los medios, y los antecedentes de denuncias por malos tratos de parte de funcionarios, hizo que el video fuera furor en la situación política nacional durante más de una semana. Por su parte, la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, radicó la denuncia penal contra los funcionarios y específicamente contra el sindicato. Joselo López defendió el accionar de los funcionarios, señalando que actuaban bajo el protocolo.

 

Movimiento obrero y represión

 

El hecho saca a relucir un problema fundamental asociado al rol que cumplen los funcionarios del Sirpa, quienes lejos de tener un perfil de educadores, son el aparato de represión del Estado en las cárceles de menores -aunque, cabe decirlo, con un carácter distinto al de la policía. El sindicato también está compuesto por personal administrativo y profesionales (asistentes sociales, psicólogos). La sindicalización de los aparatos represivos ha generado un amplio debate en el movimiento socialista. Sin embargo, el elemento fundamental es qué perspectiva defiende la organización obrera, que no sólo debe luchar por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sino defender los derechos de los jóvenes frente a los atropellos cotidianos del gobierno y el Estado -el cual, mientras los persigue sistemáticamente, les niega el derecho al trabajo y la educación.

 

Responsabilidad política

 

Frente a este hecho, el gobierno (la bancada legislativa y varios ministros) salió rápidamente a responsabilizar al sindicato en la figura de Joselo López y a condenar los hechos de violación a los derechos humanos de los adolescentes. Diversas organizaciones populares y organismos de derechos humanos se pronunciaron en el mismo sentido, y la dirección del PIT-CNT licenció al dirigente sindical hasta tanto estuviera el fallo de la Justicia. Con esto, se está intentando ocultar lo que está ocurriendo en Uruguay en otro plano: la responsabilidad del Estado, el enorme paro general de 24 horas contra el ajuste, las pautas salariales de los públicos que establecen un mísero 0,3 % de aumento, y liquidar al ‘disidente’ de la burocracia sindical.

 

La Justicia procesó a 26 funcionarios -entre ellos a Joselo López- bajo la carátula de “tortura”. Cabe destacar que en Uruguay no hay más de un puñado de militares de la dictadura procesados por los delitos de lesa humanidad. El procesamiento y el pedido de la fiscal para solicitar esta carátula, se justifica en lo que denominó “alarma pública”, dejando al descubierto las presiones que ejerció el propio gobierno a través de declaraciones de ministros y legisladores. En este cuadro, el sindicato declaró la huelga y el gobierno decretó la esencialidad, colocando a la Policía en el Sirpa, la cual ya fue denunciada por represión y violencia a los jóvenes recluidos, pero en ese caso ningún responsable fue procesado, ni condenado públicamente.

 

El gobierno ha pretendido descargar toda la responsabilidad de la situación en el sindicato y el conjunto de los trabajadores, cuando es la política de encierro y represión la que mantiene a los jóvenes en condiciones deplorables. Se trata de un gobierno que mantiene la impunidad en todos los aspectos: mantiene la ley de caducidad que deja libre a torturadores de la dictadura, reprime mediante la policía a los jóvenes en los barrios con razzias y gatillo fácil.

 

La burocracia sindical de Cofe, la federación que incluye al sindicato del Sipra, no ha desarrollado una política alternativa al Estado en estas instituciones; por el contrario, es el instrumento de su gestión y se limita a defender reclamos sindicales. La violencia de los funcionarios ha sido justificada por la violencia de los adolescentes rebelados, en el mismo momento en que se ponen en evidencia las pésimas condiciones de detención y la intención de la ley de presupuesto quinquenal de cortar los gastos sociales. 

 

Tampoco tardaron en surgir voces, desde el clero y el gobierno, de privatizar el servicio de cárcel o introducir personal policial.

 

Para las organizaciones de los trabajadores, de lo que se trata es de desenvolver un programa de oposición a la política de represión del Estado, que prepare a los funcionarios (empleados) para la formación política independiente de los adolescentes, sobre la base de un pliego de reivindicaciones.