Desde el inicio del gobierno de Tabaré, el Frente Amplio ha delineado una política de ajuste. Las pautas salariales que ha fijado para los consejos de salario (paritarias) no cubren la inflación.

 

También viene anunciando cortes en el presupuesto quinquenal de gastos del Estado, lo que implica desconocer las reivindicaciones mínimas de aumento para la salud, la educación pública y la vivienda. La negativa a otorgar el 6% del PBI como piso mínimo en 2016 para la Administración Nacional de Educación pública (primaria, secundaria y Universidad del Trabajo) y para la Universidad de la República, produjo una gran movilización de los sindicatos docentes, funcionarios y del movimiento estudiantil. Los sindicatos de la educación, que tienen un salario de 16 mil pesos (6.500 pesos argentinos), reclaman un salario mínimo igual a 30 mil pesos, lo que equivale apenas a media canasta familiar.

 

A partir del 17 de agosto, los docentes de secundaria de Montevideo se han declarado en huelga por tiempo indeterminado, con ocupaciones de liceos que fueron acompañadas por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que realizó ocupaciones rotativas durante toda la semana en diversas facultades. Los sindicatos de funcionarios y de la Universidad del Trabajo se sumaron a la huelga, los maestros resolvieron parar desde el 24 al 28, mientras los estudiantes realizaban tomas en diversos institutos. Hace más de diez años que no tiene lugar un movimiento de estas características.

 

Quiebre

 

Frente a este enorme ascenso, la burocracia sindical firmó un preacuerdo que implicaba una cláusula de “paz social” por dos años, y un aumento de 700 pesos (25 dólares) en 2016 y 2017.

Este acuerdo fue desautorizado por las asambleas de docentes, maestros y funcionarios, y en respuesta adoptaron las medidas antes mencionadas. Está a la vista la profundidad de la movilización educativa.

 

Frente a la imposibilidad de conciliación, Tabaré Vázquez decretó la “esencialidad” (prohibición de la huelga) a partir del miércoles 26 para la educación primaria, secundaria y universitaria. Intima a los docentes a presentarse a trabajar bajo la amenaza de ser despedidos. La “esencialidad” fue aplicada por la dictadura militar, y más cerca en el tiempo por el ex presidente José Mujica a los recolectores de basura de Montevideo hace cinco años.

 

El gobierno ha optado por el enfrentamiento directo con los huelguistas y se niega rotundamente a considerar las demandas de los trabajadores. La burocracia sindical del PIT-CNT ha salido desesperada a advertirle al gobierno las consecuencias de esta acción, sin asumir la responsabilidad de apoyar a los sindicatos en lucha. La política de austeridad y de ajuste implica despidos, envíos al seguro de paro y cierre de fábricas. En los últimos meses ha comenzado a ser enfrentada activamente por el movimiento obrero y puesto en la picota a la dirección de la central sindical.

 

Derrotar la esencialidad

 

El gobierno pretende repetir en la educación la derrota que le impuso a los municipales de Montevideo en 2010, y un reflujo al conjunto del movimiento obrero. Sin embargo, los sindicatos docentes cuentan con un enorme apoyo popular y con el rol activo del movimiento estudiantil. Los secundarios se aprestan a ocupar liceos y han convocado a una gran movilización para este jueves 27 a la torre ejecutiva (gobierno).

 

El PIT-CNT debe convocar inmediatamente a un paro general activo, y proceder a las ocupaciones de las instituciones educativas para garantizar el triunfo de la huelga docente y derrotar el decreto antihuelga.