Entre el 6 y el 9 de octubre se realizó en Montevideo el XI Congreso del PIT-CNT.

Previamente al mismo, el Secretariado Ejecutivo de la central sindical había emitido un documento de consenso que afirmaba que "lo que está en disputa es centralmente una perspectiva de continuidad y profundización del proceso de cambios nacionales, populares y democráticos de un lado, o regresión de derecha y restauración neoliberal". La advertencia aparente al gobierno del Frente Amplio por su 'curso neoliberal' evitaba plantear la necesidad de que la clase obrera desarrolle una oposición de clase al gobierno, el cual está abriendo el camino del retomo de la derecha blanqui-colorada -como ha ocurrido en Chile.

En estos términos llegaron a un acuerdo las dos principales corrientes del PIT-CNT, el grupo 'Articulación' (vinculado con el ala derecha del Frente Amplio, encabezada por Tabaré Vázquez y Danilo Astori) y el Partido Comunista. A fines del año pasado, este bloque apoyó el ataque a la lucha del gremio municipal por parte del gobierno de Mujica y de la intendenta 'comunista' Ana Olivera, quienes decretaron los 'servicios esenciales' y militarizaron la recolección de residuos. Esta ofensiva antiobrera puso fin a las posiciones críticas del Partido Comunista (que reclamaba, precisamente, una 'profundización' de supuestos 'rumbos populares').

El congreso estuvo precedido por importantes luchas -en particular, de jóvenes trabajadores de los supermercados, una huelga de funcionarios de salud pública, así como una importante lucha en el transporte. Prácticamente todos los sindicatos estatales estaban enfrentando ofensivas de parte del gobierno, además de rechazar la aprobación de una ley de "contratos de Participación Público-Privada", que permite avanzar en las privatizaciones y tercerizaciones. Por su parte, el gremio metalúrgico estaba cerca de ir a la huelga (que concretó ' poco después del congreso),frente a la negativa patronal afirmar un convenio colectivo -con la complicidad del gobierno. En este contexto, aunque los documentos críticos al gobierno -y a la mayoría de la dirección sindical- fueron escasos y no cuestionaban la orientación general, la crisis se expresó a la hora de la elección de la dirección. Por primera vez desde que gobierna el Frente Amplio, el mecanismo de un acuerdo entre las principales corrientes fracasó y se fue a una elección directa por los delegados.

La Lista 41 reflejaba el enfrentamiento de diversos sindicatos (salud pública, Federación Nacional de Municipales, ferroviarios) con el gobierno y con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, al que acusaban de haberlos dejado aislados. Esta lista, muy heterogénea, refleja una crisis en el seno de la propia burocracia sindical.

El documento programático que emitió la Lista 41 toma por base una declaración que había elaborado el PT de Uruguay y que fue firmada en el propio congreso por más de 50 delegados (un 6% de los congresales). Al conformarse la 41, esta declaración (con algunas enmiendas) fue la plataforma de la nueva lista para la elección de la Mesa Representativa. La 41 obtuvo un 22% de los votos de los congresales.

La conclusión que se desprende de la declaración de la 41 es que hay que estructurar una oposición obrera y política al gobierno, de carácter anticapitalista y socialista -no "el cambio dentro del cambio", como pregonan Articulación y el PCU.

El desafío que plantea la declaración de la 41 explica por qué no ha sido difundido en forma oficial por la lista -o sea, el recule del ala que está limitada a zanjar una disputa de orden secundario con el gobierno y la mayoría del PIT-CNT.

 

Declaración

Nosotros, compañeros delegados al XI Congreso del PIT-CNT y militantes sindicales de distintos gremios, nos dirigimos a los trabajadores todos para plantear la necesidad de que el movimiento obrero levante un programa y una estrategia clara de independencia frente al gobierno.

En todo el mundo, los gobiernos descargan la crisis capitalista sobre las espaldas de ¡os explotados.

No solamente en los países del llamado 'Tercer Mundo", sino también en Europa y los Estados Unidos, crecen la desocupación, la carestía de la vida, la precariedad laboral, las reformas del Estado y de la seguridad social, la quita de derechos y conquistas, la miseria social. Las luchas de los trabajadores contra los planes del FMI y el gran capital se reproducen en todo el planeta, incluso provocando grandes crisis políticas e incluso la caída de gobiernos.

En América Latina ya se comienza a sentir el impacto de esta crisis. En algunos países ya se comienzan a fugar los capitales, se cierran mercados, se producen envíos al seguro de paro o cierre de empresas. Latinoamérica ingresa a esta crisis en peores condiciones que nunca: la inmensa mayoría de la población ya se encontraba en condiciones de pobreza absoluta aún en la época de bonanza; las deudas externas son cada vez mayores pese al reciente boom exportador.

Uruguay no es la excepción. La crisis mundial comienza a golpear a la puerta, y el gobierno se man-tiene aferrado a la política del de dar garantías a los acreedores internacionales y subsidiar a los grandes capitalistas -incluyendo a las multinacionales instaladas en zonas francas o exoneradas de impuestos a través de la ley de inversiones.

El presupuesto del Estado, cada día más financiado con impuestos directos e indirectos que se descargan sobre los asalariados, está dedicado en gran medida al pago de la deuda externa, postergando el gasto social en Educación, Salud, Seguridad Social y Vivienda.

La Ley de Negociación Colectiva del Sector Público, instrumento creado para establecer las relaciones laborales entre el Estado como patrón y sus trabajadores, ha sido sistemáticamente violada por parte del Poder Ejecutivo, que no ha respetado los ámbitos ni la materia de negociación y ha violado los pocos acuerdos que se han alcanzado.

La ley de contratos de Participación Público-Privada (PPP) constituye una gran "reforma estatal” abre las puertas para una gigantesca tercerización, que implica negociados a favor de las empresas privadas y precariedad laboral para los trabajadores. Una ley que ha sido votada por todos los partidos políticos, incluida la derecha más reaccionaria y entreguista que existe en nuestro país.

(...) Del mismo modo, se intenta privatizar el ferrocarril, permitiendo el ingreso a nuestro país de los trenes privados que en la Argentina provocan graves accidentes y explotan mano de obra precaria a través de empresas tercerizadas (...).

El gobierno viola el mandato popular expresado en diversos plebiscitos, donde el pueblo dijo NO a las privatizaciones (...).

Estamos a tiempo de evitar una nueva debacle, aún mayor a la de 2002, si luchamos por una salida propia de los trabajadores frente a la crisis, lo que implica: la auditoría de la deuda externa, la nacionalización de la banca, el control de cambios y la nacionalización del comercio exterior, la estatización de las Afaps, el establecimiento de fuertes impuestos progresivos a los grandes capitales -eliminando los impuestos directos e indirectos que pagan los trabajadores-, la expropiación de los latifundios, la nacionalización de la industria frigorífica bajo control de los trabajadores sobre el conjunto de la economía, abriendo los libros contables de las empresas al control obrero. Frente a la creciente carestía de la vida, es necesario luchar por un salario mínimo equivalente a la mitad del costo de la canasta familiar, el ajuste de salarios automático de acuerdo a la inflación y el crecimiento salarial de los sectores más sumergidos. Por la recuperación por parte de los trabajadores de empresas y fábricas cerradas. Por el aumento del presupuesto educativo, de la salud pública, por un plan nacional de viviendas populares. La consigna que se plantea en todo el mundo, también debemos levantarla en Uruguay: ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

El gobierno también ha demostrado que es incapaz de cumplir con la más elemental reivindicación democrática: que los responsables de crímenes y torturas de la dictadura sean juzgados y castigados. La negativa a anular la ley de impunidad por parte del Gobierno, mostró que la política oficial apunta a mantener un pacto con los mandos militares, que ampara a los genocidas. Llamamos a redoblar la lucha por la anulación de la ley de impunidad y para que los asesinos y torturadores vayan a la cárcel (...).

El gobierno es responsable por continuar con la presencia de tropas de ocupación que reprimen al pueblo haitiano y cometen todo tipo de vejámenes. Exigimos que retomen las tropas uruguayas y latinoamericanas, así como los ejércitos imperialistas, y apoyamos la justa movilización del pueblo de Haití contra los ocupantes.

Los trabajadores necesitamos unos sindicatos y un PIT-CNT con independencia política. La estrategia de las corrientes mayoritarias muchas veces subordina al movimiento sindical ante el gobierno que no respeta los derechos de los trabajadores y defiende los intereses de la banca y el gran capital (...).

Sin independencia política, los sindicatos no pueden defender consecuentemente las conquistas y reivindicaciones de la clase obrera, ni mucho menos levantar una salida propia frente a la crisis. (...)

Proponemos unir fuerzas entre sindicatos, agrupaciones y militantes sindicales, para luchar por la independencia política del PIT-CNT. Nuestra tarea, como proclaman los documentos fundacionales, es luchar por una sociedad sin explotados ni explotadores.

Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (Cofe) - Federación Nacional de Municipales (FNM) - Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) - Asociación de Funcionarios Postales (AFP) - Unión Ferroviaria (UF) - Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) - Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (Ates)