El conflicto entre Venezuela y Colombia no des-escala: ambos gobiernos llamaron a consulta a sus respectivos embajadores; el presidente venezolano Nicolás Maduro pronosticó un “proceso duro y largo” (El País, 27/8). Más de mil colombianos han sido deportados desde que fuera decretado el estado de excepción en la región de Táchira. El internacionalismo y la doctrina bolivariana se han ido al diablo. Los pueblos de ambos lados de la frontera pagan las consecuencias del derrumbe económico de Venezuela y del paramilitarismo de Colombia; y, por sobre todo, de la política sin salida del chavismo. El contrabando colombiano aprovecha desde hace décadas el precio extremadamente bajo del petróleo venezolano, a lo cual se suma ahora la oferta de mercancías colombianas a precios elevadísimos, ante el desabastecimiento que sufre Venezuela. La larga frontera entre los dos países es una expresión concentrada de la crisis que afecta a ambos, en especial a Venezuela. Los procedimientos de deportación militar de personas por su condición nacional merecen la mayor condena y minan la capacidad de lucha por la emancipación de América Latina.

Es cierto que el detonante ha sido el ataque de un grupo de paramilitares colombianos a tres integrantes del ejército venezolano. Sin embargo, la caracterización de la crisis es incompleta si se omite la complicidad de sectores del propio ejército bolivariano en el contrabando. Esta situación fue reconocida por el vicepresidente de Venezuela en la gira que está haciendo por los Estados fronterizos de su país.

Problemas de frontera

La frontera entre Venezuela y Colombia es un colador. El gobierno venezolano denuncia que el Estado de Cúcuta se hace con 9.000 millones de dólares anuales en concepto de contrabando de alimentos y combustibles, y que en esa ciudad hay más de mil casas de cambio ilegales. La desorganización que esto añade al derrumbe económico de Venezuela llega a tal nivel que la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora ha propuesto la construcción de un “Muro Fronterizo Comunal” (Aporrea, 28/8). Otros van más lejos, y plantean una militarización de “toda la zona fronteriza, no sólo la del Táchira, porque por Apure y Zulia también hay contrabando; y por el lado de Brasil” (ídem, 24/8). Sugieren la exigencia de visas para el ingreso de colombianos al país y la supresión de elecciones en los municipios fronterizos para la designación directa de sus alcaldes desde el Ejecutivo nacional. Por otra parte, el resurgimiento del conflicto fronterizo con Guyana, a la que el gobierno chavista ha exhortado a detener la exploración petrolera en el territorio en disputa de Esequibo, completa un cuadro de dislocamiento territorial. Como se ve, la cuestión fronteriza es el iceberg de un derrumbe del régimen político vigente.

Proceso político

El conflicto es explotado también para enmarcar las elecciones parlamentarias de diciembre próximo en un estado político de emergencia o excepción. Del otro lado de la frontera, el ex presidente Álvaro Uribe procura debilitar al actual mandatario Juan Manuel Santos, para hundir las negociaciones de paz con las Farc o tomar la dirección de esas negociaciones. Este choque está vigente con independencia de que las posiciones del uribismo colombiano hayan quedado en minoría frente a la orientación negociadora predominante del imperialismo, que encarna Santos. La salida a la crisis venezolana forma parte de la mesa de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Maduro pretenden aprovechar, para la supervivencia de su gobierno, la circunstancia de que Venezuela sea copatrocinadora de las negociaciones con la guerrilla.

Planteamos la unidad de los trabajadores de Colombia y Venezuela y de los de sus ciudades de frontera, con un plan económico conjunto que atienda los intereses de las masas laboriosas de ambos lados. Lejos de construir muros, la tarea de los trabajadores es derribar las fronteras -por medio de gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.