Hasta poco después de la muerte de Hugo Chávez, el régimen político de Venezuela se jactaba del apoyo mayoritario que recibía de la población a través de numerosas convocatorias electorales. Conformaba de ese modo un sistema bonapartista clásico, casi una copia del modelo original que se desplegó en Europa hace unos doscientos años. La base social de ese bonapartismo estaba constituida por una inmensa masa pobre que vivía en los intersticios del sistema económico rentista del país, y de una gran parte del proletariado de la industria. Cuando en 2008 perdió un referendo acerca de la reforma de la Constitución por una diferencia realmente mínima, el chavismo hizo cuestión de respetar escrupulosamente el resultado por la razón, fundamental, de que contrariarlo habría significado socavar el principio mismo de su régimen político. La contracara del chavismo plebiscitario era la oposición minoritaria, que el oficialismo bautizó por eso como “escuálida”. 

 

De facto

 

El contraste con la situación presente no podría ser más abismal. El chavismo perdió en forma aplastante las últimas elecciones parlamentarias y desde entonces no ha hecho más que violentar la autonomía de la Asamblea Nacional a fuerza de decretos y de decisiones del Poder Judicial. El gobierno plebiscitario ha dejado de existir y sobrevive solamente por el apoyo del estado mayor de las fuerzas armadas. La semana pasada, la Corte de Justicia comenzó a intervenir en el reglamento de la Asamblea Nacional, que ha sido privada, en el camino, de la posibilidad de interpelar y objetar ministros e incluso de intervenir en la designación del presidente del Banco Central. Mediante procesos judiciales capciosos, el dúo Maduro-Cabello ha neutralizado a la nueva asamblea, esto con el apoyo militar. Mientras en Brasil, una mayoría parlamentaria abandona el apoyo a su propio gobierno para armar un juicio político a la Presidenta en una clara conspiración con los grandes bancos y la gran industria, en Venezuela también se desarrolla un golpe de Estado pero, en este caso, del Poder Ejecutivo y su camarilla contra el parlamento dominado por una mayoría que fue elegida por representar la oposición política (de derecha) al régimen, instalado y ratificado durante quince años por medio de procedimientos refrendarios.

 

El pasaje del bonapartismo plebiscitario al bonapartismo de facto marca la disolución indetenible de la etapa política bolivariana. En los últimos días se ha acentuado la acción de la diplomacia internacional y del Vaticano por estructurar una salida consensuada del régimen chavista. Resurge entonces el tema del golpismo, en este caso el ‘auto-golpe’, desde el campo militar chavista, para armar un gobierno de transición con la oposición ‘macrista’ tradicional. Es lo que informa el corresponsal de La Nación (4/5), con nombre y apellido. El plan económico de este golpe común de chavistas y escuálidos, fue formulado varias veces por el dueño de la mayor empresa de Venezuela, Polar, que aseguró que el capital internacional estaba dispuesto a cooperar en un plan de rescate financiero, incluida una reestructuración de la deuda externa. El cacareo acerca del retorno definitivo y completo de la democracia en América Latina debería dar cuenta de la serie de golpes de Estado que inauguró el derrocamiento del hondureño Zelaya y que ahora se apodera de Brasil y Venezuela, luego de su paso por Guatemala y Paraguay. En Venezuela, sin embargo, un autogolpe de la camarilla actual está condenado al fracaso -solamente aceleraría el pasaje del gobierno de facto al gobierno de transición. Estas evidencias concluyentes de la crisis de dominación burguesa en América Latina auguran la inevitabilidad del surgimiento de situaciones pre-revolucionarias con alcance condicionado a la calidad de la estrategia política de la izquierda socialista. 

 

Experiencia agotadísima

 

El pasaje de un régimen político a otro expresa, sin duda, el completo colapso de la economía de Venezuela, cuyo carácter rentístico-minero se acentuó a lo largo de la etapa chavista. En oposición a un programa de industrialización comandada por el Estado, el chavismo volcó una parte significativa de la renta petrolera en el desarrollo de programas sociales, cuya envergadura es proporcional a la incapacidad de mantener esos programas a lo largo del tiempo sobre la base de la estructura económica vigente. Otra gran parte se desvió hacia el latrocinio oficial, disfrazado en la necesidad de desarrollar una ‘boliburguesía’ -a la Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería o Pampa Energía, asociada al capital chino o ruso. La asociación con el capital extranjero para explotar la cuenca del Orinoco no produjo resultados significativos como consecuencia del rechazo de los monopolios internacionales (incluidos los chinos y los rusos) a cooperar con una explotación comandada por la empresa estatal. Se posicionaron en la cuenca para anotar las reservas de hidrocarburos en las Bolsas donde cotizan sus acciones y para ser beneficiarias de un eventual giro privatizador -casi un calco de lo que ha ocurrido en Brasil.

 

La economía chavista sucumbió mucho antes de la caída de los precios del petróleo, a medida que las elevadas cotizaciones de la década pasada se trasladaron progresivamente a las refinadoras, las empresas de servicios tecnológicos y los bancos. El derrumbe del precio internacional sólo le dio el tiro de gracia: PDVSA tiene una deuda impagable de alrededor de 50 mil millones de dólares, mientras las reservas del Banco Central apenas superan los 10 mil millones de dólares. Un ‘defol’ podría tener lugar con un vencimiento en octubre próximo. Agotados los recursos financieros excepcionales, Venezuela se ve hoy incapacitada para mantener el flujo de importaciones del que depende el conjunto de su economía. El desabastecimiento está demoliendo la vida social. El oficialismo cifra su última esperanza en que un rebote del precio internacional del petróleo le abra una posibilidad de volver al endeudamiento internacional -una quimera. Una crisis adicional, aunque de envergadura, acosa al programa de viviendas, con un creciente reclamo de escrituración, que funcionaría como la apertura de un enorme mercado inmobiliario. Pero, con el hundimiento del chavismo, a los adjudicatarios ya no les alcanza la protección oficial incluso han empezado a enfrentarla abiertamente. El “plan arraigo” se convierte así en su contrario: en el reclamo de un ‘plan’ de privatización que la derecha apoya con gran entusiasmo.

 

Crisis y oportunidades

 

La oposición logró hace pocos días una victoria importante al reunir casi dos millones de firmas para promover un referendo revocatorio del mandato de Maduro. Aunque el oficialismo reconoció el procedimiento, que la prensa internacional atribuye a la presión de varios países y del Papa, se dice que dilataría el proceso hasta enero, cuando la revocatoria podría destituir a Maduro pero sin convocar a nuevas elecciones, o sea transfiriendo el mando al vice, que para esa fecha podría ser Diosdado Cabello, el jefe de la camarilla militar, que no se avendría a aceptar la salida de un gobierno de transición. Venezuela se encuentra en la fase final de una ruptura política.

 

Los cinco meses de macrismo, en Argentina, demuestran que las transiciones de los llamados gobiernos ‘populistas’ a la derecha financiera se caracterizan por una acentuación de las contradicciones económicas, una agudización de la lucha de clases y una tendencia a la crisis política. Sólo para quienes el ‘populismo’ es la única alternativa popular, esta transición es caracterizada como una ‘derrota’, y no como una oportunidad política obrera y socialista. Es desde este estadio más elevado de la crisis de dominación como debe abordarse la nueva etapa. Un referendo revocatorio bajo la presidencia de Maduro es inviable; solamente queda el autogolpe y la disolución de la Asamblea Nacional o el golpe de transición. La clase obrera de Venezuela necesita una política de la izquierda a partir de este escenario. La crisis deberá atravesar numerosas etapas y nuevos desafíos para la izquierda. La oportunidad de un congreso obrero y de la izquierda para plantear una salida de conjunto y un plan de lucha frente a la catástrofe económica está a la vista. En oposición al gobierno y a los autogolpes y golpes pactados, reclamemos una asamblea constituyente libre y soberana convocada por un gobierno de trabajadores. Es un planteo para reunir las fuerzas de clase y de la izquierda, y por esa vía desarrollar una alternativa obrera y socialista a la crisis.

 

Nota extraída de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/560228490824683