La marcha atrás en el autogolpe promovido por Nicolás Maduro es una indicador de la grieta y división que impera en el campo oficialista venezolano. Esa situación atraviesa todos los estamentos del Estado, desde el Poder Judicial, pasando por el Poder Ejecutivo y la burocracia estatal hasta las propias fuerzas armadas. Maduro ha tratado de disimular ese hecho, en especial, intentando exhibir un respaldo cerrado e incondicional de los militares al régimen bolivariano. Lo cierto es que el paso dado por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, con declaraciones explosivas condenando el autogolpe -al que calificó de “ruptura del orden constitucional”-, sólo se puede explicar por un guiño de la cúpula militar en este contexto de enorme fractura dentro del chavismo. Si Maduro hubiera persistido en la virtual disolución del Parlamento, esto hubiera acelerado un golpe militar. Ya hubo ultimátums militares en el pasado, como el que obligó al régimen bolivariano a reconocer el resultado de las últimas elecciones legislativas, donde la oposición conquistó una mayoría abrumadora en dicho cuerpo.

 

Descomposición

 

El auto-golpe de Maduro se ha convertido en un bumeran, ha precipitado el colapso del gobierno y ofrece la justificación a los militares para su derrocamiento. Maduro conserva la ilusión infundada de que puede maniobrar y seguir prologando su mandato y volviendo al estadio previo al autogolpe. No hay retorno posible. Maduro, a través del autogolpe, ha terminado escupiendo para arriba y pavimentando el terreno para su desplazamiento.

 

Este “autogolpe” y el recule posterior es el punto culminante de un descomposición cada vez más amplia y notoria del régimen bolivariano. El régimen plebiscitario de Chávez, que revindicaba para sí la masividad del voto popular, se ha ido convirtiendo en un régimen de facto, que gobierna por decreto, con un rechazo mayoritario de la población y violentando la mayoría de la Asamblea Nacional ganada por la derecha en forma abrumadora en las ultimas elecciones.

 

El autogolpe se da en el marco de una agudización insoportable de la desorganización económica. El desabastecimiento, la carestía incontrolable que llega al 500% anual, la desvalorización de los salarios como consecuencia de ello, están haciendo estragos en gran parte de la población venezolana. A pesar de la escasez de alimentos y productos de primera necesidad -que son en su abrumadora mayoría de origen importado-, el gobierno de Maduro viene reservando las divisas para el pago de la deuda externa.

 

El chavismo ha pagado escrupulosamente, hasta ahora, los vencimientos de capital e intereses a los fondos internacionales, a costa de crecientes penurias populares, un freno al gasto de mantenimiento y a las inversiones de PDVSA y de la infraestructura estatal y, de un modo general, de los insumos importados, lo que ha redundado en una progresiva paralización de la producción y en un defol con los acreedores locales. Empresas extranjeras de servicios tecnológicos han salido del país. Las operaciones comunes con empresas extranjeras están congeladas.

 

La suma de la deuda externa de PDVSA y de la administración nacional es de alrededor de 80 mil millones de dólares, sin considerar la deuda con China, que es pagada con exportación de crudo y, que por lo tanto, no reporta ingreso de divisas.

 

Este descalabro no ha sido un obstáculo para que Maduro persista en esta orientación, que se empeña en preservar a fuerza de nuevos ajustes y devaluaciones. Desde comienzos del año pasado, el gobierno lanzó un paquete de iniciativas económicas en lo que llamó “Agenda Económica Bolivariana”. Los discursos contra la “guerra económica” ofician como pantalla, mientras Maduro viene otorgando nuevas concesiones y prebendas al capital, que van de la mano de un ataque en regla al bolsillo popular.

 

Entre las medidas económicas sobresalen la fuerte devaluación de la moneda, la mayor apertura económica al capital extranjero en distintas áreas, las mayores facilidades a sectores empresariales, sobre todo exportadores. Además de un mayor endeudamiento, subsidios a empresarios para la producción local, acompañado de liberación de precios, la fuertísima depreciación del salario mediante la inflación y congelamiento en la discusión de los convenios colectivos. 

 

Apenas tres días antes de la disolución del Parlamento, el gobierno anunció una mayor “flexibilización cambiaria”, que no es más que una envoltura elegante a una nueva y drástica devaluación.

 

Esta política de seducción al capital, sin embargo, no ha servido para revertir la desorganización economica ni la fuga de capitales, ni el sabotaje empresario. El gran capital internacional toma distancia del régimen y presiona por acelerar el desenlace de la crisis política.

 

El autogolpe fue precipitado por la intención del gobierno de privatizar las operaciones de PDVSA sin pasar por el control parlamentario-o sea por decreto. Este golpe en favor de los pulpos termina de destruir la principal bandera que reivindicaba para sí el chavismo.

 

Militarización

 

Los últimos episodios colocan más que nunca a las Fuerzas Armadas como árbitro de la situación política. Este proceso fue pavimentado por el chavismo. La militarización creciente del Estado fue alentada y justificada con el argumento de que se trataba de una militarización “ bolivariana”. Este proceso, sin embargo, no fue progresivo sino reaccionario. Históricamente, estos gobiernos de facto han presidido las transiciones entre un régimen político y social y otro.

 

El recule del gobierno va a acentuar el ritmo de la transición. Se van a profundizar las presiones internas y externas para precipitar un desenlace. Por lo pronto, la oposición fragmentada y de capa caída, ha recuperado aliento y ha puesto en marcha un plan de acciones callejeras, con el apoyo de la Iglesia que ha llamado a la “desobediencia civil” contra el regimen. La Asamblea Nacional, a su turno, activó el proceso de remoción de los siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia que emitieron la sentencia con la que intentaron atribuirse los poderes del Parlamento.Por su parte, a nivel internacional, aunque no existe homogeneidad en el punto, el secretario general de la OEA, con el apoyo de algunos de sus países miembros -incluido el gobierno argentino y la mayoría del peronismo que apoya la ‘gobernabilidad’ de Macri-, plantea la aplicación de la “cláusula democrática” contra Venezuela. Esto significa declarar a Venezuela oficialmente en defol, porque quita respaldo legal internacional a cualquier préstamo o financiamiento que solicite el gobierno de Maduro, e incluso a sus operaciones comerciales. Estamos en presencia de la mayor de las hipocresías: el golpista Temer, el régimen paraguayo que destituyo, en su momento, al presidente Lugo, así como los que lo mancaron, aparecen como defensores de la democracia.

 

Esta en marcha un “cambio de frente de la burguesía. La derecha alienta una salida golpista, con mas razón si

tenemos en cuenta el fracaso en su tentativa por hacer prosperar el referéndum revocatorio y el fiasco de la mediación papal tendiente a buscar una fórmula de compromiso. Qué la derecha quiere enfrentar el autogolpe de Maduro con un golpe propio alcanza para mostrar que las apelaciones a la democracia no pasan de la pura demagogia. La derecha tiene un largo historial de golpes fracasados contra el chavismo, por lo que ahora sabe que debe apelar al concurso de un sector clave del régimen como son las Fuerzas Armadas para poder lograr su propósito.

 

La clase obrera y la izquierda

 

En Venezuela hay una crisis de poder irreversible: una definición de la situación política depende de una salida de poder. El reconocimiento de una crisis de poder significa que el poder oficial del chavismo es un espectro, cuyo recurso último de defensa no es la movilización popular, que no quiere ni podría realizar, sino que se asienta en una esperanza cada vez más lejana, en un respaldo de las Fuerzas Armadas. La oposición de derecha, por su lado, ya se encuentra llamando a un golpe militar para implantar su salida ‘democrática’. Es necesario explicar este cuadro político a los trabajadores para explotar este momento de la crisis y las etapas subsiguientes de ella para desarrollar una alternativa socialista de la clase obrera.

 

La izquierda y la clase obrera deben emerger como un factor político independiente en la crisis del país que esta polarizada políticamente por la burguesía. Esto habla de la actualidad de la batalla por la convocatoria de un congreso de trabajadores, motorizado, en primer lugar, por el movimiento obrero combativo y la izquierda para aprobar un programa y una salida obrera frente a la crisis nacional: luchar contra el desabastecimiento, promoviendo la constitución de asambleas populares que elijan comités de control y gestión para evitar los negociados y el control obrero en los lugares de trabajo Asambleas fabriles y sindicales para reclamar la convocatoria a paritarias y la imposición del ajuste automático de los salarios frente a la inflación. Terminar con el flagelo de la desocupación y la tercerización que es impulsado por las patronales a caballo de la crisis, planteando la incorporación de todo el personal a planta permanente y el reparto de las horas de trabajo existentes sin disminuir salarios. La fuga de capitales plantea el problema de la nacionalización de la banca y del comercio exterior, bajo control directo de las asambleas obreras y, en primerísimo lugar, la suspensión del pago de la deuda externa. En oposición al autogolpe y salidas democráticas de derecha y golpistas, llamamos a la izquierda y al movimiento obrero combativo a discutir e impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de un gobierno de trabajadores.