La reunión del Grupo de Lima en Bogotá, que contó con la presencia del vicepresidente norteamericano Mike Pence y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, fue empleada por los yanquis para anunciar nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y para reclamar a sus socios latinoamericanos que avancen en el congelamiento de activos de Pdvsa en sus países. Pence volvió a insistir en que “todas las opciones están sobre la mesa”, en referencia a una posible intervención militar.

El cónclave golpista se produjo apenas 48 horas después del megaoperativo para el ingreso de la “ayuda humanitaria” a Venezuela a través de los pasos fronterizos con Colombia y Brasil. Este operativo fracasó en su propósito de hacer ingresar la ayuda y de producir un quiebre en las fuerzas armadas venezolanas, al conseguir apenas un puñado de deserciones sin mayor relevancia. De todos modos, la represión contra los convoys y el incendio de dos camionetas con ayuda podrían ser instrumentados a futuro por los golpistas como pretexto de una operación militar.

A la hora de analizar el 23F, que había sido bautizado por algunos medios como un “día D” contra Maduro, El País de Madrid resume que “la postal de una cadena humana que hiciera ingresar el sábado en Venezuela las ayudas solicitadas por Juan Guaidó nunca llegó” (25/2). La derecha y el imperialismo no lograron suscitar una pueblada de la población hambrienta que pusiera en retirada al régimen o justificara una invasión. Debieron contentarse con un festival.

Del otro lado, sin embargo, el régimen de Maduro no mostró ninguna capacidad de movilización popular, sosteniéndose fundamentalmente por la represión de las fuerzas armadas, el aparato policial y según algunas denuncias, de grupos paraestatales. Maduro no parece despertar ningún entusiasmo entre las masas.

La disputa por las Fuerzas Armadas se ha vuelto más intensa que nunca en este áspero escenario. Los yanquis y Guaidó les ofrecen una amnistía y al mismo tiempo esgrimen la amenaza del garrote si no se pliegan a la oferta. De modo nada sutil, un “alto funcionario” estadounidense entrevistado por la agencia EFE amenazó al alto mando militar venezolano al asegurar que saben “dónde tienen su dinero” y que “casi toda la jerarquía militar venezolana tiene sus familiares fuera de Venezuela” (Punto de Corte, 22/2). Las fuerzas armadas juegan un papel enorme en la economía del país: están metidas en el petróleo, la minería, la construcción, la fabricación de armamento, prestan servicio para la distribución de alimentos, comercializan vehículos, poseen una compañía de seguros, etcétera. Maduro acentuó las prerrogativas del sector castrense con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de diciembre de 2017, que excluye a la Contraloría General de la República de la fiscalización de empresas manejadas por militares.

Intervención militar

Tras el gusto amargo del 23F, Guaidó y otros importantes referentes de la derecha venezolana insistieron en la posibilidad de una intervención militar extranjera, aunque el primero matizó después sus declaraciones. La perspectiva de una intervención militar fue rechazada en la reunión del Grupo de Lima por Colombia y Brasil, dos piezas que serían importantes en ese operativo. La Unión Europea también ha expresado su oposición.

El escenario de una intervención militar no sólo despierta un recelo a la luz de las dificultades que ha encontrado el imperialismo en Siria y Afganistán. También lo hace porque incluso en caso de éxito no asegura un control ulterior del país, como lo muestra la desintegración de Libia tras la caída de Khadaffi. Asimismo, puede desencadenar un fuerte repudio popular tanto en Venezuela como en toda América Latina. Un columnista de Clarín (15/2) ha recordado que los bombardeos de la Otan contra Yugoslavia en 1999 despertaron un fuerte rechazo incluso en la población que se oponía a Milosevic.

La “salida ordenada” de Maduro que promueven los europeos, vía una negociación y nuevas elecciones, presenta sus propias dificultades, porque Venezuela se ha transformado en un escenario de disputas de las grandes potencias, que defienden cada una de ellas sus propios intereses. Una salida “ordenada” exigiría una difícil conciliación de intereses encontrados que pujan por los recursos venezolanos y la influencia política en la región.

En paralelo a las diatribas de Trump, delegados del Grupo de Contacto patrocinado por la Unión Europea se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez a los efectos de gestionar el ingreso de asistencia humanitaria, algo que el gobierno venezolano aceptó, mientras persigue simultáneamente el auxilio de ayuda humanitaria rusa. El gobierno de Maduro ha reconocido, finalmente, el calibre de la crisis social en el país.

Pobreza

El fracaso del 23F no debe hacer perder de vista la debilidad del gobierno de Maduro. El gobierno conserva el respaldo del alto mando de las Fuerzas Armadas, no obstante lo cual algunos analistas aseguran que se produce “un goteo que está erosionando la roca” (El País, 22/2), en referencia a la deserción de uniformados. La gigantesca crisis social y la presión imperialista horada al gobierno. Guaidó ha puesto en pie Voluntarios por Venezuela, una red paralela de asistencia social para disputar frente a los Clap, un programa de apoyo alimentario que es vital para el sostenimiento del gobierno en las condiciones de pobreza del país. Desde 2016 se ha producido una “vertiginosa proliferación de asociaciones solidarias” (ídem, 21/2). A esto hay que añadir el aparato de la Iglesia católica, que es opositora a Maduro. El Plan País de Guaidó, que promueve una política de privatizaciones y ataques a las masas, incluye entre sus puntos el traspaso de la asistencia social a ONG’s y fundaciones, una vía para la injerencia del gran capital y del imperialismo.

Abajo el  golpe

La jornada del 23F ha mostrado la importancia de un planteo frente a la crisis social. Frente a la extorsión de la derecha y el imperialismo, planteamos una ayuda humanitaria internacional bajo control de las organizaciones obreras y de representantes electos en los lugares de trabajo.

Este es un elemento importante como parte de una campaña antiimperialista continental que denuncie la política golpista, empezando por los Macri, Duque y Bolsonaro que actúan como soportes. Esto debe ser llevado adelante sin ningún aval al régimen chavista que ha enriquecido a una boliburguesía y ha conducido a Venezuela a un callejón sin salida.

Como parte de la lucha contra el golpe, el Frente de Izquierda ha convocado a movilizarse a la embajada norteamericana.

 

TE PUEDE INTERESAR:

El FIT  convoca a movilizar a la embajada yanqui contra la intentona golpista en Venezuela

Venezuela: las dos caras del golpismo

Respondamos al bloqueo de Trump contra Venezuela