El gobierno venezolano viene desarrollando una sistemática ofensiva para regimentar al movimiento sindical e integrarlo sólidamente al Estado; para ello, está decidido a poner al frente de los sindicatos a una burocracia sindical “chavista”.

La ofensiva está encabezada por el ministro de trabajo José Ramón Rivero. De pasado trotskista (fue morenista), Rivero es uno de los principales dirigentes de la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores (FSBT), la tendencia burocrática más derechista de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores). La UNT nació como central alternativa ante el hundimiento de la vieja CTV, agente de los “escuálidos” y participante del golpe contra Chávez. Rivero, que es un declarado enemigo de la independencia política de los sindicatos e impulsor de su integración al estado, se las ha ingeniado para reciclar dentro de la FSBT a viejos burócratas de la CTV.

Un nuevo episodio de esta ofensiva ocurrió a mediados de agosto, cuando Rivero se negó a recibir a los dirigentes del sindicato de trabajadores del Estado (Fentrasep) ligados a la corriente C-CURA (encabezada por Orlando Chirinos), que constituye el ala izquierda del sindicalismo venezolano. Los dirigentes, que habían concurrido al ministerio para presentar un proyecto de convenio colectivo, fueron encerrados en un salón del ministerio, sin agua ni luz, donde debieron pasar varios días. Luego fueron echados violentamente del ministerio por una patota armada de la FSBT.

El ministro, que se negó a recibir el anteproyecto de convenio presentado por la C-CURA, sí había aceptado el presentado por Franklin Rondón, un repudiado burócrata de la FSBT. El convenio colectivo de los estatales está vencido hace tres años, al igual que el mandato de la directiva del sindicato. El ministerio se niega a convocar a elecciones porque teme que sus hombres sean derrotados. Una gran parte de los trabajadores estatales –según denuncia Chirinos– se encuentran con contrato precario y realizan jornadas de hasta doce horas.

El cajoneo ministerial de los convenios colectivos, para forzar la subordinación de los sindicatos al estado, está a la orden del día.

Lo mismo sucede en petroleros, que tienen su contrato colectivo desde hace nueve meses. En Coca-Cola, donde la mayoría de la dirección del sindicato pertenece a la C-Cura, el ministerio se niega a homologar el convenio ya firmado por la patronal, porque fue impugnado por un grupo minoritario ligado a la FSBT. Con el aval del ministerio, la empresa pública “Puertos de Sucre” se niega a discutir el convenio colectivo; lo mismo la patronal del hotel Anauco Suites, que tienen su convenio vencido desde hace tres años. En estos dos últimos casos, las direcciones sindicales a las que se impide negociar sus convenios colectivos están ligadas a la CTR, una corriente burocrática de la UNT, encabezada por Marcela Maspero.

Uno de los golpes más violentos de Rivero contra el movimiento obrero tuvo lugar en Sanitarios Maracay. Se trata de una planta gestionada por sus trabajadores desde hace más de nueve meses luego de que fuera abandonada, cargada de deudas, por la patronal. Rivero rechazó todos los reclamos obreros de expropiación de la planta. Articuló con la patronal fugada y un grupo de trabajadores y empleados ligados a la FSBT una operación para devolver el control de la planta a su antiguo propietario. El viejo dueño de Sanitarios Maracay fue un activo militante del golpe contra Chávez. A mediados de agosto, “con la anuencia del despacho laboral” (El Universal, 14/8), la patronal vaciadora retomó el control de la planta.

Frente a la acción y las reivindicaciones de la clase obrera, el nacionalismo burgués, incluso si se declara “socialista”, muestra la hilacha reaccionaria. La estatización de los sindicatos que promueve el chavismo es absolutamente reaccionaria porque busca eliminar a la clase obrera como un factor político independiente. En la misma dirección apuntan la formación de un partido único estatizado y la reforma constitucional.