Las medidas de ajuste anunciadas por Nicolás Maduro a mediados de febrero no resolverán los enormes desequilibrios de la economía venezolana. La gasolina aumentó más del 1.000%, pero partiendo de un precio insignificante, en tanto que la devaluación del bolívar no es suficiente para frenar el vuelco de divisas al mercado negro ni parece capaz de detener la sobrefacturación de importaciones. Venezuela afronta importantes vencimientos de deuda este año y no está claro que pueda cancelarlos en el cuadro de hundimiento de los precios del petróleo. Financial Times aboga abiertamente por el defol y el ministro de petróleo, Eulogio del Pino, asegura que existen conversaciones con la banca internacional para un refinanciamiento de la deuda de PDVSA (Aporrea, 23/2).

 

Si Maduro no ha avanzado más en las medidas de ajuste es por el temor a una explosión social (el 76% de los venezolanos ha caído en la pobreza y el desmadre inflacionario llevó la canasta alimentaria diez veces por encima del salario mínimo). El nuevo ministro de Economía, Miguel Pérez Abad, es caracterizado como “uno de los representantes del sector más pragmático de la revolución bolivariana” (La Nación, 17/2). Pese a este intento de entendimiento con el capital, en Venezuela se discute abiertamente la salida de Maduro del poder.

 

Transición negociada

 

Con su popularidad en caída, la idea de una renuncia o una salida de Maduro estaría encontrando adeptos incluso dentro de sectores del chavismo y existirían canales de negociación abiertos entre dichos sectores y la oposición. Las variantes que se examinan al interior de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) van desde un reclamo de renuncia de Maduro hasta el referéndum revocatorio y una Constituyente, pasando por una enmienda constitucional que recorte el período presidencial. El problema de casi todas estas variantes es que chocarían con el veto del oficialista Tribunal Supremo de Justicia y agudizarían la crisis de poder abierta con el triunfo opositor en las eleccciones legislativas (el Supremo acaba de recortar las atribuciones del Parlamento y éste impugna muchos de los nuevos jueces designados).

 

Más que una salida abrupta de Maduro, la línea que prevalece es la de una transición negociada. Es, por ejemplo, lo que reclama The Economist (5/2).

 

Por izquierda, Heinz Dietrich alienta un acuerdo “entre el chavismo eficiente y el centro opositor” (Aporrea, 18/1), en el primero de cuyos campos ubica al vicepresidente Aristóbulo Istúriz. Si Maduro fue en algún momento una carta de contención de las masas, la acelerada descomposición del régimen bolivariano plantea su potencial desplazamiento como elemento de descompresión política.

 

Pero el planteo de una transición indolora es una quimera en medio de los profundos desequilibrios existentes y el ajuste brutal que requieren la burguesía y el imperialismo. La agudización de la crisis económica ha instalado en la agenda el temor a un nuevo Caracazo. En medio de este agitado panorama, los gobernadores de extracción militar (chavistas) y las Fuerzas Armadas han salido a respaldar explícitamente a Maduro frente a los rumores que hablaban de una rebelión militar.

 

A la luz de todos estos elementos, es claro que Venezuela transita una crisis de poder. La izquierda no puede, en este escenario, confinarse a la lucha reivindicativa, sino que debe ofrecer una salida política. La pertinencia del llamado a una Asamblea Constituyente que reorganice el país sobre bases socialistas debería ser puesto a discusión.