La declaración por parte de Maduro del “estado de excepción” el pasado 13 de mayo implicó un nuevo salto en la característica golpista que adquirió el régimen chavista. Mediante esta medida se amplía la capacidad del Ejecutivo para cercenar libertades democráticas, reprimir manifestaciones y emitir deuda. Este “pasaje del bonapartismo plebiscitario al bonapartismo de facto” (Prensa Obrera N°1.410) se desarrolla como experiencia declinante -lo contrario a una afirmación de poder. La camarilla “madurista” se aferra a la conducción del Estado en medio de un impasse extraordinario, pues carece de un programa para afrontar el deterioro monumental de la vida social venezolana. El nacionalismo rentista se derrumba confesando que no tenía alternativa prevista para la declinación de los precios de las materias primas -una negación de cualquier tipo de desarrollo genuinamente autónomo.

 

En este marco de sistemática degradación, la declarada negativa de Maduro y compañía respecto a la realización del referendo revocatorio, para el cual la oposición asegura haber reunido diez veces más que las firmas necesarias, atiza el fuego del golpismo y el autogolpismo.

 

“Evitar un caracazo”

 

A la derecha proimperialista, naturalmente, le importa un bledo “la democracia”; quiere sacarse de encima a Maduro a como dé lugar, pero teme más que a la peste un desenlace que se vaya de control. Idéntico recelo tienen los propios Estados Unidos y el Vaticano, que intentan contener estas contradicciones, comprometidos como están en un delicado reordenamiento general de América, desde Cuba y Colombia hasta los buitres que sobrevuelan Buenos Aires. Las “preocupaciones” sobre una salida militar a la crisis que dejan trascender funcionarios norteamericanos buscan reforzar la extorsión a Maduro para que abandone el poder y dé paso a una “transición ordenada”; sentido similar tuvo la carta del Papa, y la visita de Rodríguez Zapatero -un lobbista de la banca española. El propio Macri viró, y se suma al “equipo” de la “transición ordenada”, tras instar a Malcorra a moderar sus dichos respecto a la “Carta Democrática” de la OEA, y postular, él mismo, “la necesidad del diálogo” (La Nación, 21/5). Existe la preocupación que el desmadre derive en una situación revolucionaria. Quien más claro expresa la cuestión es Capriles: “hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no haya una reedición del Caracazo de 1989. Lo que puede darse en Venezuela son muchos estallidos que generen una situación que se nos escape de las manos” (El País, 20/5).

 

El arbitraje de las Fuerzas Armadas

 

En Venezuela, las Fuerzas Armadas aparecen como un actor ineludible de la crisis, lo cual ilustra otro límite insalvable de la experiencia nacionalista.

 

La división en sus filas es señalada por oficialistas y opositores; Heinz Dieterich, un destacado chavista que aboga por una “retirada táctica”, señaló hace varias semanas que “la fracción del general madurista Padrino López reafirma la política de ‘ni un paso atrás’ de Stalingrado, [mientras] el grupo del general chavista Rodríguez Torres aboga por la política de la retirada táctica: una solución política negociada con las fuerzas del 6-D” (se refiere al bloque que derrotó a Maduro en las últimas elecciones). Cualquiera sea la variante que se abra paso, lo que está claro es que no hay “poder popular” si el destino de semejante crisis reposa en las manos de una camarilla corrompida o de fracciones de un ejército estatal organizado de arriba para abajo.

 

Por una intervención independiente de la clase obrera

 

No nos privamos de insistir: rechazamos que el hundimiento de las experiencias nacionalistas configuren una derrota de las masas -eso dependerá de la lucha de clases, y de la calidad de la intervención de la izquierda revolucionaria para emerger como alternativa política frente a la crisis. La clase obrera debe emerger como factor independiente en la escena política venezolana. La situación excepcional que el país atraviesa pone al rojo vivo la necesidad de la convocatoria de un congreso de trabajadores para discutir una salida obrera a la crisis y reclamar una asamblea constituyente libre y soberana, que sea convocada por un gobierno de trabajadores.