Las elecciones de gobernadores y alcaldes le dieron un triunfo al gobierno de Nicolás Maduro, que se alzó con la gran mayoría de los puestos en juego. Sin embargo, fue en el cuadro de una abstención cercana al 60% (casi veinte puntos por encima de las regionales de 2017). La novedad de estos comicios fue la presencia de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una alianza de fuerzas opositoras que venía boicoteando las convocatorias anteriores. Pese a su regreso a las urnas, la participación del electorado no creció demasiado: pasó del 30% en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que marcaron la reconquista de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo, al 42%.

El PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) se quedaría con 20 de las 23 gobernaciones en juego. En 18 ya está confirmada su victoria, en tanto que iba al frente también en Apure y Barinas, en dos apretados recuentos. En las regionales de 2017, el oficialismo había ganado en 18 provincias, contra 5 de la oposición.

El gobierno arrebató a sus rivales tres provincias (Táchira, Mérida y Anzoátegui), mientras que perdió Cojede. El triunfo opositor más importante se da en Zulia, el estado más poblado del país. Allí venció Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos que integra la MUD.

En cuanto a las alcaldías, el PSUV gana en 205, contra 117 de la suma de las dos alianzas opositoras que se presentaron (MUD y Alianza Democrática) y de otros partidos. Es más que las 29 que habían conseguido en 2017 (El Nacional, 23/11). Sin embargo, el oficialismo ganó casi todas las capitales, incluyendo Caracas.

En resumidas cuentas, el gobierno gana y conserva la mayor parte de los cargos en juego, a la vez que sabe explotar las disensiones opositoras, pero pierde capacidad de movilización electoral. Esto en el marco de una situación social devastadora: una inflación que aún es del 20% mensual, un salario mínimo de 2 dólares mensuales, una infraestructura destruida que conduce a frecuentes apagones eléctricos, y el regreso de la cocina a leña ante la falta de gas. Muchos señalan un clima de indiferencia en la población respecto a las elecciones, y una concentración en las urgencias de la vida diaria.

En cuanto a la MUD, protagoniza un regreso deslucido, dado que no logró alterar sustantivamente el mapa político ni presentar una oposición unificada: en forma separada, compitió también la Alianza Democrática, que reúne al bloque colaboracionista que ya había participado de las legislativas del año pasado; a la vez, el autoproclamado presidente Juan Guaidó y el sector de Corina Machado (Vente Venezuela) sostuvieron el boicot.

El principal promotor del retorno a las urnas fue Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, ante la constatación del fracaso de la tentativa golpista de Guaidó. Ante ese revés, el imperialismo, sin abandonar el bloqueo económico, ha promovido una mesa de negociaciones en México, entre gobierno y oposición (en esta sí comparece el sector de Guaidó). Empezó bien, aunque entró en crisis debido a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, un hombre del régimen venezolano.

Si bien han hecho críticas al proceso electoral, la Unión Europea y el norteamericano Centro Carter enviaron observadores. Previamente, a modo de concesión, Maduro había renovado parcialmente el Consejo Nacional Electoral.

Ajuste y entrega

La dispersión opositora no solo es fruto del fracaso del golpe promovido por el imperialismo, sino también de la dificultad para encontrar un eje político. Esto se debe a que Maduro ha encarado él mismo las tareas de ajuste y entrega. En el último período, el gobierno puso fin al control de precios, recortó subsidios, y convalidó una dolarización de la economía, que ya abarca al 67% de las transacciones comerciales y ha conducido a una acentuación de la desigualdad social.

A su vez, Maduro emprendió un proceso de privatización en el petróleo y la minería, apetecible para el gran capital internacional. Hasta hoy, de ese proceso se han beneficiado sobre todo Rusia y China, con quienes el régimen acentuó los lazos para contrapesar el bloqueo imperialista. Pero es probable que las compañías norteamericanas y europeas no quieran quedarse afuera del festín.

El gobierno viene tendiendo puentes, en tanto, con el sector privado nacional. Un dato importante es que la vicepresidenta Delcy Rodríguez participó en julio de la Asamblea Anual de Fedecámaras, la principal organización empresaria del país. Hacía 15 años que el gobierno no enviaba allí un representante. El entonces presidente del conglomerado, Ricardo Cussano, dijo en su discurso: “me gustaría que cortemos la tensión, queremos construir soluciones, queremos reencontrarnos”, y luego apuntó contra los “radicales de ambos bandos” (El País, 21/7). También le dio su aval al proceso electoral y a la mesa de negociaciones en México.

La reaproximación se debe tanto a las concesiones del gobierno como a la necesidad de resolver un cuadro calamitoso. La capacidad industrial se ubica apenas por encima del 20%, y desde 2012 ha retrocedido un 60%, según un informe de la Conindustria (18/11). En cuanto a la producción de petróleo, ha caído a medio millón de barriles diarios, contra los casi 3 millones de 2010. Y el país padece una escasez de gasolina.

Independencia política

De una política limitada de estatizaciones y desarrollo de una gran malla de contención social, el régimen venezolano ha ido virando a una reprivatización y un ajuste ortodoxo. Esto ha conducido a rupturas por izquierda dentro del oficialismo. En vísperas de las legislativas del año pasado, se formó la Alianza Popular Revolucionaria (Partido Comunista, Patria para Todos y otros), que obtuvo entonces el 2,7% de los votos y se presentó también a estos comicios, aunque fueron proscriptos varios de sus candidatos. El error de estos grupos es que oponen a Chávez y Maduro, sin considerar que, más allá de sus diferencias, expresan dos momentos de un mismo proceso, el del nacionalismo burgués.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL, integrante -junto a Izquierda Socialista de Argentina- de la UIT), que en 2012 postuló al dirigente obrero Orlando Chirino como candidato presidencial, llamó a la abstención, planteando que “no hay ninguna razón para participar en estos comicios fraguados entre el gobierno y la oposición patronal”. Denunció, a su vez, que “estas son unas elecciones que se realizarán con partidos ilegalizados, como el caso de nuestro partido”. Tanto el PSL como la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), afín al PTS argentino, que también llamó a la abstención o voto nulo, señalan en sus materiales un cuadro de reflujo en las luchas del movimiento obrero.

La situación venezolana reclama una salida de los explotados, que enfrente claramente el bloqueo del imperialismo, pero también el ajuste y represión de Maduro. Es clave un plan de reivindicaciones frente a la crisis (en defensa del salario y las condiciones de vida) y un gobierno de los trabajadores como orientación estratégica.