En las recientes elecciones venezolanas, el chavismo ganó 18 de las gobernaciones en juego, incluido el Estado de Bolívar -cuyo resultado final, por tratarse de una elección muy reñida, se conoció días después-; mientras la oposición sólo se quedó con cinco. La victoria oficialista comprende los principales distritos, incluidos los de la capital.

 

El gobierno se envalentonó con el resultado hasta el punto de dejar en el limbo a los gobernadores opositores triunfantes, de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), prohibiéndoles que presten juramento ante las asambleas legislativas regionales y amenazándolos con destituirlos y encarcelarlos si no juraban previamente ante la Asamblea Constituyente chavista. Esto precipitó la fractura de la oposición: cuatro gobernadores, ligados a Acción Democrática (la fuerza de Henry Ramos Allup), aceptaron jurar ante aquella institución, lo que fue calificado por Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, como un acto de “traición y engaño”. El ex candidato presidencial, Henrique Capriles, anunció su salida de la coalición opositora.

 

Las denuncias de fraude por parte de la oposición no alcanzan a encubrir la contundente derrota que sufrió en los comicios. A medida que pasan los días se suman nuevas voces de la oposición reconociendo dicho revés y admitiendo que no hubo fraude o que fue secundario. La oposición obtuvo 11 puntos porcentuales menos en comparación con el 56% de respaldo que logró en las elecciones parlamentarias de 2015. Una de las razones de este retroceso obedece al crecimiento de la abstención: entre aquellos y estos comicios, la participación electoral se redujo del 74 al 61%, y la coalición opositora (MUD) -como lo admitió uno de sus referentes- “no fue capaz de movilizar a sus simpatizantes para emitir su voto”.

 

Según los resultados oficiales, el chavismo conquistó 5,5 millones de votos. Este número dista de los 8 millones que, según el gobierno, dieron su apoyo a la Asamblea Constituyente en los comicios del pasado 30 de julio, pero fue suficiente para superar a la oposición, que no llegó a 5 millones y perdió más de 2 millones de apoyos respecto del triunfo obtenido en las elecciones legislativas de 2015.

 

A esto hay que agregar la creciente división del arco opositor, que en diversos estados se presentó en varias listas, favoreciendo el triunfo oficialista.

Más que por la vitalidad del gobierno -que no la tiene-, la derecha ha sucumbido a sus propias contradicciones. “Nadie puede apoyar a un liderazgo que no sabe lo que quiere”, afirmó en forma crítica Torrealba, uno de los líderes opositores. Este desenlace no debería sorprender si tenemos presente el golpe que representó la Constituyente para la oposición. La MUD demostró su impotencia para impedir la elección de dicho organismo. La estrategia llevada adelante de “la lucha en la calle” no dio el resultado esperado y eso acentuó la desmoralización y disgregación de sus filas. A partir de ese momento, las convocatorias de la derecha para ganar la calle fueron perdiendo fuerza y reduciéndose progresivamente en número de manifestantes. En medio de este recule, la oposición, después de muchos cabildeos, decidió presentarse a elecciones regionales, lo cual no impidió que sectores de ella rechazaran esa propuesta y optaran por no presentarse a los comicios.

 

El chavismo

 

Maduro retomó la iniciativa con la Constituyente y el resultado electoral de las elecciones regionales representa un nuevo aliento en ese sentido. Aprovechando este escenario, Maduro estaría estudiando adelantar las elecciones municipales e incluso las presidenciales.

 

Pero cualquiera sea el entusiasmo oficial, no puede disimular el hundimiento económico del país. Las estimaciones hablan de un 2.300% de inflación para 2018 y una caída del PBI del 12% este año y al menos un 6% el año próximo. La Asamblea Constituyente ha ratificado el rumbo que venía desarrollando el gobierno -empezando por el pago de la deuda externa, que se sigue haciendo puntualmente, aunque haya que sacrificar, dada la escasez de divisas, la importación de medicamentos, alimentos y productos básicos imprescindibles para la población. La Asamblea Constituyente, que concentra en sus manos el poder, acaba de aprobar un aumento de los salarios del 40% que ni siquiera termina de ser un paliativo, si nos atenemos a la hiperinflación existente. Esto alimenta el disconformismo reinante en las filas de los trabajadores, de la que ha dado muestras la huelga de Sidor (ver pág. 14).

 

Entretanto, el gobierno pretende avanzar en la privatización petrolera y minera -incluida la abolición del monopolio estatal del comercio exterior de hidrocarburos. El propósito es tratar de lograr un alivio al ahogo financiero y económico, entregando la cuenca del Orinoco a la explotación directa de las corporaciones internacionales, incluido el derecho a la exportación. Esto tiene como principal destinatario a la petrolera rusa Rosneft y también incluye a China. La operación, de todos modos, sigue trabada, desde el momento que la Constituyente -que es la que está llamada a darle luz verde a estos acuerdos- no ha logrado reconocimiento internacional. Las tratativas con rusos y chinos, por ahora, sigue en el freezer y el régimen ruso ha declarado que no va a otorgar nuevos préstamos, más allá de los 6.000 millones de dólares que ya había desembolsado en el pasado como adelanto a cuenta de la entrega de combustible. Del mismo modo, China ha desechado ampliar el financiamiento al país caribeño.

 

Aunque no se llegó al extremo de un embargo petrolero, la Casa Blanca viene aumentando su presión económica, prohibiendo que los bancos estadounidenses operen con nuevos bonos venezolanos más allá de los que están en circulación, así como su negociación en el mercado de valores. Esto implica quitarle al gobierno venezolano una de sus pocas fuentes de financiación. En medio de las amenazas de Trump de dar por concluido el acuerdo con Irán y el deshielo con Cuba, las tendencias a una salida consensuada a través de una mediación internacional tienden a esfumarse. La creación de un nuevo marco de negociación con la derecha no tiene por el momento perspectivas de prosperar, con más razón luego del naufragio de la oposición en las elecciones.

 

Perspectivas

 

El chavismo ha revelado una capacidad mayor de sobrevivir de lo que muchos analistas habían pronosticado, teniendo en cuenta su descenso en la popularidad y la descomposición económica y social reinante. De todos modos, estos recursos tienen límites precisos. La situación económica y social es insostenible en el tiempo y el chavismo lo único que ha hecho es continuar con el rumbo que condujo al actual desastre. Lejos de ser una fuente para promover una transformación y crear una nueva realidad, la Constituyente prolonga una agonía, que agrava el empantanamiento y la crisis social vigente y pavimenta el camino para un estallido. A término, el inmovilismo del régimen chavista dejaría como única salida un golpe militar.

 

El FMI tiene elaborado un plan de rescate financiero de Venezuela que arrojaría unos 30.000 millones de dólares -pero que reserva para una transición, previo relevo del gobierno actual. El capital internacional aboga por una salida política que apunte a una privatización completa de PDVSA y una apertura sin restricciones de la explotación minera y petrolera al capital extranjero, que iría de la mano de un ajuste social en regla.

 

El hecho de que la oposición haya perdido poder de fuego, contradictoriamente, puede estimular la iniciativa de lucha y movilización independiente de los trabajadores, reprimida o inhibida hasta ahora por la amenaza derechista. Por otro lado, la concentración del poder en manos del chavismo puede terminar oficiando de disipador de los choques y disidencias internas, que pueden empezar a filtrarse en un organismo deliberativo copado integralmente por el oficialismo, como lo es la Asamblea Constituyente.

 

Izquierda y clase obrera

 

Un capítulo especial lo merece la izquierda, que ha oscilado entre un seguidísimo “crítico” al chavismo hasta actuar como furgón de cola de la oposición. El partido Socialismo y Libertad (afín a Izquierda Socialista en la Argentina) caracteriza que una rebelión popular está en curso y llamó a no participar en las elecciones: no hay que votar sino movilizarse para voltear a Maduro “en la perspectiva de retomar la rebelión popular contra el gobierno hambreador y represivo” y lograr su continuidad hacia una salida “política independiente del PSUV y la MUD”. Se trata de un contrasentido, pues a nadie se le escapa que esa rebelión estaría comandada por la derecha y lo único que podría parir es una salida política a la medida del gran capital. Concretamente, el planteamiento político del PSL, por más que se lo pretenda vestir como una alternativa independiente, coincide con el planteo del ala golpista-radical de la MUD.

 

En la vereda opuesta, Marea Socialista (que integra la corriente internacional del MST argentino) participó de las elecciones e hizo campaña contra la abstención, instando a la gente a votar. Su intervención en la elección fue a través de un rejunte de partidos que se reivindican “bolivarianos y revolucionarios”, que se dieron en llamar UPP 89, cuyas candidaturas principales fueron ocupadas por ex funcionarios recientemente desplazados del aparato oficial. Este nucleamiento se define como una “tercera posición”, una suerte de “chavismo crítico”, que llama a volver al chavismo de los orígenes y cuyo programa es una amalgama de posiciones nacionalistas y democrático-liberales, que toma prestadas y hace propias algunas de las críticas al régimen bolivariano que viene enarbolando la oposición derechista.

 

La clase obrera está ausente como factor político independiente. La condición para revertir esta situación es la completa independencia política de los trabajadores, lo cual supone una ruptura política tajante con el nacionalismo burgués y la oposición derechista. Esto plantea una superación política de la estrategia de la izquierda, que mayoritariamente viene siendo tributaria de una u otra coalición capitalista.