En los últimos días ha tenido lugar un auge de las amenazas de bomba en escuelas de distintos puntos del país –cerca de mil en el lapso de un mes–, particularmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba y, sobre todo, Buenos Aires –y dentro de esta, en localidades como Morón, Quilmes y Almirante Brown.

 

El gobierno nacional y las autoridades provinciales y locales se han apresurado, en muchos casos sin prueba alguna, en culpabilizar a los estudiantes por el conjunto de las amenazas –pese a que la magnitud de los episodios no permite descartar una acción mancomunada– y en utilizar este escenario para atacar al movimiento estudiantil y allanar el camino de nuevas iniciativas represivas en las instituciones.

 

El macrismo se asocia con Clarín para trazar una pérfida asociación entre estos hechos y la gran lucha librada por el movimiento estudiantil porteño contra la reforma antieducativa. “En el Gobierno dicen que [las amenazas] se dispararon desde que comenzaron las tomas estudiantiles en la Ciudad”, sostiene en la edición del 22 de septiembre en una nota que, a falta de argumento alguno, arroja esta hipótesis pergeñada por “especialistas” de nombre reservado: “Los chicos de la provincia ven que hay otros estudiantes que no tienen clases y por eso ellos también quieren faltar” (¡!).

 

En esta línea se anotaron también el operador Jorge Lanata y el "pedagogo" y ex funcionario macrista Mariano Narodowsky, bajo la tesitura de que “hay una falta de conducción adulta de estos adolescentes” (Radio Mitre, 20/9) –un ataque a los padres que apoyan al estudiantazo.

 

El gobierno se vale de este "clima enrarecido" para avanzar en el desguace de la educación. En este cuadro, los jóvenes en lucha de Almirante Brown destacan que el ex Nacional de Adrogué, cuya comunidad educativa viene de encabezar grandes luchas por el edificio contra el Operativo Aprender y por la aparición con vida de Santiago Maldonado, ha sido uno de los más afectados por sucesivas amenazas. Una de ellas fue cierta: encontraron una granada de mano en la institución.

 

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo del lobbysta Gabriel Sánchez Zinny, dispuso –frente a estos hechos– un protocolo de actuación en el que insta a las autoridades de las escuelas a denunciar ante el poder judicial y a funcionarios de la cartera si perciben “situaciones de conflicto o riesgos graves”, una figura establecida en el Reglamento General de las Instituciones Educativas (decreto 2299/11) sin más especificaciones que “situaciones de vulneración de derechos de alumnos” o “delitos en perjuicio de la institución o dentro de ella" (Infobae, 27/9). Vale recordar que el gobierno porteño envió a los directivos un protocolo llamando que les indica radicar la denuncia en la comisaría en caso de tomas estudiantiles y que el gobierno nacional considera "ilegales" a las mismas.

 

En el mismo sentido, el gobierno bonaerense evalúa “capacitar a personal de la policía local para que pueda revisar una escuela ante una amenaza, con el objetivo de agilizar los procedimientos que, por el momento, hacen personal especializado” (La Nación, 22/9), luego de un reguero de incursiones policiales a escuelas en el último período, para amedrentar y/o espiar a los estudiantes.

 

El intento de montarse sobre esta situación para profundizar los ataques al movimiento estudiantil debe ser repudiado y el origen de las amenazas, esclarecido.