Luego de declarar dos lock out mediante los cuales suspendió de empleo y sueldo a todos sus trabajadores –en represalia por la lucha del sindicato aceitero contra 45 despidos-, la empresa  Cargill anunció que busca empleados.

La patronal yanqui que factura 200 mil pesos por minuto publicó un pedido de pasantes universitarios (de las carreras de Contador, Licenciado en Administración, Economía, Estadística, Gestion de las operaciones, Lic en Ciencia Política, RRII,  Agrimensura, Ingeniería Civil, Electrica, Electronica, lndustrial, Mecanica y Licenciatura en Química) para cubrir vacantes en plantas ubicadas en el cordón industrial de Rosario y San Lorenzo -entre ellas la de Villa Gobernador Gálvez, donde ejecutó el grueso de los despidos.

En los detalles de la pasantía figura una “asignación estímulo” de $11.000, cuando la reciente paritaria aceitera, firmó un salario mínimo de $29.750 para el peón ingresante sin formación ni experiencia -es decir que con cada pasante la patronal se ahorra unos $3000. Otra de las reducciones de costos va por el lado de los aportes patronales, ya que la empresa se salva de pagar jubilación. Finalmente, los pasantes no tienen derecho a la sindicalización, otro avasallamiento de los derechos laborales.

El pedido se da en el marco de las llamadas “prácticas profesionales” que, lejos de ser pasantías formativas, asignan a los estudiantes tareas que están por fuera de sus respectivas áreas de estudio, por ejemplo poniendo a futuros ingenieros a llenar planillas administrativas. El objetivo es cubrir tareas con personal precarizado sin convenio colectivo de trabajo, sin derechos gremiales ni antigüedad y con un salario sustancialmente menor al que debiera percibir un trabajador del sector por la tarea.

Esto es posible debido a que la Universidad Nacional de Rosario cuenta con convenios de pasantías con Cargill y otras multinacionales, que son protegidas por el gobierno provincial y nacional, pese a que estas empresas avasallan los derechos laborales y ambientales -un tema que discute la sociedad santafecina sin que las autoridades universitarias hayan dicho una palabra al respecto.

Estas “prácticas precarizantes”, han sido pactadas por el conjunto del arco político de las camarillas universitarias, desde el rector Héctor Floriani (Cambiemos) hasta los decanos que responden al Frente Progresista, del gobierno provincial. Esta política es la confluencia entre una reforma laboral que avanza contra los derechos conquistados por los trabajadores y una reforma educativa que plantea imponerles a los estudiantes trabajo precario -e incluso gratuito- para poder recibirse.

Los estudiantes  y trabajadores debemos organizarnos por la ruptura de los convenios precarizadores entre la UNR y Cargill, de manera independiente de las autoridades y los partidos de gobierno, y exigir pasantías que sean realmente formativas, bajo convenio colectivo de trabajo y al servicio de la sociedad.

El Congreso Nacional de la UJS que se hará en Rosario el próximo fin de semana del 12 y 13 de mayo, va a organizar esta  lucha que tenemos que dar contra la reforma laboral y educativa y el conjunto de las ofensivas capitalistas contra la juventud trabajadora