La columna de opinión que publicaron los decanos entrantes y salientes de tres facultades de la UBA es un manifiesto del hundimiento político de lo que alguna vez pretendió ser una alternativa a la casta radical-peronista que dirige la universidad. Ahora asumen alegremente la defensa de esta camarilla, sin ahorrarse el recurso clásico del macartismo.

Los columnistas recurren a la mentira cuando dicen que el movimiento estudiantil que reclama la democratización de la universidad representa una “minoría”. ¿No saben acaso que esta ‘minoría’ ha ganado con gran amplitud, tanto las elecciones de Centro de Estudiantes como las de Consejo Directivo (obligatorias)? En realidad, aún no han logrado digerir la conquista por esa ‘minoría’ de ocho de trece centros de estudiantes, así como la mayoría del Claustro Estudiantil del Consejo Superior (cuatro sobre cinco representantes). Las listas kirchneristas que ellos apoyaron no lograron siquiera un registro testimonial.

Las eminencias que suscriben la columna de opinión representan a un claustro de dos mil profesores; el padrón del claustro estudiantil reúne a 300.000 personas. La "democracia universitaria", sin embargo, le otorga a los primeros una representación institucional que más que duplica a la de los estudiantes. Mientras la Reforma del ’18 consideraba a los estudiantes como "el demos universitario", el Estatuto actual -elaborado por los gobiernos de la Fusiladora- los trata directamente como kelpers.

Los ex deKanos progresistas vuelven a mentir cuando acusan a la izquierda de un supuesto pacto con la derecha para evitar la "democratización" de la UBA. ¿De qué hablan? ¿No fueron, precisamente, estos deKanos los que pactaron la designación de Hallú, en 2006, a cambio de una contraprestación como el nombramiento como vicerrector al deKano de Arquitectrua, Sorín? Esta metodología de canje de favores tipifica a las camarillas, no es propia de docentes y científicos. Además, obtuvieron la creación de una Secretaría (de "planificación") en el Rectorado, con sus correspondientes emolumentos de cinco ceros. A este acuerdo reaccionario con la camarilla radical-peronista, le pusieron la etiqueta de ‘democratización’ y, enseguida, su archivo. El Estatuto fue modificado, sí, con el voto de la camarilla de profesores, pero para eliminar la gratuidad de los posgrados y para eximir a la UBA de la obligación de asegurar a los estudiantes las condiciones materiales para desarrollar su cursada.

¿Cómo justifican todos estos atropellos? Con el argumento más antiguo del conservadurismo, a saber: que "las reglas aprobadas por las distintas instancias legítimamente compuestas en cada momento histórico son las que disponen las formas para su propia modificación". En castellano corriente esto quiere decir que el único con derecho a modificar el orden existente son los usufructuarios de ese orden. Este planteo los descalifica para siempre para dirigir una universidad. Incluso la universidad argentina actual, que usufructúa esa camarilla, es el producto del violentamiento de ese ‘principio’ conservador, pues la Reforma del ’18 lo ignoró olímpicamente. Fue impuesta incluso por medio de una huelga general de un claustro todavía no reconocido (el proletariado industrial), en aquella ocasión de Córdoba.

Los deKanos ni siquiera rozan, en la columna de opinión, el núcleo del problema: ¿qué derecho les asiste para pretender el monopolio de la gestión de la Universidad? Literalmente, ninguno. La dirección de una Universidad es un asunto político, no académico; los académicos podrían ser valiosos como asesores. La educación integra el mecanismo social de una nación, no es un laboratorio ni un taller, es un asunto de la ‘polis’, no una especialización profesional. La dirección profesoral de la UBA es un rezago pos colonial, que ahora funciona como correa de transmisión de los grupos económicos dominantes, los que se apropian, por medio de esa camarilla de profesores, de la fuerza de trabajo calificada que forma la Universidad. La política universitaria no la determinan los Shuberoff, Hallú o Barbieris: la determina el Banco Mundial y los ‘sponsors’ que se adueñan del Hospital de Clínicas, las patronales que se benefician con las pasantías y, en definitiva, el gran capital que orienta las investigaciones según sus intereses. Derecho, controlada por los grandes estudios jurídicos; Medicina, por el sistema de salud privada y los grandes proveedores de tecnología vinculada la salud; Económicas, al servicio de los pulpos de la auditoría y la falsificación de balances. ‘Voilá’ de lo que no quiere hablar. La cuestión de la democratización es la expresión de una lucha social (y, por lo tanto, política) entre, de un lado, un sistema de apropiación de la riqueza académica por parte de un grupo de monopolios y, del otro, un régimen verdaderamente democrático (un universitario, un voto), que vincule el mundo de la educación y de la ciencia al progreso de las mayorías nacionales. Es necesario abolir el monopolio de la camarilla profesoral y establecer el principio de la democracia.

La casta profesoral, que representa tan sólo al 5% de los docentes, se asegura mediante concursos amañados y maniobras de todo tipo su propia mayoría. A esto, se le agrega un casta de funcionarios parasitarios, que pueblan las secretarías y subsecretarías, y por qué no la subsecretarías, que ganan 25.000 ó 30.000 pesos, mientras en la UBA hay 6.500 docentes que trabajan sin cobrar un solo peso (la cifra en realidad es mayor, porque el Censo de la UBA reconoce sólo a los que tienen designación).

Muchos de los deKanos que firman la columna de opinión suelen concurrir a las tertulias de Carta Abierta. Semejante anfiteatro intelectual no les permite ver que la UBA, en su capa dirigente, marcha hacia la derecha, con ex kirchneristas que se pasan al campo de Massa y radicales que pueblan las listas del PRO. Lo prueba su silencio. La camarilla universitaria está procesando también su ‘poskirchnerismo’. Está barajando si cae bajo el alero de Scioli o el de Massa.

Las reservas políticas y morales de nuestra universidad están en sus estudiantes y en los docentes, que trabajan incluso gratis. Rechazan los fondos de La Alumbrera, porque combaten la minería contaminante y el reglamento leonino que beneficia a esos pulpos. Luchan por un Presupuesto acorde con las necesidades de la Universidad, en lugar del cobro de aranceles y de contratos de pasantías que son mieles para los ‘intermediarios'. Son los que reclaman un salario digno y el cese de remuneraciones de privilegio para la camarilla universitaria.

La lucha por la democratización integra, ni más ni menos, que la agenda nacional que plantea el fracaso de la pretendida y enésima tentativa de la ‘burguesía nacional’ de sacar al país de una declinación persistente. Mientras la burocracia universitaria apunta a despolitizar la crisis de la educación y a conservar sus privilegios, la posición verdaderamente progresista es reivindicar el carácter político del conflicto en desarrollo y proclamar la necesidad de una revolución universitaria.