El 6 de agosto, los secundarios salen a defender el futuro

El próximo 6 de agosto el gobierno de Javier Milei intentará avanzar con la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una nueva iniciativa en favor de los grandes terratenientes, los especuladores inmobiliarios y el capital extranjero. Aunque a primera vista pueda parecer una discusión lejana para quienes todos los días entramos a un aula, la realidad es exactamente la contraria: lo que está en juego es qué país vamos a heredar los jóvenes.

Los estudiantes conocemos mejor que nadie las consecuencias del ajuste. Cursamos en escuelas con problemas edilicios que se arrastran desde hace años, techos que se llueven, instalaciones eléctricas peligrosas, falta de calefacción en invierno y cursos superpoblados. Cada vez es más difícil sostener el boleto educativo, las becas alcanzan a menos estudiantes y miles de pibes tienen que salir a trabajar para ayudar en sus casas antes incluso de terminar la secundaria. Mientras tanto, el gobierno repite que "no hay plata" para garantizar una educación pública en condiciones.

Sin embargo, cuando se trata de beneficiar a los grandes grupos económicos, los recursos aparecen rápidamente. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada forma parte de un conjunto de medidas que buscan profundizar la entrega del territorio nacional y de los bienes naturales. Se suma a los intentos de facilitar la extranjerización de la tierra, favorecer grandes negociados inmobiliarios y consolidar un modelo donde unos pocos hacen negocios con los recursos del país.

No es una contradicción. Es una elección política. Mientras recortan presupuesto para educación, salud, ciencia y programas sociales, avanzan con leyes que fortalecen los intereses de quienes concentran la riqueza: los capitalistas. El mismo gobierno que sostiene que no puede garantizar escuelas en condiciones encuentra todos los mecanismos necesarios para proteger los negocios privados y cumplir con las exigencias del FMI.

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Por eso esta pelea también es de los estudiantes secundarios. Porque el problema no termina en una ley. Detrás de esta discusión aparece una pregunta mucho más profunda: ¿Quiénes deciden qué hacer con la enorme riqueza que produce nuestro país?

Argentina produce alimentos para cientos de millones de personas, posee enormes reservas de petróleo, gas, litio, minerales y una cierta capacidad científica e industrial. Sin embargo, millones de familias trabajadoras viven cada vez peor y miles de jóvenes sentimos que nuestro futuro está cada vez más lejos. El problema no es que falten recursos. El problema es que esos recursos terminan organizados en función de los negocios de una minoría y no de las necesidades de la mayoría.

Si la riqueza del país se destinara a resolver los problemas sociales, la discusión sería muy distinta. En lugar de escuelas que se caen a pedazos podríamos tener edificios seguros y equipados. En vez de recortar becas y comedores, se podría garantizar que ningún estudiante abandone porque tiene que salir a trabajar o porque en su casa no alcance para viajar o comprar útiles. En lugar de entregar tierras y recursos estratégicos para que unos empresarios obtengan ganancias, podrían utilizarse para impulsar la producción, desarrollar la industria, fortalecer la ciencia y mejorar las condiciones de vida de quienes todos los días estudiamos y trabajamos.

Nos quieren hacer creer que la única forma de organizar la economía es dejando que un puñado de empresarios decida qué producir, dónde invertir y qué hacer con la riqueza producida. Pero la realidad demuestra otra cosa: cuando todo queda librado al negocio privado, las necesidades sociales siempre pasan a un segundo plano. La educación, la vivienda, el ambiente e incluso el futuro de toda una generación terminan subordinados a la rentabilidad de unos pocos.

Los secundarios ya demostraron que cuando se organizan pueden torcerle el brazo a los gobiernos. Se hizo defendiendo el boleto educativo, peleando por mejores condiciones edilicias, reclamando becas y participando de las grandes movilizaciones en defensa de la educación pública. Cada conquista que tuvo el movimiento estudiantil nació de la organización desde abajo y de la movilización popular.

Por eso el 6 de agosto no podemos quedarnos en nuestras casas. Tenemos que llevar esta discusión a cada curso, impulsar reuniones de los centros de estudiantes, organizar asambleas, preparar nuestras columnas y convocar a más compañeros para participar de la movilización. No solamente porque rechazamos una nueva ley de entrega, sino porque queremos discutir otro futuro para la juventud.

Nos dicen que debemos acostumbrarnos a estudiar en escuelas deterioradas, trabajar por salarios de miseria y vivir en un país donde las decisiones importantes las toman el FMI y los grandes grupos económicos. Nosotros tenemos el derecho de plantear otra perspectiva: que la enorme riqueza que genera nuestra clase trabajadora se utilice para garantizar educación, salud, vivienda, trabajo y un desarrollo al servicio de quienes vivimos en este país y no para seguir ampliando los negocios de unos pocos.

Ese debate también aparece el 6 de agosto. Y los estudiantes secundarios deben ser protagonistas.