El movimiento estudiantil, que junto a la docencia de todo el país acaba de protagonizar una jornada de lucha histórica en defensa de la educación pública, tiene que estar presente el lunes 29 de abril frente al Congreso para rechazar la nueva Ley Ómnibus impulsada por el gobierno, que ensombrece el porvenir de la juventud.

Sucede que, de aprobarse este proyecto, quienes recién se insertan en el mercado laboral estarán condenados a la más absoluta inestabilidad. Con la extensión del período de prueba, podrán ser despedidos sin recibir indemnización alguna a pesar de haber trabajado durante seis meses en el mismo lugar. Incluso, si superan esa plazo, con esta nueva normativa la indemnización sería menor en caso de despido (porque no entrarían en el cálculo los montos extra salariales), haciendo que desvincular personal sea más barato para las patronales. Esta incertidumbre anula cualquier proyección de futuro, enterrando, por ejemplo, la posibilidad de irse de la casa de los padres y alquilar algo.

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Incluso, se legaliza el trabajo informal en los establecimientos que cuenten con menos de cinco empleados, quienes dejarían de estar bajo relación de dependencia para pasar a figurar como “colaboradores independientes” sin derecho a recibir aportes a la seguridad social. A su vez, la reforma laboral contemplada en esta nueva ley elimina las multas a empleadores por tener trabajadores no registrados.

Esto afecta particularmente a los jóvenes, teniendo en cuenta que, según el último dato disponible del Ministerio de Trabajo, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, la tasa de empleo informal en personas de hasta 24 años alcanzaba el 65,2%. Es decir, 6 de cada 10 trabajadores pertenecientes a ese rango etario son víctimas de fraude laboral, y, de aprobarse el proyecto del gobierno, quedarían completamente desamparados por la ley.

Además, el proyecto va acompañado del paquete fiscal, el cual, entre otras cosas, elimina el monotributo social, impidiendo que los monotributistas de menores ingresos paguen una cuota más accesible. Lo anterior, constituye un golpe especialmente severo para la juventud, sumida en empleos precarios donde, muchas veces, la relación de dependencia está oculta bajo la figura del monotributo, como ocurre en las aplicaciones de reparto.

Como vemos, la iniciativas a tratarse en el Congreso implican más desempleo, precarización e impuestazos para la juventud trabajadora, expulsándola así de las universidades y terciarios. Por lo tanto, luchando contra este proyecto reaccionario también estamos peleando por la educación pública y el derecho a estudiar de las mayorías populares.

Si saliste el 23 de abril contra la motosierra en educación, movilizate el 29 para que Milei y sus cómplices no te roben el futuro. Los centros de estudiantes y federaciones universitarias deben convocar masivamente a esta instancia de lucha porque lo que está en juego es el destino de las nuevas generaciones.