La movilización superó en número a la ya masiva marcha del 26 de abril; la lucha tiene su epicentro en la toma del Rectorado, donde sesiona diariamente la Asamblea Interclaustros, pero que también se expresa en las distintas sedes, mediante asambleas, cuerpos de delegados, clases públicas y demás actividades con estudiantes y docentes. La movilización registró, por primera vez, de manera sensible, la participación de familiares y de organizaciones sociales y sindicales solidarias con el reclamo, que se sumaron a la enérgica columna de tres cuadras que se dirigió a la Casa Gris.

La notoriedad alcanzada por el conflicto, sobre todo después de la anterior marcha y la toma del Rectorado, ya había forzado a sectores de la oposición política que al inicio retaceaban su apoyo a tomar abiertamente posición a favor del reclamo por la normalización. La movilización del martes 8 de mayo obligó a tomar cartas en el asunto al propio gobierno, que hasta ahora venía operando tras bambalinas.

La gestión de Uribarri hace agua en términos presupuestarios y empieza a exteriorizarse el malestar popular y en los lugares de trabajo. El gobierno teme como a la peste la ejemplificación y los ánimos que pueda inyectar en otros ámbitos el reclamo de la Uader; de hecho, al día siguiente de la movilización, la asamblea autoconvocada de los trabajadores del San Martín, el principal hospital de la provincia, concretó un paro en el lugar de trabajo, convocando al resto de los centros médicos públicos a coordinar futuras medidas.

La movilización también agudizó la crisis entre los funcionarios interventores (rector, vicerrector y decanos), cuyas maniobras dilatorias de los concursos y sus aprietes a los estudiantes y docentes quedaron expuestas. Después del petitorio elevado el martes, los estudiantes fueron citados a exponer su reclamo en la próxima sesión de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Uader.

En este marco, la Asamblea Interclaustros se ha abocado a discutir la propuesta para reanudar el proceso de normalización. Entre otros puntos está la renuncia inmediata de los actuales funcionarios interventores, así como la ciudadanía plena para todos los docentes interinos con más de dos años de antigüedad. También empiezan a tomar relevancia los debates sobre el cogobierno y las condiciones de la futura autonomía universitaria. Por lo pronto, se ha votado participar de la jornada nacional de lucha convocada para el viernes 18 de mayo por las federaciones estudiantiles combativas, con una actividad propia en Paraná y el envío de una delegación a la movilización central en Buenos Aires.