La gran lucha que despliegan los estudiantes secundarios contra una reforma profundamente regresiva en la educación ha sido respondida por un sinfín de provocaciones por parte de los funcionarios del macrismo a nivel porteño y nacional, que incluye crecientes amenazas de una criminalización contra los jóvenes que toman los colegios en defensa de su formación.

 

En el día de hoy se sumó a la campaña Germán Garavano, el ministro nacional de Justicia y Derechos Humanos, quien calificó a las ocupaciones de escuelas como “un acto irregular e ilegal (…) algo que repudio” (La Nación, 25/9).

 

Sin embargo, es la misma justicia la que ha determinado la constitucionalidad de las tomas, en un fallo de la jueza Elena Liberatori. Las tomas no pueden ser consideradas irregulares ni ilegales, en tanto constituyen un ejercicio del derecho a la protesta, el más importante de los derechos que existen, puesto que es el que permite garantizar el resto de los derechos. 

 

La respuesta del gobierno ante el fallo fue atacar a la jueza, poniendo en evidencia la dualidad de un régimen que se llena la boca hablando de democracia y pluralismo pero recurre a los más vulgares métodos de aprietes y maniobras políticas. 

 

En la misma línea que Garavano se expresó hoy el fiscal de la ciudad Carlos Rolero Santurian, quien sigue denuncias por “usurpación” contra los jóvenes en lucha. El funcionario judicial señaló que se trata de “un delito que tiene una pena de expectativa de tres años [!!!], y la edad de las personas (involucradas) es de 16 y 17 años y son imputables para este delito”; extendió el asunto a sus padres –señalando que también podrían tener “responsabilidad penal”– y llegó a amenazar con avanzadas policiales antecedidas por una caza de brujas: “Consultado sobre la posibilidad de impulsar desalojos, aclaró que primero habría que ‘determinar quiénes podrían ser los involucrados, porque no tenemos personas identificadas’” (Perfil, 25/9).

 

Los que quieren criminalizar la lucha de los secundarios son los que buscan un pacto de impunidad con Odebrecht.

 

Las denuncias judiciales vienen motivadas por toda la campaña de difamación del macrismo, y en particular por el envío de un instructivo del Ministerio de Educación porteño en el que se instaba a los directivos de las escuelas a “concurrir a la comisaría” en caso de toma –algo que fue negado por la titular de la cartera, Soledad Acuña.

 

Lo cierto es que en el último período se han multiplicado las incursiones ilegales de la policía en escuelas en lucha, con fines de espionaje y amedrentamiento. Las más recientes fueron al comienzo del estudiantazo contra la reforma, cuando agentes de la Policía de la Ciudad ingresaron al Liceo 9 “Santiago Derqui” (armados) y al Antonio Devoto, donde intimidaron a la presidenta del Centro de Estudiantes y amenazaron con “represalias” contra quienes tomaran el establecimiento. 

 

Las amenazas e intimidaciones arrojadas contra las legítimas ocupaciones del movimiento estudiantil son un tiro por elevación a todo el movimiento obrero y popular, que viene precedido por el desalojo de las ocupaciones de AGR y Pepsico contra los despidos y por las avanzadas a los pueblos originarios que proceden a la recuperación de sus territorios históricos. 

 

En este cuadro,  este método histórico del movimiento estudiantil debe ser defendido por el conjunto de la población trabajadora, tanto por su justa orientación contra una reforma reaccionaria como en reivindicación de las medidas de acción directa de los explotados en defensa de sus derechos y contra el ajuste.

 

Video de la UJS-Secundarios sobre la incursión policial al secundario Antonio Devoto: