La contrarreforma de Macri y los rectores
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En un acto realizado en el Ministerio de Educación, el 16 de noviembre pasado, 63 rectores de universidades públicas y privadas firmaron su adhesión al Sistema de Reconocimiento Académico de Educación Superior, creado por la resolución 1870 del ministro de esa cartera, Esteban Bullrich. El “sistema” se enmarca en la Ley de Educación Superior menemista y significa una vuelta de tuerca en el proceso de privatización y degradación de la universidad.
La educación como mercancía
La resolución del ministerio establece la creación de una unidad de medida igual para todas las universidades, el “Reconocimiento de Trayecto Formativo” (RTF) que “estima en horas el tiempo de trabajo total del estudiante para el cumplimiento de los requisitos de aprobación establecido en el plan de estudios correspondiente”¹. Cada unidad RTF representa entre 27 y 30 horas de dedicación del estudiante que pueden consistir en “tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, materias u otras experiencias formativas”. Un año académico equivaldría a 60 unidades RTF. Se establece así el valor de cambio para la educación universitaria que adquiere definitivamente una forma mercantil.
El rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto, describió el acuerdo como “una evolución hacia el mundo” (La Nación, 18/11). Un mundo donde la privatización de la universidad llevó a la quiebra de las familias y ahora a la quiebra de las propias universidades porque las familias no pueden pagar las cuotas. La reforma, de hecho, está calcada de la que se aplicó en España a partir del Plan Bolonia. La comparación vale ahora particularmente porque en los últimos días se vive en España una rebelión universitaria contra la segunda tanda de reformas que se conocen como el “3+2”: licenciaturas de 3 años ultragenerales y masters de 2 años con precios prohibitivos. Una muestra de hacia dónde apunta este sistema. La experiencia española muestra que la afirmación de los rectores de que esta metodología permite evitar la deserción (ídem, 18/11) no tiene sustento. En los últimos cuatro años, las reformas y el aumento de las cuotas llevaron a la expulsión de 127.000 alumnos de la universidad española².
Igualación de públicas, privadas y terciarios
Un punto fuerte de la reforma es que pone en pie de igualdad a las públicas y las privadas, un viejo anhelo del capital al que el movimiento estudiantil enfrentó desde la “laica o libre” en los 60 hasta los estudiantazos contra la Coneau en la última década. La resolución del Ministerio de Educación además refuerza la extorsión de la Coneau estableciendo que “en caso de no contar con acreditación vigente, las instituciones universitarias podrán incorporarse al sistema, comprometiéndose a iniciar tales procesos” (Res. 1870).
El otro aspecto es la equiparación entre universidades y terciarios. “El sistema también contemplará que un estudiante de un instituto de educación superior no universitaria pueda solicitar el reconocimiento de sus estudios en un centro universitario para seguir una carrera”, afirma el rector de la UNC en La Nación³. De esta forma, se habilitaría a qué la masa de estudiantes terciarios entre directamente en el negocio de los posgrados universitarios que es la olla de oro de la privatización educativa.
Las camarillas cierran filas con el gobierno
Entre las 63 universidades firmantes se encuentran gran parte de las universidades de la “resistencia”. Los rectores kirchneristas no rechazan ninguna oportunidad de negocios. Tampoco el ajuste presupuestario que es, también, una enorme oportunidad de negocios en la medida que se reemplaza el presupuesto estatal por la venta de cursos, la prestación de servicios y los convenios con empresas. Es el caso de la rectora K de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, que se auto-otorgó superpoderes para compensar el déficit presupuestario avanzando en el vaciamiento de las carreras, recortando la oferta horaria y reforzando ingresos expulsivos para así alimentar la matrícula de los cursos arancelados de posgrado, de “apoyo” a ingresantes y de extensión.
El caso de las nuevas universidades creadas por el kirchnerismo es particularmente ilustrativo. La Nación destaca que “inician el camino más avanzadas” porque nacieron con el sistema de acreditaciones ya en marcha. Macri que se horrorizaba con las universidades “por todos lados” deberá reconocer que son éstas las que mejor se adaptan a la penetración capitalista, precisamente porque fueron creadas a la medida de Ley de Educación Superior y la Coneau.
Las arbitrariedades en el reparto del Presupuesto 2017 no dieron lugar a ningún tipo de movilización y mostraron a los rectores en un bloque común con diputados de Cambiemos. El acta firmada por Bullrich y los 63 rectores rubrica este entendimiento.
foto: Sebastian Baracco
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