Con más de 5.000 convenios firmados con empresas privadas, la UBA se ha convertido bajo la gestión del kichnerista Hallú en una gran fuente de negociados capitalistas mediante diversos tipos de “convenios”, amparados en la Ley de Educación Superior menemista sancionada en 1995, el que sigue vigente.

El trámite de los convenios, además, ha seguido un curso irregular: se acumularon ya alrededor de 500 convenios “vencidos” (es decir, ejecutados) entre facultades con diferentes tipos de empresas privadas, que nunca fueron aprobados por el rector o el Consejo Superior. ¡Pero éste era el requisito para que entren en vigor, según el estatuto universitario!

De manera grotesca, este mecanismo se puso de manifiesto cuando se intentó, en una de las sesiones de este año, aprobar un convenio con una AFJP ya desaparecida. Junto a los de las AFJP, existen convenios de este tipo con Elea, Monsanto, Cargill y la aceitera General Deheza, entre otros.

La ilegalidad sobre la que funciona la UBA, no obstante, no está dictada por un atraso en trámites de tipo burocráticos, sino que responde a una orientación capitalista muy concreta.

El pacto entre los radicales y los kirchneristas al frente de la universidad sólo puede entenderse sobre la base del reparto de los negocios que genera cada una de las facultades a través de la venta y usufructo de los recursos humanos, científicos y tecnológicos de la universidad.

Ante la puesta en evidencia del ilícito, las camarillas decidieron “blanquear” los negociados realizados de a cientos con empresas privadas, modificando en el último Consejo Superior la reglamentación vigente. A partir de la resolución 30197/10, los convenios específicos podrán ser aprobados por los decanos sin necesidad de paso por el Consejo Superior. De esta forma, “los recursos que ingresen por su ejecución (convenio) integrarán las subcuentas del financiamiento 12-recursos propios de la dependencia respectiva”. Además, “el organismo co-contratante no sólo deberá aportar los fondos para el desarrollo del programa, sino también abonar lo pertinente por la labor a desarrollar por la facultad”. Esta resolución, de todos modos, “deja pagando” a todo lo hecho hasta ahora, que no contaba con ningún aval. La nueva resolución extiende un fraude fenomenal por medio del cual las “facultades” son utilizadas como una suerte de testaferros por empresas privadas y otros organismos estatales o privados para ahorrarse un proceso de licitación y el pago del IVA. La resolución establece, además, que “la propiedad de los resultados intelectuales alcanzados será establecida en los convenios específicos”, lo que permite que puedan quedar casi o en su totalidad en manos de los privados. Las cuestiones a negociar son tan poco transparentes que como parte de los convenios existen cláusulas de confidencialidad sobre “los aspectos metodológicos y científicos”.

La nueva reglamentación favorece la profundización de la injerencia capitalista en la universidad, legalizando la penetración del capital en la universidad pública y gratuita a límites nunca vistos. Este mecanismo de entrega ahora estará en manos de las camarillas locales de cada facultad, sin necesidad de pasar por el Consejo Superior. Es decir, al margen de cualquier tipo de control central. Para los capitalistas, esto también es una gran noticia.

El próximo jueves 30 de septiembre, la Fuba se movilizará a la Rural, donde funcionará la ExpoUBA, para denunciar la complicidad entre kirchneristas y radicales para avanzar en la privatización de la universidad, realizando un juicio político público a Hallú y las camarillas del Superior que ponga de manifiesto la privatización, los negociados, la corruptela y el manejo camarillesco de la universidad.