El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación presentó datos que confirman la precarización que sufren millones de trabajadores en Argentina, pero particularmente les jóvenes. Más de 2.830.520 personas se inscribieron al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) creado con la Ley de Emergencia Social, bajo el impulso del Triunvirato Cayetano y Juan Grabois para proyectar la “economía popular”: un eufemismo para embellecer que no cuentan con derechos laborales (aportes, estabilidad, menores salarios) quienes cumplen tareas en comedores populares y merenderos, que realizan tareas de limpieza, vendedores ambulantes, de la agricultura, feriantes, peluquerxs, depiladoras, manicuras, masajistas, cocineros y productores de alimentos. Entre ellxs se cuentan 761.000 jóvenes de entre 18 y 24 años, que casi duplican en esa franja etaria a lxs contratadxs en el sector privado formal (elDiarioAr, 6/9).

“En siete de las 23 provincias hay más trabajadores de la economía popular que de las empresas. A la cabeza figura Formosa, donde los microemprendedores y cooperativistas triplican a los empleados de firmas: 80.000 contra 24.000. Los otros seis distritos son Catamarca, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero” (Ídem). Como se ve, la mancha de la precarización laboral y la falta de empleo se expande por todo el país. En total, la población que realiza trabajos de la “economía popular” son, aproximadamente, el 25% de la población económicamente activa, cerca de 6 millones de personas.

La juventud y las mujeres lideran el ranking de la precarización

En los datos publicados por Desarrollo Social se ve la triste realidad laboral de la juventud. La mayoría de lxs trabajadorxs de la “economía popular” inscriptos en el mismo período (agosto 2020-julio 2021) son jóvenes. El 64% tiene entre 18 y 35 años. El 27% tiene entre 18 y 24. Mientras que el 57% de lxs inscriptxs son mujeres.

Si tomamos la franja etaria entre 18 y 24 años que trabaja en la “economía popular” y la comparamos con lxs jóvenes de esa misma edad que tienen empleo en empresas privadas la diferencia es abismal: 761.000 frente a 437.000. Cabe aclarar que ello incluye solo a quienes se inscribieron en el registro, por lo que quienes sufren precarización laboral son muchos más.

Es con este trasfondo que proliferan mentiras como las de los directivos de Toyota, que dicen que no pueden tomar jóvenes porque no tienen el secundario completo. Es una falacia pérfida, en Argentina más del 60% de lxs trabajadorxs desocupadxs tienen el secundario completo. Tenemos una fuerza de trabajo sobrecalificada para la subcalificación de los puestos de trabajo disponibles.

La pobreza no se combate con precarización

El intento del kirchnerismo y sectores afines de presentar a la “economía popular” como trabajo verdaderamente genuino queda desmentido por la realidad. Los índices de pobreza son escalofriantes, orillando el 50% de la población, dentro del cual se encuentran estxs trabajadores. La eliminación del IFE, los despidos en plena pandemia (dejando al DNU presidencial como papel pintado), los salarios por debajo del costo de vida, el salario mínimo vital y móvil debajo de la canasta de indigencia, y una inflación interanual del 50% que destruye el poder adquisitivo hacen al cuadro general de pobreza. En este cuadro, no hay eufemismos que puedan tapar la realidad de que estamos ante una uberización del trabajo.

Tanto Grabois como quienes lo acompañan consideran que estos sectores jamás podrán insertarse en el mercado laboral, por lo que lo único que les queda es aspirar a un tipo de trabajo devaluado, ultraprecarizado y que incluso no es de ingreso universal para el caso del acceso a subsidios, como el Potenciar Trabajo. Para tal fin han constituido la Utep, que busca oficiar de pseudosindicato de los trabajadores de la “economía popular”, por fuera de los sindicatos de las actividades correspondientes. No hay mucho trecho desde estas posiciones a los reclamos de la UIA y los Milei, Randazzo y Larreta por una reforma laboral flexibilizadora como “solución” a la extendida informalidad laboral.

En definitiva, en el marco del programa que se negocia con el FMI, la pretendida recuperación económica que promueve el gobierno sacrifica a toda una generación de jóvenes que se incorpora al mercado laboral y que pagará el costo de ser excluida de todas las conquistas obreras de décadas, para atender a las condiciones del capital de reducir drásticamente el costo laboral y obtener mayores ganancias con menores inversiones.

Una lucha de principios

La “economía popular” absorbe una enorme porción de trabajo degradado, no es un ejemplo de “dignidad”  ni un camino hacia ella, sino un producto de la explotación capitalista que en su fase de decadencia mantiene en la informalidad a un enorme espectro de trabajadores, mientras que a otros tantos directamente los arroja a la exclusión. De esta manera de presiona hacia abajo las condiciones laborales también de los empleos registrados y en blanco, de manera que hoy millones de asalariados percibe ingresos debajo de la línea de pobreza.

A diferencia de las organizaciones integradas al gobierno, como Patria Grande, la Ctep, el Movimiento Evita, entre otras, que fetichizan el concepto de “economía popular” y lo reivindican abiertamente, desde el Polo Obrero y el Partido Obrero luchamos por trabajo genuino. Planteamos que mediante el reparto de las horas de trabajo y un plan de obras públicas (escuelas, hospitales, viviendas populares, calles, cloacas), dirigido por trabajadores, se podría incorporar a lxs millones de desocupadxs al sistema laboral, con salarios que no bajen de $100 mil, aportes y plenos derechos laborales. Nos organizamos en los lugares de trabajo por expulsar a la burocracia sindical garante del ajuste, los despidos y la precarización.

En definitiva, planteamos una reorganización social de conjunto dirigida por los trabajadores, cuyo programa se sustente en cumplir las reivindicaciones urgentes del pueblo laborioso. Esa tarea no la pueden llevar adelante ni el peronismo ni la derecha porque su norte está dirigido a un ajuste aún mayor para complacer al FMI.

Solo los trabajadores pueden llevarla adelante. El voto a la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad refuerza esta perspectiva.