En una nota en Página/12 (29/8), la gestión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA informa, con gran algarabía, la compra de 1.200 pupitres nuevos a siete cooperativas del plan Argentina Trabaja.

De acuerdo con la página web de la facultad, la decisión de priorizar a estas “cooperativas” habría implicado el ahorro de un 40% en la compra de los nuevos pupitres para el ala Humberto Primo del nuevo edificio de Constitución. Lo que ni el decano Postolski ni Página/12 dicen es que esos precios bajos son consecuencia de los bajos salarios de los “cooperativistas”. El gobierno lanzó el plan Argentina Trabaja en el año 2009, como respuesta a los miles de despidos y suspensiones provocados por la crisis económica. Cerca de 170.000 trabajadores, en su mayoría despedidos de la industria de la construcción, volvieron a trabajar como “cooperativistas”, es decir, con sueldos que rondan los ¡2.000 pesos!, sin relación de dependencia, derechos laborales ni gremiales.

Esta llamada “economía popular”, celebrada por Alicia y Cristina Kirchner y su plantel de obsecuentes en el funcionariado de Sociales, implica un gigantesco negociado de precarización laboral. La gran mayoría de los trabajadores en estas “cooperativas” truchas prestan servicios en ámbitos estatales y con tareas perfectamente identificadas en convenios colectivos de trabajo, que debieran realizar trabajadores de planta. Lo que correspondería a una facultad que estudia las relaciones laborales no es hacer “odas” al fraude y la flexibilización, sino reclamar el encuadramiento de los trabajadores en el convenio respectivo y el pase a planta permanente.

Los Pérsico y los D’Elía, y sus agrupaciones estudiantiles en Sociales (Vamos Sociales y UES), son campeones en la defensa de este “modelo de inclusión”. Incluso La Mella, que apoya la mayoría de las políticas oficiales, está metida con el Movimiento Evita en la formación de una “federación de cooperativas” que apunta a legalizar el trabajo en negro y cristalizar una burocracia administrativa rentada.

La defensa del Argentina Trabaja es interesada. La gestión ensalza la conversión de los trabajadores en mano de obra barata porque ésa es su política al interior de la facultad. Sociales “funciona” con 800 docentes ad honorem, miles de sub rentados y un 80% de la planta docente interina, bajo contratos anuales. La facultad no está dirigida por un equipo docente, sino por funcionarios que asumen una posición patronal. Cobran sueldos cuatro o cinco veces superiores a los de la masa de trabajadores docentes y no docentes. Sin ir más lejos, la propia mudanza de la carrera de Relaciones del Trabajo se realizó sobre las espaldas de los trabajadores no docentes de Constitución, que tuvieron que asumir nuevas tareas y responsabilidades por el mismo salario y categorías.

El relato de la gestión y sus agrupaciones encubre una realidad de hacinamiento, falta de personal no docente, puertas de emergencia cerradas con candado, y un edificio “nuevo” con claras muestras de deterioro. Página/12 no informa, por supuesto, que el “nuevo” Sociales no tiene comedor universitario, jardín paterno-maternal y ni siquiera cuenta con una biblioteca. Tampoco dice una palabra sobre los cupos en las inscripciones, el cierre de prácticos por falta de aulas y docentes, o que el “viejo” Sociales (MT) se encuentra completamente abandonado.

Al relato encubridor de los farsantes, el movimiento estudiantil, docente y no docente de Sociales le opone su organización y su lucha por la defensa de la universidad pública y del conjunto de las conquistas históricas de los trabajadores.

Nacho Ibáñez, consejero estudiantil de Sociología