16/08/2012 | 1235

Represores, afuera de la UBA

El debate en el Consejo Superior
Consejero Superior UBA

EXCLUSIVO DE INTERNET


En la reunión de Consejo Superior del 8 de agosto se resolvió por unanimidad no admitir como estudiantes en la UBA a condenados o a procesados por delitos de lesa humanidad. Algunos meses atrás, represores de la última dictadura militar -Adolfo Donda, Juan Carlos Rolón y Carlos Guillermo Suárez Mason- reclamaron su inscripción a carreras universitarias, que gracias al programa UBA XXII se dictan dentro de la cárcel desde hace más de dos décadas. La crisis fue inmediata, pues docentes y alumnos del programa rechazaron la posibilidad de tener a genocidas como parte de los cursos, lo cual impulsó declaraciones y solicitadas que contaron con el apoyo de la Fuba y hasta de decanos de las facultades más involucradas (Filo y Sociales). La resolución final es un importante triunfo del movimiento que se desarrolló para expulsar a los torturadores de la UBA.


La unanimidad no puede ocultar, sin embargo, el importante debate en torno de los fundamentos que estaban en juego. Sucede que cuando el Consejo Superior tuvo que involucrarse en el tema, las autoridades encomendaron a una comisión "especial" -integrada, entre otros, por Zaffaroni y por Adriana Puiggrós- el "análisis del caso". El asesoramiento de "notables" fue un recurso de emergencia ante la complicación de tener que justificar la "discriminación" a ciertos presos. Semejante dilema condujo a estos "demócratas" a un "crimen" usual: tipificar el delito de opinión. De este modo, dicha comisión propuso impedir el ingreso de los represores en virtud de que "sostienen una tesis negacionista" de los crímenes de la dictadura, lo cual es "disolvente de la comunidad universitaria", que ciertamente fue afectada por esos atropellos.


Los consejeros estudiantiles de la UJS rechazamos de plano esos argumentos: ¿cómo era posible que debamos referirnos al "relato" que hacen los sujetos en cuestión, si su práctica comprobada fue la masacre? El tema, en realidad, es que los mentados demócratas no pueden ir al fondo de la cuestión, que es el problema de clase. Ocurre que la peculiaridad de los genocidas es que son agentes de la clase capitalista y su terrorismo de Estado para aniquilar a los trabajadores. Fueron el brazo ejecutor de la política organizada por la UIA, por los bancos, por la Sociedad Rural y por la Cámara de Comercio: los mismos que tienen hoy "la sartén por el mango". Los protagonistas de crímenes contra el pueblo deben ser privados de sus derechos civiles con un criterio clasista; el rechazo de docentes y de estudiantes de UBA XXII apunta -incluso si es inconsciente- en esa dirección; o sea, tiene un contenido revolucionario.


Los juristas "progres" y kirchneristas deben eludir algo que parece obvio -sancionar a los represores por lo que hicieron y no por lo que dicen-, porque no escapan de los límites que la clase social dirigente -la burguesía nacional- impone a su práctica y pensamiento. Además, los considerandos de esta resolución sientan un precedente peligroso, pues con el mismo argumento que hoy se castiga a un fascista se puede perseguir a la oposición socialista a este régimen.


Nosotros rechazamos defender esta "comunidad universitaria" -somos "disolventes" de la dictadura de una minoría profesoral sobre la masa que trabaja y estudia en función de una orientación social capitalista. Con estos argumentos, destacamos nuestro apoyo a la resolución -que responde a la justa demanda de estudiantes y de docentes de UBA XXII- al tiempo que el rechazo a los fundamentos que enarbolaron decanos y profesores, siguiendo a la comisión ad hoc. De paso, se pudo reivindicar la genuina actividad popular en las cárceles, tan bastardeada y desnaturalizada estos días por la puesta en escena de los "vatayones militantes" de asesinos y barrabravas que organiza el gobierno K, al que la camarilla universitaria apoya.