16/08/2012 | 1235

Sanciones en el Nacional Buenos Aires

CNBA

El 11 de julio, una asamblea multitudinaria votó tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA). Contrario a la idea que buscó instalarse en los medios de comunicación, esta toma no fue “por el pancho y la coca” sino en contra de la política de recursos propios que las camarillas gobernantes aplican a lo largo y a lo ancho de la Universidad. De esta forma, buscan que el presupuesto que no sale del gobierno nacional -que le da a la UBA un tercio del dinero que necesita para funcionar- salga del bolsillo de quienes estudiamos y trabajamos en los colegios y facultades.


En el caso del CNBA, el negociado es muy visible. La concesionaria “Banquete” le paga al colegio un canon altísimo. Para recuperar la inversión cobra sobreprecios, mantiene el bar en condiciones dudosas y precariza a sus trabajadores.


A lo largo del conflicto, las autoridades han defendido la concesión privada con uñas y dientes: primero amenazándonos, arrancándonos carteles, mandando una decena de cartas difamatorias, ejerciendo violencia física y psicológica, y por último sancionando con 20 amonestaciones -lo cual implica estar al borde de la expulsión- a nueve compañeros.


Se montó un operativo gigantesco para que estas sanciones quedaran ligadas a un supuesto robo en el buffet. No obstante, el parte de sanción dice: “En el marco de la toma de colegio del día 11 de julio el alumno impidió el ingreso y egreso al departamento de alumnos, forzando al personal no docente a no poder entrar o salir de su puesto de trabajo formando parte de una barricada”. Dicho en criollo: las sanciones son por realizar un cordón pacífico en regencia para que no se tome presente ni se sancione a la asamblea multitudinaria que había votado la toma.


Las autoridades sancionan a los estudiantes que garantizaron que se efectivizara la decisión de la mayoría estudiantil, pero no hacen lo mismo con el concesionario que puso cámaras de seguridad en el colegio y difundió imágenes de menores sin consentimiento de sus padres en la televisión; o con Agustín Zbar, el vicerrector que tiene un cargo incompatible con sus funciones en la Auditoría General de la Nación y que encabeza el Consejo de Convivencia -donde se tratarán las sanciones-, pese a haber golpeado a tres alumnos.


Con esto buscan desarticular el enorme movimiento que se ha generado al interior del colegio: que los estudiantes, graduados, padres y un sector de los docentes y no docentes nos organicemos para defender nuestra educación implica el derrumbe de sus negociados.


Los preuniversitarios somos conscientes de que mientras cada autoridad de la cúpula universitaria percibe un promedio de 200.000 pesos anuales en concepto de salario, se nos dice que no hay presupuesto para garantizar un bar que satisfaga las necesidades de quienes estudiamos y trabajamosen los colegios. Para invertir en infraestructura. Para pagarle un salario digno a nuestros docentes.


Es por eso que vamos a desenvolver a fondo la lucha contra las sanciones, lanzando una fuerte campaña de adhesiones y movilizando con todo al Consejo de Convivencia. Después de todo, una victoria nos va a dejar en mejores condiciones que nunca para continuar con la pelea por nuestros reclamos.