El jueves 22, alrededor de 200 estudiantes de varias facultades movilizados, fundamentalmente por la UJS y Libres del Sur, venciendo el mal tiempo y a una patota de 150 matones, lograron irrumpir en la sesión del Consejo Superior que se realizaba para rendir cuenta del destino de los fondos que la UNT recibe de La Alumbrera. En la sesión, el informe presentado por el rector sobre el uso de unos 400 millones de pesos fue rechazado por una mayoría de consejeros que responden a la vicerrectora.

En el rechazo quedó demostrado que desde el rectorado se ha dado vía libre a la manipulación de los gastos con sobrecostos, con reformulaciones sin fundamentos de los presupuestos destinados a cada obra, etc. Si la pelea entre camarillas ha sacado a luz algunos de los chanchullos que hasta hace unos meses atrás -cuando no estaban enfrentados- mantenían bien ocultos, la cuestión asume una gravedad inusitada frente a las denuncias que ha realizado el fiscal federal Antonio Gómez (el mismo que impulso el procesamiento de Rooney, el gerente de la Alumbrera), que destaca que las autoridades de la UNT, del YMAD y la Alumbrera estarían incursos en una acción de evasión “por mas de 17 millones de dólares al fisco” (suplemento de la UNT de La Gaceta, 23/4).

La asociación de la universidad con el negocio minero es incompatible con la preservación de la educación pública. A su vez, el régimen de camarillas, que gobierna de espaldas a la comunidad universitaria, consagra una política de atropellos permanentes a los más elementales derechos de la docencia y el estudiantado, y va cristalizando una burocracia asociada a las peores fechorías junto a los pulpos mineros consagrados al saqueo y la contaminación, el contrabando y la evasión.