Rodeada de vallas y con un ejército de policías reprimiendo a cientos de estudiantes y docentes que se manifestaban en las cercanías, la Legislatura cordobesa aprobó una nueva ley de educación provincial.

La ley restringe la función de la educación a la ‘empleabilidad’, lo cual implica una descalificación de los planes de estudio y habilita la segmentación de carreras y el establecimiento de posgrados tarifados. Un lugar de privilegio lo ocupan las pasantías, una forma de precariedad laboral por la cual la Universidad cobra una comisión.

El otro aspecto reaccionario de la ley es la intromisión de la Iglesia en la educación estatal. Siguiendo la reforma constitucional del gobierno radical en el ‘86, la ley establece la educación religiosa como una opción y hasta como un ‘derecho’: el “derecho a la religión”, que habilita a que la Iglesia reciba jugosos subsidios para sus escuelas; además, podrá mandar a sus ministros a dictar religión a las escuelas estatales por el simple pedido de los padres. El ateísmo no recibe la misma calidad de derecho que la religión, lo cual demuestra que no estamos ante un problema de derechos sino ante el afán de embrutecer a la juventud. El clero ha logrado que se bloquee la educación sexual en las escuelas de Córdoba.

Con el voto kirchnerista

Aníbal Fernández salió a criticar al gobierno cordobés por la represión en las cercanías de la Legislatura. Con menos énfasis hizo lo mismo el ministro nacional de educación, Sileoni. Aníbal “Puente Pueyrredón” Fernández critica la represión que ejercen los otros, pero la ley aprobada fue votada por el kirchnerismo en bloque. Además, es la versión provincial de la ley kirchnerista de educación aprobada por el Congreso nacional (el argumento que dieron los tres bloques K en la Legislatura cordobesa para votarla).
Las palmas se las llevó la representante del bloque del Partido Comunista y el Peronismo Militante, kirchneristas, mientras, en la calle, un joven militante del MUI (PC en la universidad) era brutalmente apaleado por la cana.
La conducción celeste de la UEPC, el sindicato docente -kirchnerista hasta los tuétanos- sumó de entrada su apoyo a la ley.

La oposición en el recinto de parte de radicales y juecistas fue para la versión taquigráfica. Sus legisladores integraron el consejo de políticas educativas que armó el anteproyecto, y nunca alertaron sobre lo que ahí se trataba. Sus organizaciones estudiantiles fueron las grandes ausentes de la lucha estudiantil.

Secundarios y universitarios

La movilización del 15 es la continuidad de una lucha que lleva tres meses. Fueron los estudiantes secundarios con la toma de las escuelas, por el estado catastrófico de los edificios, los que impusieron el debate de la ley y los que rápidamente señalaron sus aspectos más reaccionarios. Tras ellos se organizaron los padres, los universitarios y un sector de la docencia. La acción de los estudiantes puso contra la espada y la pared a un gobierno que pensaba presentar esta reforma como un gran avance para la comunidad educativa.

En el movimiento estudiantil se impuso el método de la asamblea y la acción directa, sorteando una tras otras las maniobras del gobierno. Se pusieron en pie centros de estudiantes, cuerpos de delegados, la recientemente conformada CES (Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y una asamblea interestudiantil.

La movilización desarrollada minutos después de la represión fue aún más grande y se impuso al gobierno la liberación de los doce detenidos en apenas horas y desde el propio centro de detención.

La interestudiantil resolvió, en una asamblea masiva el viernes 17, movilizar fuertemente el 20 de diciembre, levantando junto a los trabajadores las banderas de la lucha por la educación, y preparar mediante intervenciones, asambleas y un encuentro educativo a fines de febrero el plan de lucha con el que comenzaremos el año 2011. Los objetivos de este plan de lucha son:

• Anulación de la nueva ley de educación.

• Defensa de una educación pública, laica y gratuita.

• Cumplimiento de todas los compromisos de reparación de escuelas.