Marcela Chocobar tenía 26 años y era la menor de cinco hermanas, de una familia salteña. Supo enfrentar una sociedad que se resiste a aceptar a las personas trans.

 

Desapareció el 6 de septiembre del 2015 e inmediatamente sus hermanas comenzaron una larga peregrinación ante la justicia, que aún hoy continúa. En la comisaría donde quisieron radicar la denuncia sobre su desaparición, la policía, argumentando que debían pasar 48 horas de ausencia, no la tomó y estigmatizó a la víctima. Todos los estamentos del Estado fueron hostiles y/o incapaces ante el reclamo de justicia.

Los avances en la causa sólo se deben a la movilización sistemática. El gobierno municipal ha sido incapaz de dar respuesta, apenas algunas declaraciones del intendente, bajo la presión de la movilización de la familia a los tradicionales izamientos dominicales. El propio gobernador Peralta se retiró de una conferencia de prensa ante la pregunta sobre el caso. En la primer Marcha del Orgullo en Río Gallegos, luego de conocerse que Marcela había sido brutalmente asesinada, la funcionaria Alba Chiguay, de la recientemente creada Sub Secretaría de Diversidad y Género, intentó echar a la familia y a organizaciones de izquierda de la jornada.   

 

Ante la falta de perspectivas de un trabajo formal, Marcela, como la mayoría de las mujeres trans, se vio empujada al ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia. La expectativa de vida de una chica trans, en medio de esas condiciones, es de 35 años, como consecuencia de la exposición a la violencia, a enfermedades de transmisión sexual, al abuso, discriminación y crímenes de odio. El proxenetismo que negocia con la prostitución y trata de personas solo puede funcionar con el amparo del Estado. 

En Río Gallegos, durante décadas, se ejerció la prostitución por cuenta ajena en un barrio conocido como “Las Casitas”, que ha funcionado a la vista de todos y evidentemente con el amparo de la policía y el Ejecutivo provincial. Estos cabarets fueron cerrados luego de escándalos por su relación con las redes de trata. Esto, lejos de significar el fin de los cabarets y el proxenetismo, solo los ha distribuido por la ciudad.  

Exactamente a un año del asesinato de Marcela, el Ministro de Derechos Humanos de la provincia,  Horacio Pietragalla, se entrevista con la jueza Suárez, quien lleva la causa. La misma jueza que nunca ha recibido a la familia, aun siendo ésta querellante en la causa. Pietragalla y las referentes de la Subsecretaría de Diversidad y Género, Roxana Rodríguez y Delfina Brizuela, en su intento de lavarle la cara al gobierno K, le pondrán el nombre de Marcela Chocobar a un salón en el Centro Cultural. Esto es una muestra más de su demagogia, porque nunca, desde estas secretarías, se han pronunciado públicamente en favor de Justicia Por Marcela. 

El travesticidio de Marcela Chocobar fue el último eslabón de una cadena de violencia que se descarga sobre las mujeres del colectivo trans en la provincia de Santa Cruz. La incansable lucha de los familiares de Marcela ha puesto a la luz la connivencia entre Estado, narcotráfico y prostitución. Las mujeres trans sufren la expulsión temprana de sus familias, de la educación y finalmente del mercado laboral y por ende de la salud. El Estado es completamente responsable de esta segregación y arroja a las mujeres a situaciones socioeconómicas que rozan la miseria. La única salida que el Estado le ofrece al colectivo trans es la prostitución y esto agrava las condiciones de vida, muchas veces terminando en manos del narcotráfico. Hemos acompañado desde el comienzo la lucha por justicia por Marcela junto a los familiares y haciendo un aporte en el carácter independiente de la organización de la comunidad LGBTI. Denunciamos que es el Estado el responsable del travesticidio de Marcela y que además impone límites y bloqueos a la causa.

Exigimos la caratulación de la causa como crimen de odio, dejando atrás la de homicidio simple, y el castigo a todos los culpables, materiales e intelectuales del travesticidio de Marcela Chocobar. 

-Justicia Por Marcela Chocobar, basta de crímenes de odio

-Inclusión laboral trans