El 13 de octubre fue encontrada sin vida en su departamento Amancay Diana Sacayan. Según las primeras pericias, su deceso habría sido causado por una puñalada y su cuerpo mostraba signos de violencia. El horrendo fin de la activista travesti conmocionó a toda la comunidad, hasta CFK tuvo que referirse al caso.

 

Diana era una referente de la lucha del colectivo trans y travesti. No estaba dispuesta a resignarse y naturalizar la realidad de violencia y muerte por la que transitaban y transitan cotidianamente las mujeres trans, esto la llevó a organizar a sus compañeras de Laferrere contra el hostigamiento policial y los asesinatos. Luchaba por algo tan elemental como el derecho a sobrevivir. Fue una de las impulsoras de la ley de identidad de género y del recientemente aprobado cupo laboral en la provincia de Buenos Aires.

 

Ni una menos

 

Con Diana suman tres los travesticidios en el último mes, de los que tenemos noticia, claro está. La mayoría de las personas trans y travestis conviven con la violencia desde temprano, arrojadas de sus hogares desde la infancia y sin posibilidades de educación, se tienen que amoldar al lugar que les asigna este sistema: la prostitución como medio de subsistencia. El grueso del colectivo trans y travesti sufre un genocidio silenciado que se evidencia en un promedio de vida de 35 años, la consecuencia de una vida en la marginalidad. El universo de la prostitución convierte a las personas trans en un sector en riesgo: las enfermedades de transmisión sexual, las inyecciones de hormonas sin asesoría médica, las cirugías e implantes clandestinos son el resultado de su expulsión del sistema sanitario, situación que la ley de identidad de género todavía no ha resuelto.

 

Como si esto fuera poco, podemos sumar los peligros que acarrea la calle, el hostigamiento policial, del que también fue víctima Diana, detenida hace pocos meses por la policía metropolitana, las golpizas, los “clientes” violentos, los proxenetas y todo un abanico de maltrato y rechazo cotidiano que grafican el nivel de vulnerabilidad social que tiene como expresión más cruda a los travesticidios.

 

Al caso de Diana se suman otros tantos resonantes como el de Marcela Chocobar en Río Gallegos y Laura Moyano en Córdoba, ambas asesinadas brutalmente, cuyos familiares y amigas que exigen justicia, denuncian la complicidad del poder político que continua garantizando la impunidad.

 

La inclusión laboral y social trans sigue estando en el tintero, no es algo que se resuelva con un cupo en el Estado o una ley antidiscriminatoria. La importante lucha de Diana encuentra sus límites, el principal es la creencia de que con reformas paulatinas, y gestión pública, este régimen social y político, que privilegia los intereses del clero por sobre el de las mujeres, que sostiene el 40% de los trabajadores en negro y que es responsable de la desnutrición en el norte, va a ser el encargado de integrar socialmente al colectivo LGBTI y, en particular al sector más marginado. Es necesario fortalecer la organización independiente del Estado y la Iglesia, contra toda opresión, violencia y muerte, para darle una salida positiva nuestros reclamos.

 ¡Por Diana! ¡Por todas! ¡Basta de travesticidios! ¡Ni una menos!

 

El 25 de noviembre organicemos una gran movilización independiente del Estado. Por un nuevo Ni una menos.